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¿Qué es lo último que se sabe de la investigación?
La última noticia procesal es que los 16 militares fueron llamados a formulación de cargos con prisión preventiva y una solicitud de instrucción fiscal que dura 90 días. En esa instrucción fiscal, la idea es realizar la reconstrucción de los hechos y establecer qué fue exactamente lo que pasó desde el momento de la detención hasta el último contacto con los chicos. Ahora, tenemos un dato adicional: la confirmación de la muerte de los cuatro niños.
La Fiscalía tendrá que abrir otra investigación por ejecución extrajudicial, donde también analizará la participación de los 16 militares en la muerte de los niños.
¿Por qué se llevaron a los niños?
Primero, hay que entender que el caso no es ni aislado ni espontáneo. No es aislado porque hay una sistematicidad de casos de desaparición forzada en toda la costa, sobre todo en Esmeraldas y la provincia de Los Ríos. Tampoco es espontáneo porque no se trata solo de un error de procedimiento. Es el resultado de una directriz de operaciones militares que viene desde arriba. Esta fragilidad en el respeto a los derechos humanos forma parte de los objetivos militares desde enero de 2024, cuando el presidente decretó el conflicto armado interno.
A partir de entonces, hubo una movilización de fuerzas armadas sin control, fiscalización ni un plan a mediano plazo. Los militares detenían, golpeaban y liberaban a la gente constantemente debido a los múltiples estados de excepción y toques de queda. En esa línea, lo que ocurrió con los cuatro niños no es solo responsabilidad de los militares, sino el resultado de esta directriz que viene desde arriba. Tú no detienes a cuatro niños y haces lo que quieras con ellos sin saber que tienes un respaldo político que te avala. Es decir, eso de “se les pasó la mano” o “no supieron lo que hacían” no aplica aquí. Ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo y tenían el respaldo del Ejecutivo.
¿Qué pruebas sustentan esa acusación contra los militares?
La desaparición forzada comienza con la detención ilegal e incomunicación de una persona. No hay interpretación frente a esta figura. En este caso, las fuerzas armadas han reconocido que los detuvieron. No hay mucho que discutir. El procedimiento para detener a personas, especialmente a niños y adolescentes, exige llevarlos ante la autoridad competente, y no lo hicieron. Por lo tanto, lo que les pasó ocurrió bajo tutela del Estado, específicamente bajo tutela de los militares.
Primero, la desaparición forzada está más que configurada; por eso se formularon cargos. Segundo, sobre la muerte, la Fiscalía tendrá que abrir una investigación por ejecución extrajudicial y valorar qué tipo de participación tuvieron los 16 militares. No podría adelantar si ellos fueron quienes los incineraron, quemaron y dejaron en el río, pero hay una responsabilidad indirecta por la muerte de los niños, ya que estaban bajo su custodia.
En Colombia vivimos los falsos positivos. ¿Puede haber coincidencias con este caso?
En efecto, hay un incremento de violaciones graves a los derechos humanos contra personas que no tienen nada que ver con bandas criminales ni con el cometimiento de delitos. Entonces, sí podría haber un falso positivo. Los militares, al ver que son cuatro niños negros de un barrio popular, probablemente asumieron que eran parte de mafias. Esa es la visión de las fuerzas armadas. Ellos culpan a las víctimas de lo que les haya pasado. De hecho, eso mismo dijo el bloque de seguridad: que las fuerzas armadas no tienen nada que ver y que hablar de desaparición forzada es hacerle juego al crimen organizado.
¿Hay obstáculos en el proceso de buscar justicia?
La Fiscalía General está haciendo un excelente trabajo en la línea investigativa por desaparición forzada. De hecho, tuvimos una audiencia de formulación de cargos porque había indicios evidentes. Además, a propósito de los mecanismos de búsqueda, la Fiscalía logró obtener resultados récord en las pruebas de ADN. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. A través de un pronunciamiento del bloque de seguridad, lo primero que hicieron fue un discurso de impunidad: “Nosotros no tenemos nada que ver, y hablar de desaparición forzada es hacerle juego al crimen organizado”.
¿Qué apoyo han recibido las familias?
Han contado con respaldo en forma de plantones, incidencia en redes sociales y una serie de ayudas económicas, ya que son familias empobrecidas que han perdido sus trabajos. En nuestro caso, como Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que tiene 43 años en Guayaquil, hemos acompañado otros casos sonados. Estamos en capacidad de acompañar a estas familias.
¿Qué impacto puede tener esto en la sociedad, teniendo en cuenta que es un año electoral?
Desde el primer día, la gente sabía que la movilización de las fuerzas armadas no era para reducir la violencia. Saben que los secuestros, las extorsiones y los sicariatos continúan. La política mediática punitiva del presidente no funciona. Quizás al principio dio la impresión de que sí, pero cuando la gente vio que no afectaba al crimen organizado y, al mismo tiempo, era testigo de cómo los militares golpeaban a sus esposos, hijos y familiares dentro de prisión, creció la sensación de que esa no era la vía.
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Por Hugo Santiago Caro
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