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La política peruana se ha vuelto como el triyoduro de nitrógeno, un compuesto tan inestable que la más mínima sacudida lo haría explotar. En solo 16 meses, el presidente del país, Pedro Castillo, ha enfrentado seis investigaciones penales, ha nombrado a cinco gabinetes y este miércoles enfrentará su tercer juicio político en el Congreso, institución que tiene de una impopularidad aún más grande que la del mandatario. El 73 % del país desaprueba la labor parlamentaria. El 66 % desaprueba a Castillo.
La crisis en el país es tal que la Organización de Estados Americanos (OEA) salió la semana pasada a pedir una tregua y un “diálogo institucional incluyente, abierto, franco y respetuoso” para sacar al Perú del fango. La guerra en Ucrania solo empeoró las condiciones de los peruanos que ya habían sido azotados por la pandemia. Perú tiene hoy por hoy la tasa más alta de inseguridad alimentaria en la región, según Naciones Unidas. La esfera política no está haciendo lo suyo para corregir el rumbo de la nación.
Sin embargo, hay pocas señales de que pueda gestarse esa tregua que propone la OEA. El Ejecutivo y el Legislativo simplemente no se entienden ni se toleran. “No hay espacio para eso que dice la OEA, nadie quiere conversar con un presidente como Pedro Castillo que no proyecta confianza”, dijo Augusto Álvarez Rodrich, analista político y columnista de La República.
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¿Qué fue lo que hizo Castillo y qué puede pasar este miércoles?
El Congreso decidió lanzar un tercer proceso de destitución contra Castillo por su supuesta incompetencia para gobernar, luego de haber designado ya cinco gabinetes y después de que cerca de 80 ministros ya hubieran pasado por distintas carteras. Además de esto, el Legislativo señala que el mandatario ya tiene varias investigaciones por presunta corrupción, por lo que dicen que Castillo tiene una incapacidad moral para gobernar.
“Hay nuevos indicios que apuntan contra el presidente que involucran malos manejos en la Dirección Nacional de Inteligencia, sumados a dos nombramientos muy cuestionables (uno del jefe de la DINI) y otro del Viceministro de Gobernanza Territorial”, dice el analista Gonzalo Banda.
Este juicio político pondría a Castillo más cerca de la vacancia, según Banda. La primera moción, en diciembre de 2021, ni siquiera llegó a ser debatida por el pleno del Congreso. La segunda, en marzo de este año, alcanzó 55 votos para sacar al presidente. La última moción de censura fue admitida por 73 congresistas, por lo que podría suceder que el miércoles se vean más votos para sacar a Castillo. Aun así, las cuentas no dan para los expertos. Se necesitan 87 votos para que la moción contra Castillo prospere.
“No veo posible que lleguen a los 87 votos necesarios, pues varios oficialistas han dicho que votarían en contra. Es probable que sea muy caótico mañana pero no haya vacancia finalmente”, dice Banda.
Sin embargo, la suerte de Castillo no está decidida y habrá que esperar a ver cómo vota el Congreso. En las últimas semanas, los movimientos del presidente han sugerido que baraja la posibilidad de disolver al Congreso. ¿Cómo es esto?
El primer ministro, Aníbal Torres, solicitó una cuestión de confianza al Congreso, un mecanismo que tiene el Ejecutivo para pedirle al Congreso respaldo a una política concreta. En este caso, el gobierno buscaba derogar la Ley Antireferéndum, que dice que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso. Según Torres, esto se hizo para “restablecer la participación política del pueblo”.
Pero lo que importa no es tanto la ley, sino lo que ocurre cuando el Congreso se niega a aceptar esa cuestión de confianza. Es decir, a respaldar esa ley propuesta por el Ejecutivo. Cuando el Congreso niega la confianza, el ministro que presentó la cuestión se ve obligado a renunciar. Si el que la presentó fue el primer ministro, todo el gabinete debe dimitir. Y si el Congreso llega a censurar o negar el voto de confianza a dos gabinetes en un mismo gobierno, el presidente tendrá la facultad de disolver el Congreso y podrá convocar a nuevas elecciones legislativas.
Esto, al parecer, es lo que buscaría Castillo luego de que Torres presentó la primera cuestión. Según la interpretación del Ejecutivo, el Congreso negó la confianza, por lo que Torres renunció y el gabinete se renovó. El Congreso ya se gastó su “primera bala”. Si vuelve a negarle la confianza a otro gabinete de Castillo, el presidente podría convocar a elecciones parlamentarias. Este mecanismo termina siendo una especie de sistema de defensa para el presidente ante una posible moción de censura, como la que enfrenta Castillo por tercera vez este miércoles. A través de este proceso, el expresidente Martín Vizcarra logró disolver el Congreso en septiembre de 2019.
Muchos congresistas ven en estas últimas movidas un plan del ejecutivo para cerrar el Congreso, dice Banda. Para Giovanna Peñaflor, de Imasen, una firma de investigación sociológica y política, dichas insinuaciones podrían alentar a los legisladores a cerrar filas contra Castillo el miércoles.
“Quienes le aconsejaron eso, cometieron un error terrible, no tiene legitimidad para hacer eso”, estima la analista política.
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Así que quedan tres escenarios:
Triunfa el pedido de moción de censura y destituyen a Castillo. Acá la pregunta es si Dina Boluarte, la vicepresidenta, asumiría como presidenta y completaría el mandato constitucional hasta 2026 o convocaría a elecciones generales anticipadas. “Si llega Dina al poder, eso dura cinco o seis meses, lo mejor es que convoque a elecciones”, dice a la AFP Augusto Álvarez Rodrich, analista político y columnista del diario La República.
El segundo escenario es que no se logran conseguir los votos suficientes y Castillo sobrevive a su tercer pedido de destitución. Este escenario es igual de problemático.
“Si no se logra la vacancia, el país seguirá igual, a la deriva, lo que tenemos ahora es un desastre político”, previene Álvarez.
Los pedidos de vacancia seguirán apareciendo y el pedido de tregua de cien días hecho por la OEA no será acatado por la oposición, vislumbra.
Otro escenario es que Castillo sea destituido y su vicepresidenta, Boluarte, renuncie. En este caso, el presidente del Congreso, José Williams, asumiría la presidencia interina y deberá convocar a elecciones en un plazo máximo de 6 meses.
No hay un escenario en el que el país quede bien parado. Lo ideal sería seguir la propuesta de la OEA para conservar la institucionalidad y evitar que la crisis continúe profundizándose. La alta inestabilidad impide que se traten los asuntos más urgentes del país. Sin embargo, oficialismo y oposición parecen empeñados en funcionar como el compuesto del triyoduro de nitrógeno, alimentando la vacilación y llevando a que el país explote.
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