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La promesa de la guerra contra las pandillas llevó a Nayib Bukele al poder en el 2019. Tras cuatro años de gobierno marcados por polémicas medidas de seguridad, denuncias por violaciones a los derechos humanos y pobres resultados en materia económica, fue reelegido en las elecciones presidenciales. Ahora, en su segundo mandato, tendrá que responder por lo que dejó en el tintero.
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Su reelección es criticada por sus detractores como inconstitucional. En el 2014, la Corte Suprema determinó que ningún presidente podía ser electo dos veces seguidas, pero en el 2021, los nuevos magistrados nombrados por el presidente y avalados por el Legislativo (que también controla) decidieron que sí era posible que Bukele fuera reelegido.
Aún así, la población de El Salvador respaldó a Bukele. Con más de 70.000 presuntos pandilleros privados de la libertad en su megacárcel, que ha sido copiada en otros países latinoamericanos, la confianza en el presidente ha crecido. Pero los aparentes buenos resultados en seguridad no han evitado las deficiencias en temas económicos, ni las denuncias por violaciones a derechos humanos.
La economía salvadoreña, en deuda
Tatiana Marroquín, economista salvadoreña, asegura que las propuestas de Bukele no abordan “a grandes rasgos algo en lo económico”. Un grave problema, cuando la deuda en El Salvador ha crecido en los últimos cinco años: en el 2023, llegó a los US$25.000 millones. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que negocia un préstamo de US$1.300 millones con el país centroamericano, ha dicho que es la segunda más alta desde hace 20 años y que la deuda es insostenible para la población.
Mientras intenta esquivar las consecuencias de un déficit fiscal, que quizá tengan un costo político, confía en una inversión extranjera que no ha aportado de forma significativa. Bukele ha tratado de sostenerse con préstamos a organismos internacionales, pero esto solo ha agravado la situación.
Entre los ciudadanos salvadoreños, ya se escucha el disgusto por el deterioro de la vida, contrario al “periodo de prosperidad” que había prometido el mandatario. Cuatro de cada 10 salvadoreños consideran que la situación económica de sus familias ha empeorado y la mayoría todavía se desempeña en la economía informal. Miguel Juárez, un taxista de 37 años, dijo a AFP que “todo es más caro. El costo de los productos básicos ha subido”.
En el mandato de Bukele, el costo de la canasta básica de alimentos aumentó cerca del 30 %. El salario mínimo solo subió en un 20 %. Las condiciones de vida para muchos salvadoreños son críticas. Según cifras de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en el 2022, casi el 30 % de la población vivía en la pobreza.
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Añadido a esto, las medidas impulsadas por el presidente tampoco han tenido buena acogida dentro de la población. El 85 % no usó el bitcóin en el 2023, la moneda que comenzó a adquirir el Gobierno con fondos públicos para atraer inversores internacionales que ha tenido una persistente caída en su valor desde 2022. El FMI ha pedido dar marcha atrás a la decisión de convertir el bitcóin en la moneda de curso legal.
La solución que propone Bukele a una economía en deterioro: obras públicas. Una nueva Biblioteca Nacional, parques de diversión y la ampliación del puerto La Libertad. China, que financiará los proyectos, estrecha cada vez más sus lazos con el país centroamericano, cuyo mandatario se beneficiará políticamente de esta infraestructura.
“Estos proyectos le dan popularidad y publicidad al gobierno, pero no son estratégicos en términos económicos”, asegura Marroquín.
El exgobernador del Banco Central de El Salvador, Carlos Acevedo, aseveró en una entrevista con AFP que el país se enfrenta a un gran reto que podrá tener graves repercusiones sociales, especialmente en la seguridad. Con un déficit fiscal que no permite la inversión social, “el tema de las pandillas o un (fenómeno) equivalente resurgirá a medio plazo”.
