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“Ejercer liderazgo en nuestros territorios es un riesgo de vida”. Esa fue una de las frases más contundentes en la presentación de los hallazgos del proyecto El derecho a defender los derechos humanos en América Latina y el Caribe, liderado por CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) y financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El proyecto busca visibilizar una realidad urgente y desatendida por los Estados en América Latina, donde la migración forzada se agrava al tiempo que quienes defienden los derechos de las personas migrantes, quienes las asisten, acompañan y protegen enfrentan amenazas, desplazamientos, persecución e incluso asesinatos por ejercer liderazgo en sus territorios.
Desarrollado en 10 países (Colombia, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Perú y Chile), el proyecto revela que detrás de cada ruta migratoria hay defensores y defensoras que actúan en medio de la violencia y el abandono institucional.
“Hacemos un llamado a ver qué está pasando con quienes apoyan a los grupos migrantes, un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de protección y prevención”, advirtieron los expositores durante la presentación en Bogotá. Casos como las desapariciones en México, las amenazas, la estigmatización, la falta de recursos, la criminalización, la xenofobia y la ausencia de políticas públicas con enfoque interseccional son parte de los patrones de violencia documentados en toda la región.
CODHES subraya que esta iniciativa no es solo una colaboración financiera con la Cooperación Española, sino “una palanca con propósitos comunes” para la acción conjunta en defensa de los derechos humanos.
Causas de la movilidad humana forzada: más allá de la economía
Primero hay que tener en cuenta cuáles son las posibles causas estructurales de la movilidad humana forzada en América Latina y el Caribe. No se trata solo de un fenómeno económico, sino que responde a múltiples violencias que obligan a las personas a abandonar sus hogares en busca de protección, oportunidades o dignidad.
Las causas documentadas por CODHES incluyen:
- Conflictos armados y violencia política
- Inseguridad causada por pandillas y crimen organizado
- Inestabilidad institucional y persecución estatal
- Falta de acceso a servicios básicos
- Crisis económicas sostenidas
- Fenómenos meteorológicos y geográficos extremos (huracanes, sequías, inundaciones)
- Desastres ambientales provocados o agravados por acción humana
Durante el evento reiteraron que mientras estas causas no sean abordadas de forma estructural y colectiva, “la gente va a seguir saliendo de sus países porque quieren salvar sus vidas” dijo Marco Romero Silva, director de esta organización. En este contexto, quienes ayudan a los migrantes desde organizaciones comunitarias, refugios, redes religiosas o espacios de incidencia se convierten también en blancos de agresión.
La investigación, de la cual salen los hallazgos, incluyó mapeo de actores, entrevistas en profundidad, grupos focales, talleres colaborativos y un encuentro regional en Cartagena. Desde allí, se construyeron redes de colaboración y se formularon recomendaciones políticas con base en los datos concretos y las experiencias compartidas.
Hallazgos por país
Los estudios de caso permiten observar que los riesgos y obstáculos enfrentados por los defensores de los derechos de los migrantes se repiten de forma alarmante en toda la región.
En Colombia, más del 80 % de estas personas trabajan sin remuneración, en zonas donde el Estado no llega o no protege. Aunque el país es referente en recepción de migrantes venezolanos, las personas que garantizan su acceso a salud, vivienda y regularización enfrentan amenazas, xenofobia, criminalización y una profunda precariedad económica.
En Venezuela, el contexto es aún más complejo: las ONG defensoras han sido señaladas por el gobierno de ser parte de una supuesta oposición política y muchas han sido judicializadas bajo cargos como “traición a la patria”. El financiamiento internacional se ha reducido y la estigmatización oficial ha roto los vínculos entre las comunidades y quienes intentan protegerlas.
En Brasil, aunque se destaca la Operación Acogida como modelo de respuesta para la migración venezolana, las poblaciones haitiana, africana y asiática han sido invisibilizadas. Defensores indígenas y migrantes enfrentan racismo institucional, y muchas veces se les niega el acceso a programas sociales por el simple hecho de ocupar un rol de liderazgo. También se han denunciado condiciones laborales análogas a la esclavitud en sectores agrícolas e industriales, lo que agrava la vulnerabilidad de quienes denuncian y acompañan estos casos.
