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La historia de Estados Unidos está marcada por magnicidios: el de Abraham Lincoln, ocurrido en 1865 en un teatro en Washington, y el de John Fitzgerald Kennedy, perpetrado en 1963 en Dallas (Texas). La violencia política en Estados Unidos lleva años siendo un problema, y la noche del sábado volvió a demostrarlo. Un hombre armado ingresó al hotel Hilton de la capital estadounidense, el mismo donde hace 45 años el presidente Ronald Reagan sufrió un atentado. Allí, el mandatario Donald Trump, su gabinete y varios periodistas participaban de la cena de corresponsales de la Casa Blanca cuando vivieron momentos de pánico por la irrupción de un hombre armado. El ambiente de fiesta se convirtió rápidamente en un espacio militarizado y, aun en esmoquin, el magnate salió a hablar ante un país dividido.
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“Estos atentados les suceden a las personas que más hacen”, aseguró el republicano en una rueda de prensa, en la cual recordó los asesinatos de sus predecesores: “Odio decir que me siento honrado. He estudiado otros magnicidios y siempre les pasa a las personas que mayor impacto tienen”. Pero su intervención no terminó allí. Al contrario, no solo recordó el proyecto que tiene de construir un gran salón de baile donde una vez estuvo el ala este de la Casa Blanca, y que un juez federal frenó, sino que se le escuchó hablar de la violencia política de una manera que generó varias reacciones, a pesar de que hizo un llamado a resolver las diferencias de una forma pacífica. Cuando un periodista le preguntó si ese asunto se había convertido simplemente en el precio a pagar por hacer negocios en Estados Unidos, dijo: “Es una profesión peligrosa”.
Eso despertó reflexiones en algunos círculos. De hecho, Lanhee Chen, investigador del centro de estudios Hoover Institution en Stanford, California, declaró a Meet the Press que “la violencia política parece haberse convertido en parte de la actividad política, pero no debería ser algo normal. No debería normalizarse, y eso es algo que no debemos perder de vista”. Es responsabilidad de los líderes públicos marcar una línea sobre eso y, según él, “el presidente ya lo hizo en su rueda de prensa. Me parece importante que otros sigan su ejemplo. Pero, en definitiva, no deberíamos decir: ‘Ya estamos acostumbrados. Esto es Estados Unidos. Ya ha pasado antes’”.
El país norteamericano tiene más armas y más teléfonos que personas. En medio de ello, el gobierno de Donald Trump ha sido criticado por desmantelar las inversiones en seguridad de armas y salud mental que contaban con apoyo bipartidista. Por eso, el congresista demócrata Jamie Raskin declaró ante un programa de CNN que, “antes de que volvamos a todas las divisiones políticas y a las peleas por tonterías, tal vez este podría ser un momento de unidad para intentar centrarnos en las cosas que la gran mayoría del pueblo estadounidense desea, como una verificación universal de antecedentes penales violentos”.
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Pero el panorama no es fácil, sobre todo porque, como lo dijo el exdiplomático estadounidense, Lawrence Gumbiner, los liderazgos populistas, como el del republicano, se benefician de la polarización y de la división, del discurso del enemigo. De ahí que el también consultor interpretara la declaración del presidente como un discurso con el cual quiso fortalecer una imagen centrada en sí mismo y sus proyectos. Para Alejandro Bohórquez-Keeney, docente en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, se trató, entonces, de considerarse y mostrarse como alguien fuerte, “que todo lo puede y que puede ir antes que la ley”. Fue, de acuerdo con la analista Arlene Tickner, una muestra de “su acostumbrado delirio de grandeza”.
De ahí que en su intervención mencionara el salón de baile que quiere construir en la Casa Blanca como una de sus banderas, a pesar de que un juez federal ordenó paralizar la construcción de la superficie, argumentando que el presidente parece estar empeñado en eludir una orden anterior, pues redefinió el proyecto como una mejora crítica de la seguridad nacional y como un sitio que estaría militarmente protegido. Ese alegato, según el togado, “no es un cheque en blanco para proceder con actividades que de otro modo serían ilegales”, razón por la cual Trump carece de autoridad para reconstruir unilateralmente la Casa Blanca sin la aprobación del Congreso. Ahora bien, un tribunal federal de apelaciones permitió que la construcción continuara mientras revisa esa decisión.
“El hecho de que Trump aprovechara la ocasión para volver a poner sobre la mesa el salón de baile, que, según él, prevendría situaciones como la ocurrida el sábado, solo reafirma su autopercepción como alguien cuya misma grandiosidad lo coloca por encima de la ley y de la Constitución”, agregó Tickner: “Ante el aumento de la violencia política y de las muertes relacionadas con armas de fuego, lo lógico sería que Trump se comprometiera con el fortalecimiento del control de armas. Sin embargo, en la medida en la que la violencia política está siendo incentivada en gran parte desde la misma Casa Blanca, eso es entre difícil e imposible”. El mismo presidente ha sido criticado por impulsar un discurso violento con el que ha alentado a la multitud a “darle una paliza” a los manifestantes y ha animado a sus seguidores a “luchar con uñas y dientes” tras su derrota electoral en 2020, cuando alegó fraude.
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