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Seis muertos —cuatro de ellos miembros de organizaciones de mineros artesanales— son hasta ahora las víctimas del duro enfrentamiento entre el presidente de Perú, Alan García, y miles de mineros del sudeste del país, quienes el domingo bloquearon la carretera Panamericana Sur, a la altura de la localidad de Chala, en la provincia de Arequipa.
La jornada de protesta, que el lunes sumaba su segundo día de bloqueos a la arteria vial suramericana, busca que el gobierno derogue dos leyes y el reciente decreto de emergencia, que busca ponerle fin a la minería informal en la zona de Madre de Dios, fronteriza con Brasil y donde se desarrolla gran parte de la extracción artesanal de oro, actividad que constituye un 20% del total de la explotación peruana.
Durante meses, la prensa del país venía dando alertas por el daño ambiental producido por esta actividad en las selvas peruanas. El negocio —que produce US$600 millones anuales y que da empleo a cerca de 300 mil mineros en todo el país— está contaminando con mercurio las fuentes hídricas de la zona, hecho que pone en riesgo la salud de los habitantes y los ecosistemas selváticos.
De ahí que el gobierno de Alan García, en febrero de este año, emitiera el decreto de urgencia 012-2010, con el objetivo de poner fin a la informalidad en la región de Madre de Dios.
Dos de las más grandes federaciones de mineros convocaron entonces a un paro general, que desde el domingo bloqueó la carretera Panamericana y chocó con el Ejército. Cuatro sindicalistas murieron en los enfrentamientos. A estos se sumaron dos ciudadanos víctimas de balas perdidas.
Ya en varias ocasiones, García ha salido en defensa de la medida, pese a que afecta la economía local de regiones como Piura, Ica, Arequipa y Tacna, donde se mueven unos US$850 millones anuales gracias a esta actividad. Su gobierno, resuelto a mantener los decretos, declaró el estado de emergencia en seis provincias por 60 días para poder controlar la revuelta minera.
“No estamos en contra de la minería (pero ésta) es una minería salvaje, informal, que no paga impuestos y establece formas de trabajo propias del esclavismo (además de) prostitución, trata de personas y hasta esclavización de niños”, dijo el presidente el domingo.
Los mineros, entre tanto, exigen una ley que formalice su labor. Según el diario El Comercio, la federación financia el paro con US$600 mil fruto de la venta de 20 kilos de oro.
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