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Hace un par de meses, Colombia fue catalogado como el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos humanos. Un estudio de Front Line Defenders así lo estableció: 146 crímenes contra líderes sociales, casi la mitad de la cifra total (alrededor de 300), se registraron en el país en 2023, seguido por los asesinatos de este tipo en México (30), Brasil (24) y Honduras (19). Si bien el dato es menor que el de 2022, cuando se reportaron 186 de estos homicidios a nivel nacional, hay preocupación por el escalamiento del conflicto armado, permeado por problemáticas como el narcotráfico, las economías ilícitas y la minería ilegal. En este contexto, Colombia acaba de ser elegido, por primera vez, miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La decisión fue catalogada por algunos como un hito, como algo histórico, en palabras de Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que dijo que, de la mano del embajador Gustavo Gallón en Ginebra, “no solo gana” el país, sino el órgano, donde se tendrá voz y voto. En medio de ello, Angelika Rettberg, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, cree que esta es una oportunidad para mostrar la Colombia posacuerdo, ocho años después de la firma de la paz con las FARC: “Tiene sentido que, a pesar de todos los problemas que aún hay en términos de violencia, el país ingrese a este Consejo y pueda, desde ahí y con autoridad, mostrar su compromiso con los derechos humanos”.
Su aporte, según la docente, es el de ofrecer una mirada compleja de lo que significa defender los derechos humanos en contextos difíciles, como el colombiano. El registro de violaciones, que tiene una larga lista aquí, es grande en comparación con otros países de la región. De hecho, un informe de InsightCrime apunta a que al menos 117.492 personas fueron asesinadas en América Latina y el Caribe el año pasado, lo que equivale a una tasa de homicidios de 20 por cada 100.000 habitantes. Según cifras dadas por el Ministerio de Defensa, en Colombia ocurrieron 13.432 de ellos, en gran medida en Putumayo y Cauca, zonas históricamente golpeadas por la guerra. “Esto, por un lado, es una tragedia humanitaria, pero, por el otro, significa que se han logrado aprendizajes significativos desde el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, que permiten que el país pueda participar en la conversación sobre cómo promover los derechos humanos y cómo visibilizar sus violaciones desde una postura anclada a una difícil realidad”, agregó Rettberg.
Así las cosas, el diálogo no ocurre en el vacío. Al contrario, parte de una experiencia dolorosa, pero aleccionadora, en términos de para qué sirven este tipo de foros, qué tipo de debates hay que promover y qué factores hay que considerar a la hora de entender por qué es importante proteger los derechos humanos y por qué es difícil progresar en ese sentido. Que Colombia esté acompañada de México y Bolivia en esta membresía es reflejo, en cierto sentido, de la madurez que Latinoamérica ha adquirido con el paso de los años, con el peso de una historia violenta sobre sus hombros. Ahora bien, Rettberg enfatizó en que es importante entender los límites que tiene el Consejo de Derechos Humanos: tiene poca incidencia real en políticas públicas. Es, apenas, una ventana de visibilización, en donde la politización “es la norma del día”. Es difícil que no lo sea, con las guerras de Ucrania y de Medio Oriente de fondo, así como la crisis migratoria en el Mediterráneo.
Si bien el Consejo, como varias instancias de la ONU, no tiene la posibilidad de distribuir zanahoria y garrote a quienes violan los derechos humanos, es un foro para mostrar situaciones de riesgo. Aun así, con estas limitaciones y partiendo de la base de que la voz sería más provechosa en otras instancias, como en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, hay al menos una coherencia con respecto a promover una postura de defensa de derechos humanos en el mundo, y Colombia, dada su condición fronteriza con el vecino, podría abrir espacios de conversación sobre la situación en Venezuela, teniendo en cuenta el complejo contexto poselectoral que está viviendo.
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