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El presidente Donald Trump, en ejercicio de ciertas facultades presidenciales especiales que le permiten desbloquear unilateralmente financiación federal para la construcción de un muro fronterizo, declaró el lunes una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, e incluso podría desplegar el ejército y la Guardia Nacional en la frontera.
Trump adoptó una medida similar durante su primer mandato a fin de eludir al Congreso y acceder a miles de millones de dólares que los legisladores se negaban a aprobar para construir un muro a lo largo de la frontera con México. Una vez más, le otorgó facultades al ejército para apoyar a la Patrulla Fronteriza con planificación logística, respaldo de drones y ayuda para conseguir espacio de detención.
Pero otra orden de Trump pareció tener mayor alcance: les encomendó a los militares una responsabilidad específica en la aplicación de las leyes de inmigración. Durante el primer mandato de Trump, los militares solo apoyaban a las autoridades de inmigración, pero no detenían a los inmigrantes. Ahora, Trump le ordenó al Departamento de Defensa que presentara en 30 días un plan “para sellar las fronteras y mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Estados Unidos, repeliendo toda forma de invasión, incluida la migración masiva ilegal, el tráfico de estupefacientes, el contrabando y la trata de seres humanos y otras actividades delictivas”.
Aunque todavía no está claro cuáles son sus planes exactos, la directiva para los militares podría contravenir las leyes que limitan el uso de tropas federales regulares con fines policiales nacionales.
Declarar una emergencia nacional amplía los poderes de Trump
Como hizo en su primer mandato, Trump se basó en la Ley de Emergencias Nacionales, una ley posterior a Watergate que le permite al presidente declarar una emergencia nacional y aumenta sus poderes ejecutivos. La finalidad de la ley era permitirle al gobierno federal responder rápidamente ante una crisis mediante la creación de excepciones a las normas que en situaciones normales limitan al presidente.
“El presidente tiene gran flexibilidad para determinar lo que constituye una emergencia nacional”, explicó Matthew Dallek, historiador político de la Universidad George Washington. “Si dicen que parece un pato, camina como un pato y grazna como un pato, bueno, a menos que los tribunales digan lo contrario, es un pato”.
La ley exige que el presidente le informe al Congreso en qué leyes se basa para ejercitar facultades de emergencia específicas. En 2019, Trump se basó en una ley que le permitía al poder ejecutivo utilizar fondos de construcción militar en caso de que se declarara una emergencia nacional.
El Congreso podría intervenir, aunque es muy poco probable
El Congreso no puede hacer mucho para impedir que el presidente utilice sus poderes de emergencia. Según la Ley de Emergencias Nacionales, la Cámara de Representantes y el Senado pueden aprobar una resolución conjunta que le ponga fin al estado de emergencia si consideran que el presidente está actuando de forma irresponsable o que la amenaza se ha disipado. La ley establece que si una cámara aprueba una medida de este tipo, la otra debe someterla a consideración en 18 días.
Pero los republicanos controlan ambas cámaras del Congreso, por lo que es muy poco probable que Trump se enfrente a la oposición del poder legislativo. Además, podría vetar cualquier resolución conjunta del Congreso que le pusiera fin a la emergencia nacional.
Los tribunales pueden frenar los poderes de emergencia de un presidente
Algunos jueces bloquearon temporalmente en múltiples ocasiones, y más adelante reanudaron, las facultades de Trump para destinar fondos militares a la construcción de un muro fronterizo antes de que el presidente Joe Biden entrara en funciones y le pusiera fin a la declaración de emergencia de Trump.
También hay que tener presente que la frontera ha estado especialmente tranquila en días recientes, sobre todo en comparación con las cifras de hace un año, un hecho que podría socavar la afirmación de Trump de que existe una emergencia. Pero quizá eso no importe. Es probable que el Departamento de Justicia argumente en cualquier litigio que los tribunales deben acatar la determinación del presidente.
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