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Los intentos del presidente Joe Biden de gestionar con eficiencia el aumento reciente de la migración tras el fin de las restricciones por la pandemia establecidas por el Título 42 han vuelto a centrar la atención en la enorme falta de jueces derivada de un prolongado descuido que ha sobrecargado al sistema judicial de inmigración con una acumulación de más de dos millones de casos.
El sistema judicial tiene rezagos de muchos años y una baja moral debido a que la fuerza laboral de 650 jueces no logra seguir el ritmo del volumen de casos de inmigración, cosa que deja en una situación incierta a los inmigrantes que han vivido durante mucho tiempo de manera ilegal en Estados Unidos.
Este cuello de botella muestra el modo en que los desafíos que implica manejar un aumento de la inmigración no terminan en la frontera sur. Aunque el análisis se ha centrado en cómo los agentes de la Patrulla Fronteriza gestionarán las aglomeraciones de migrantes, los funcionarios y los especialistas afirman que es indispensable el reforzamiento de los jueces de inmigración para poder reformar el sistema.
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Biden ha avanzado un poco (con la contratación de más de 200 jueces desde que asumió el cargo), pero sigue sin alcanzar su promesa de campaña de duplicar la cantidad de jueces de inmigración. De acuerdo con el Departamento de Justicia, durante algún tiempo, algunos de los jueces estarán trabajando los siete días de la semana mientras el gobierno gestiona el reciente incremento de migrantes.
Eliza Klein, quien dejó su cargo de jueza de inmigración en Chicago en el mes de abril, comentó que el último aumento de cruces ilegales en la frontera sobrecargará esta fuerza laboral insuficiente puesto que da prioridad a los migrantes que cruzaron en fechas recientes. Eso hará que algunos de los casos más antiguos se rezaguen todavía más tiempo, afirmó.
“Es una enorme tragedia debido a que esto genera una segunda clase de ciudadanos”, dijo Klein, quien comenzó a trabajar como jueza de inmigración en el gobierno de Clinton, acerca de los inmigrantes que han estado esperando por años a que se resuelvan sus casos. El caso más antiguo que Klein adjudicó había estado pendiente en el tribunal durante 35 años, puntualizó.
“Es vergonzoso”, aseveró Klein. “Desde mi perspectiva, creo que en este país no estamos comprometidos a tener un sistema justo”.
Aunque hordas de migrantes no dejaban de solicitar asilo en Estados Unidos tras el fin del Título 42, las autoridades estadounidenses dijeron que la frontera seguía relativamente ordenada. No obstante, el jueves cerca de 10.000 personas cruzaron la frontera, una cantidad históricamente grande, pero que el viernes disminuyó de manera considerable a aproximadamente 6200.
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Decenas de miles de migrantes continuaron esperando en campamentos provisionales a ambos lados de la frontera una oportunidad para solicitar asilo en Estados Unidos. El gobierno seguía preocupado por la aglomeración; el viernes, la Patrulla Fronteriza tenía bajo su custodia a más de 24.000 inmigrantes, muchos más de los que albergan los centros de detención de esa agencia, que son alrededor de 20.000 como máximo.
La acumulación de los casos de inmigración aumentó a más de un millón en 2019 durante el gobierno de Trump, pero, según la información recabada por la organización Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Siracusa, desde entonces ha aumentado a más de dos millones. Sin embargo, algunos jueces afirman que tienen casos que han estado pendientes durante más de una década.
Esta semana, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas aseguró que el rezago era un “gran ejemplo de un sistema de inmigración dañado”, mientras le suplicaba al Congreso que aprobara leyes de reforma migratoria.
En su solicitud de presupuesto de 2023, Biden pidió fondos para contratar a más de 200 jueces. El Congreso solo asignó fondos para 100 jueces más y así llegar a un total de 734 puestos. El gobierno sigue trabajando para llenar los puestos.
Mimi Tsankov, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, señaló que para hacer frente al rezago realmente, el gobierno de Biden tendría que hacer más que solo contratar más jueces. Afirmó que el gobierno debe aumentar los fondos para adquirir una mejor tecnología y equipos legales más grandes, y que el Congreso debe reformar las leyes migratorias del país.
“No creo que Estados Unidos haya tratado como una prioridad para su política de inmigración la adjudicación de cualquier beneficio migratorio”, señaló Cristobal Ramón, un asesor de inmigración que ha colaborado con el Instituto de Política Migratoria y el Instituto George W. Bush.
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Las restricciones en la frontera establecidas por el Título 42, decretado por el gobierno de Trump, autorizaba a los agentes fronterizos a rechazar de inmediato a los migrantes sin darles ninguna oportunidad de solicitar asilo, con el argumento de que eso evitaría la propagación del COVID-19.
Ahora que se han eliminado esas restricciones, muchos migrantes podrán volver a solicitar asilo mediante una cita a través de una aplicación o al cruzar la frontera y convencer a algún funcionario de migración que existe un temor justificado de persecución en su país. No obstante, es probable que esperen años en Estados Unidos antes de obtener alguna resolución sobre su caso.
Por lo general, después de que los migrantes cruzan la frontera, son interrogados por un funcionario de asilo para determinar si existe un temor justificado de persecución en su país. Si cumplen con los criterios, muchos son liberados en Estados Unidos y esperan años para tener audiencia en el tribunal.
Cuando era presidente, Donald Trump se burlaba del programa de asilo estadounidense y decía que los migrantes que huían de la pobreza y la corrupción formaban parte de un “engaño” y un “fraude”. A fin de reducir la inmigración legal e ilegal, Trump impuso una cuota de cumplimiento de 700 casos al año.
La asociación que representa a los jueces de inmigración del país afirmó que esa cuota era a expensas del debido proceso.
Esta asociación presentó una demanda laboral contra el Departamento de Justicia de Trump después de que la oficina ejecutiva de la agencia para la revisión migratoria les envió a los empleados del tribunal un vínculo hacia una entrada de blog de un sitio web de nacionalistas blancos. La entrada incorporaba ataques antisemitas a los jueces.
Cuando Biden tomó posesión del cargo, eliminó las cuotas a los jueces de inmigración de la era de Trump y en 2021 creó un sistema para tratar de agilizar la tramitación de los casos de asilo.
El gobierno de Biden conformó un expediente especial con cerca de 110.000 casos de llegadas recientes para resolverlos en el lapso de un año. Según la base de datos de la Universidad de Siracusa, aproximadamente el 83 por ciento de los casos fueron cerrados, pero solo el 34 por ciento de los migrantes encontraron representación. Los migrantes tienen derecho a contar con un abogado, aunque el gobierno no está obligado a pagar la representación legal. Solo a 3000 de los migrantes se les otorgó asilo.
Ahora Klein teme que sus excompañeros vuelvan a ser obligados a apurarse a revisar docenas de casos al mismo tiempo.
“Te tratan como si todo lo que haces tuviera que ver con números. Solo gestionas una cierta cantidad de cifras al día”, recalcó Klein. “Ha habido una disminución importante de la capacidad de sentir orgullo por el trabajo que se realiza”.
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