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En su discurso de esta semana ante el Congreso, el presidente Donald Trump denunció que millones de dólares del gobierno federal eran gastados en hacer “transgénero a los ratones”. En realidad, se refería a investigaciones sobre los transgénicos que se hace en estos animales para tratar el cáncer.
“Lo notable es que aparentemente ninguno de los empleados de la Casa Blanca que redactaron o revisaron el discurso del presidente sabía la diferencia entre ‘transgénero’ y ‘transgénico’”, escribió Jonathan Reiner, profesor de Medicina del Hospital de la Universidad George Washington. “Y estas son las mismas personas que quieren eliminar el Departamento de Educación”, comentó el exdiplomático estadounidense Luis Moreno sobre ese episodio.
Luego de que se filtrara la intención del republicano de firmar una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación, los comentarios como el del exembajador Moreno fueron frecuentes: que el círculo que rodea a Trump es ignorante y que, con el cierre de esta agencia, “Trump nos recuerda que ama a las personas poco educadas”, como apuntó Qasim Rashid, abogado de derechos humanos.
Es entendible que consideren esto debido a algunos datos. Entre sus funciones principales, el Departamento de Educación proporciona subvenciones federales a las escuelas y los programas para los más necesitados, como los que van dirigidos a niños con necesidades especiales. Según los datos de este departamento, los estados más beneficiados por su ayuda son los que tienen los distritos y áreas rurales más pobres, paradójicamente en sitios donde hay mucho apoyo a Trump, como en Dakota del Sur, Montana y Kentucky.
Sin embargo, hay que destacar que el Departamento de Educación no es la mayor fuente de financiamiento de las escuelas públicas, las cuales dependen en 85 % de los recursos asignados por los gobiernos estatales. De esta manera, si bien el desmantelamiento de esta agencia impactaría esencialmente a los grupos más vulnerables, las cuestiones de fondo sobre el acceso a la educación para las personas más vulnerables recaen más sobre los estados que sobre el gobierno federal. Ahí radica el mayor problema.
Eliminar el Departamento de Educación afectaría más a una población que ya resulta afectada por el sistema, pero el debate sobre esta agencia es mucho más profundo que el apuntar que Trump solo desea personas menos educadas para ejercer un mayor control en la población. ¿Por qué quiere desmantelar esta agencia relativamente pequeña?
Alex Hinton, profesor de Antropología de la Universidad Rutgers, apunta al elemento de la lucha contra el woke, como se refieren los conservadores a la consciencia sobre las injusticias en el país. Hinton recuerda que “Trump y sus partidarios creen que los liberales están arruinando la educación pública al instituir lo que ellos llaman una ‘agenda progresista radical’ que, según ellos, prioriza la política de identidad y el pensamiento colectivo políticamente correcto a expensas de la libertad de expresión de aquellos que, como muchos conservadores, tienen opiniones diferentes”.
No obstante, atacar y buscar desmantelar esta agencia porque se cree que está imponiendo una guía inapropiada sobre lo que se enseña en las escuelas del país revela una lectura profundamente errónea de Trump. Son los estados, y no el gobierno federal, los que deciden qué se enseña en las escuelas.
“La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), que se promulgó en los años finales de la administración de Barack Obama, lo dejó muy claro. No es asunto del gobierno federal involucrarse en el plan de estudios ni en la contratación de personal”, dijo Kenneth Wong, profesor de Política Educativa en la Universidad de Brown a la NPR.
Las legislaturas estatales adoptan las normas, revisan los textos y los aprueban. Los distritos escolares eligen sus libros de una lista de textos aprobada, regulan la cantidad de horas en el año escolar y los requisitos para contratar maestros. Todo esto y más se hace a escala estatal. Es por eso que se ven tantas disparidades en los resultados escolares del ámbito nacional. Por ejemplo, Massachusetts —un estado con altos estándares educativos y fuerte inversión en educación pública— tuvo algunos de los mejores puntajes en lectura y matemáticas en las pruebas NAEP (National Assessment of Educational Progress), en contraste con Misisipi, donde la financiación es mucho menor.
¿Qué hace el Departamento de Educación entonces? Bueno, exige algunos elementos básicos, como que las escuelas no estén segregadas por raza y género. También defiende los derechos de los estudiantes y brinda servicios a estudiantes con trastornos de aprendizaje y apoyo a los superdotados. Por eso, si mantener a la población ignorante y arrebatarle el control a esta agencia sobre el contenido que se dicta en las escuelas no son argumentos de peso, ya que el Departamento de Educación no tiene gran incidencia en estos asuntos, ¿a qué responde el deseo de Trump?
Muchos analistas opinan que el plan de desmantelar el sistema puede responder al recorte federal que Trump prometió en campaña (que empieza a sentar mal incluso entre los republicanos al ver sus efectos). Sin embargo, es muy valioso recuperar las advertencias de Miguel Cardona, exsecretario de Educación de Biden y exdocente, quien dijo en una entrevista de 2023 que los críticos del Departamento de Educación solo están “buscando un fantasma para crear una división y atacar la educación pública para que una opción de vales privados suene mejor”.
Desde su primer gobierno, Trump ha vuelto a poner la idea de los vales escolares en la mesa, la cual, según el Instituto Brookings, llevaba años en el “desierto político”. El objetivo general de estos vales escolares es permitir que las familias utilicen fondos del gobierno para pagar la matrícula en escuelas privadas, incluidas las escuelas religiosas.
Según Douglas N. Harris, miembro sénior del Centro Brown de Política Educativa de Brookings, este es un paso hacia la privatización de la educación. Al permitir que fondos públicos sean usados para pagar matrículas en escuelas privadas, se reduce el financiamiento directo a las escuelas públicas y se promueve un sistema donde las familias eligen entre opciones privadas y públicas.
Esto trae muchos problemas: las escuelas privadas ganan más alumnos y recursos sin estar sujetas a regulaciones públicas estrictas y como muchas escuelas privadas cobran más que el valor del vale, las familias adineradas pueden acceder a mejores opciones, mientras se reducen las opciones de quienes tienen menores ingresos.
“No es una exageración decir que los vales universales están deshaciendo dos siglos de tradición de educación pública, desde los días de la fundación de la nación hasta el presente”, explica el experto.
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