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Durante más de 15 años, Azul Positivo, una organización civil sin fines de lucro, había impulsado programas de salud preventiva contra la violencia de género y de asistencia humanitaria a poblaciones en situación de pobreza en Venezuela sin mayor problema. Ahora, al igual que decenas de organizaciones de la sociedad civil en ese país, sus integrantes han sido víctimas de la represión del oficialismo mientras realizan sus labores humanitarias.
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El pasado 12 de enero, una comisión de 15 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) allanó la sede de Azul Positivo en Maracaibo para realizar un supuesto procedimiento administrativo sobre las actividades que adelantan en el estado de Zulia.
Los miembros del equipo, e incluso sus directivos, fueron retenidos e interrogados durante más de seis horas sin ninguna razón. Cinco integrantes de la organización fueron detenidos y llevados a la sede del DGCIM, en donde no tuvieron acceso a sus abogados y fueron hacinados junto a otros detenidos sin medidas de bioseguridad. Diez días después tuvieron que ser trasladados a un centro médico por tener síntomas de COVID-19. Además, los oficiales decomisaron equipos de comunicación y una docena de tarjetas de los beneficiarios del programa humanitario, así como un banco de datos.
El proceso contra Azul Positivo ha sido totalmente irregular. Según explicó la abogada del equipo, Lisseth Mogollón, el DGCIM solo tenía una orden para allanar la sede, pero no había investigación en contra de estas personas. Por esta razón, no deberían haber sido detenidas. A todos se les imputó cargos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La organización Acceso a la Justicia ha señalado que no existen fundamentos para imputar estos cargos, pues solo se aplican cuando los fondos son ilícitos, pero todo el dinero que recibe Azul Positivo proviene de organismos de cooperación internacional.
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Aunque los cinco miembros de la organización pasaron a libertad condicional hace dos semanas, el proceso judicial contra ellos continúa. Pero nada de esto es una sorpresa. En Venezuela hay un patrón alarmante de persecución contra las organizaciones de la sociedad civil que se ha exacerbado desde noviembre de 2017, cuando se aprobó la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
Según Naciones Unidas, esta ley se ha usado para silenciar a los defensores de los derechos humanos y a las voces críticas con el gobierno, y vino acompañada de otra normativa, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que ordenó mayores controles a la sociedad civil, como la supervisión de las operaciones financieras de las ONG por parte de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
“Esas leyes han sido adoptadas por el chavismo, que ha cooptado las ramas del poder. Fueron también una respuesta a las protestas de 2017 y lo que buscan es minar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y limitarlas a través de mecanismos muy concretos como la persecución abriendo proceso penales, o la prohibición de que las organizaciones de la sociedad civil reciban recursos de agentes externos o actores internacionales. Con esto se busca impedir que estas organizaciones visibilicen las violaciones a los derechos humanos”, señala Lucía Ramírez, abogada especialista en derecho constitucional y coordinadora de investigaciones en temas de migración y Venezuela para Dejusticia.
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Un informe del Centro para los Defensores y la Justicia, publicado esta semana, denuncia que solo en enero de este año hubo 99 ataques contra aquellos que defienden los derechos humanos y realizan acciones humanitarias en Venezuela. Las agresiones se caracterizaron por la judicialización de personas y la detención arbitraria, el allanamiento a las sedes, las amenazas, el hostigamiento y, sobre todo, la estigmatización.
El informe destaca que los espacios de radio y televisión controlados por el oficialismo se han usado para una “política de criminalización” contra los defensores de derechos humanos. En programas como Con el Mazo Dando, que dirige Diosdado Cabello, Misión Verdad, La Iguana.TV, Correo del Orinoco y Aporrea, las organizaciones humanitarias han sido desprestigiadas y acusadas de “subvencionar a la conspiración y el crimen contra Venezuela”, y se han hecho llamados a la violencia contra estas. Sin prueba alguna, los funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y periodistas asociados a este han hecho circular la teoría de que estas organizaciones, por recibir financiamiento extranjero, son “capaces de dar golpes de Estado y dirigir crímenes contra pueblos”. Además, han tratado de ligarlos a dineros ilícitos.
“La percepción que hay es que aparecer en ese programa es lo peor que te puede pasar. Que de ahí en adelante se vendrán muchos obstáculos para poder seguir haciendo tu trabajo. El caso de Azul Positivo coincidió con la mención de otra organización, ProVea, en Con el Mazo Dando. Por eso todo el mundo está vigilante para ver qué pasa. Después de la mención en estos espacios oficiales viene la persecución. A través de las fuerzas del Estado, miembros de las ONG son atacados de distintas formas: se les abren procesos penales o investigaciones y se les hostiga por redes sociales. También son víctimas de violencia común, como robos”, destaca Hernández.
Pero la represión del aparato de Maduro no es la única barrera a la que se enfrentan las organizaciones humanitarias en Venezuela. Todas han tenido que lidiar con la escasez que se vive en el país. La falta de transporte, de alimentos y de servicios públicos que dificulta en la práctica las dinámicas de las organizaciones, porque sus trabajadores no pueden ni siquiera ir a trabajar. Hay algunas organizaciones que incluyeron dentro de su pago de salarios bonos alimenticios, se crearon redes de intercambio de medicamentos, y otras instalaron duchas en sus oficinas para que la gente pudiera asearse. Por otro lado, muchas se han visto con problemas de financiamiento, y en esto también influyen las sanciones estadounidenses sobre Venezuela; ONG que tenían sus cuentas afuera no pueden acceder a los fondos. Tampoco llevarlos al país porque se desvalorizan y alertarían al gobierno para perseguirlos.
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“Las ONG se enfrentan a encrucijadas de muchos lados y ese debilitamiento es lo que hace que se haya dado el escalamiento, pues el gobierno siente que ahora es más fácil atacarlas”, dice Hernández, quien concluye que es posible que muchas organizaciones se hayan acabado o se hayan reducido a su mínima expresión, pues no pueden seguir haciendo el trabajo que hacían hace seis años.
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