En Nicaragua, la represión estatal ha forzado al exilio a la mayoría de los defensores de derechos humanos. Desde 2018, más de 260 mil personas han salido del país, y la mayoría de los activistas continúan su trabajo desde Costa Rica en condiciones de inseguridad, precariedad emocional y aislamiento y en modo de exilio de su país. “En Nicaragua no hay defensores porque están en Costa Rica”, fue una de las conclusiones, sin rodeos, durante la rueda de prensa sobre el informe este miércoles.
La urgencia en América Latina de los defensores de migrantes
Pese a las diferencias de cada contexto nacional, el patrón es común: quienes defienden los derechos de personas migrantes son criminalizados, estigmatizados, invisibilizados y, en muchos casos, asesinados.
El informe documenta desapariciones, detenciones arbitrarias, extorsiones, desplazamientos forzados y vigilancia sistemática. Muchos defensores, además, pertenecen a grupos históricamente marginados como mujeres, comunidades indígenas, población LGBTIQ+ y personas mayores, lo que aumenta su exposición al riesgo y subraya la necesidad de un enfoque interseccional.
Romero Silva recalcó que esta situación no puede enfrentarse desde una lógica estatal aislada. “No se pueden resolver las agendas de los derechos de desplazados, refugiados e inmigrantes sin una perspectiva regional”, afirmó. Por eso, el proyecto propone una mirada colectiva, basada en la cooperación entre Estados, la sociedad civil y la comunidad internacional.
“Europa no es un ejemplo”: una lección desde América Latina
Uno de los momentos más reveladores fue la intervención de Vicente Ortega Cámara, coordinador general de la Cooperación Española en Colombia. En conversación con este medio, reconoció abiertamente que ni España ni Europa pueden presentarse hoy como un modelo en materia migratoria.
“Yo creo que este aprendizaje es muy importante. España y Europa no son un ejemplo en temas migratorios. No estamos haciendo las cosas bien. Hay países latinoamericanos que lo hacen mucho mejor que nosotros”.
Para Ortega, América Latina, y especialmente Colombia, representa un referente del que Europa tiene mucho que aprender. La reacción institucional y ciudadana ante la migración venezolana, que incluyó el Estatuto Temporal de Protección, la integración en servicios sociales y la respuesta local coordinada, ha sido un ejemplo de acogida con dignidad.
“Colombia lo ha hecho tan bien que se ha convertido en un modelo. No es perfecto, pero ha demostrado que la integración desde lo local, con apoyo de la sociedad civil y voluntad institucional, es posible”, explicó.
En contraste, Europa ha respondido con lentitud y descoordinación a otras crisis migratorias recientes, dice él. Aunque Ortega reconoce que el sistema europeo fue ágil y generoso con la población ucraniana desplazada por la guerra, no ha actuado del mismo modo ante los flujos desde África o Medio Oriente.
“Me parece que se ha hecho muy bien con Ucrania, pero con el resto deberíamos ser igual de ágiles, rápidos y acogedores a los latinoamericanos”, dijo. A esto se suma el ascenso de discursos de odio y el rechazo a la migración por parte de ciertos sectores políticos europeos, especialmente en España, donde la narrativa antimigrante ha tenido eco electoral.
¿Qué hacer? Las recomendaciones a los Estados y a la Cooperación Internacional
Entre las recomendaciones más relevantes que deja el informe, se destacan las dirigidas a tres niveles de actuación: estatal, internacional y conjunto.
A los Estados se les solicita reconocer formalmente la labor de los defensores y las defensoras, garantizar su seguridad con mecanismos diferenciados, asignar recursos económicos sostenibles, detener los discursos estigmatizantes que los vinculan a actos ilegales, y asegurar su acceso a servicios de salud física y mental, protección jurídica y acompañamiento institucional.
A la cooperación internacional se le exige flexibilizar los requisitos para el financiamiento, acompañar políticamente a quienes se encuentran en riesgo o en exilio, y apoyar el fortalecimiento técnico y logístico de organizaciones lideradas por migrantes o con base comunitaria.
De forma conjunta, el informe pide fortalecer las redes regionales, impulsar campañas de visibilización pública que reconozcan el valor de estas personas como agentes de transformación social, para que se deje de tratar la movilidad humana como un problema y se empiece a abordarla como una realidad que exige justicia, derechos y protección.
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Por Alana Barguil
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