Los rezagos de la lucha contra las pandillas
En el 2019, el gobierno de Bukele lanzó el Plan Control Territorial y lo ha llamado “la mejor defensa ante la agresión armada que por décadas mantuvieron los pandilleros terroristas”. Cuenta con cinco fases, ejecutadas por las fuerzas de seguridad, con las que inició un control de los territorios, prevención de la violencia, modernización de las fuerzas armadas, la recuperación de territorios y la “extracción” de los pandilleros.
“El Salvador ya no es el país más violento del mundo, con la guerra contra las pandillas se crean las condiciones para la convivencia en paz y el desarrollo económico en los diferentes rubros”, dijo el Gobierno en el 2022, cuando lanzó la fase final del plan.
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Ese mismo año, en marzo, fue implantado el Régimen de Excepción, “un mecanismo establecido en la Constitución de la República que permite luchar contra situaciones extremas o graves, esto nace con la obligación que tiene el Estado, cuando se establece a la persona humana como origen y fin de la actividad estatal”, explicó en ese momento Jorge Castro, diputado de Nuevas Ideas, el partido de Bukele. El pasado 10 de enero ocurrió la vigésima segunda prórroga de la herramienta, bajo la cual se llevaron a cabo las elecciones.
Según las autoridades salvadoreñas, en el 2023, la cifra de homicidios bajó a 154, de los cuales “el 94,8 % ya fueron resueltos y de esos solo 10 fueron cometidos por pandilleros”. Para los salvadoreños, el régimen ha traído “cifras tangibles”: bajó la tasa de homicidios y aumentó la detención de presuntos miembros de pandillas. “Sí nos ha respondido”, dijo la ciudadana salvadoreña Patricia Méndez a El Mundo. Mientras Bukele siga en el poder, aseguran sus votantes, se mantendrá la seguridad en El Salvador.
“Dicen algunos que no viven en El Salvador que los salvadoreños viven oprimidos y con miedo al Gobierno y que no quieren el régimen de excepción. Yo les digo que este es el país más seguro de todo el hemisferio occidental y no me crean a mí, que soy un político, sino al pueblo que lo dijo en las elecciones”, afirmó el mandatario en su discurso de victoria en las elecciones.
Sus proyecciones son optimistas: “Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas, pasando de ser el país más inseguro del mundo al más seguro de todo el continente americano”, “esperen a ver lo que hacemos en los próximos cinco años”.
Pero en sus cinco años de mandato, las denuncias también han crecido. Amnistía Internacional denunció en el 2023 que de las 66.000 detenciones que resultaron del régimen de excepción, la mayoría fueron arbitrarias y hubo “sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito”. Sus denuncias se suman al informe de Human Rights Watch, que llamó la atención sobre los mismos comportamientos.
De acuerdo con la organización, la “sumisión de las instituciones responsables de procurar y administrar justicia” ha contribuido a una complicidad en la violación de los derechos humanos de las personas detenidas y privadas de la libertad. Así, el régimen de excepción y las medidas en temas de seguridad “son incompatibles con una estrategia de seguridad pública eficaz, justa y duradera”.
A esto se suma que las medidas de seguridad tienen “un impacto desproporcionado en las personas que viven en la pobreza”, pues criminalizan a aquellos que “históricamente han sufrido el flagelo de las pandillas”. Se generan consecuencias como el desplazamiento forzado, la desintegración familias, la deserción escolar y un deterioro en las condiciones de vida, pues suelen capturar a las personas proveedoras dentro del hogar.
Una violencia se está sustituyendo por otra, comentó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, a CNN. “La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”.
Quedan otros cinco años para Bukele, que no piensa cambiar un enfoque que le permitió mantenerse en el poder. Para sus seguidores, país sumamente violento se convirtió en un oasis, que resguarda todos sus males en una megacárcel. En las próximas elecciones, sus deudas sociales y económicas podrán pasarle factura o, por el contrario, su régimen podrá mantenerse en el poder.
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