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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, interpuso este jueves una acción legal contra de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, luego de que la corte suprema de justicia lo facultó a realizarla sin referendo.
«He solicitado a la Sala Constitucional aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos porque esta sentencia es un retroceso» en esa materia, declaró Ortega a la prensa, en la escalinata de la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras entregar el documento.
La representante penal del país ha sido tildada de traidora por sectores del chavismo por haber rechazado la Asamblea Nacional Constituyente y por haber señalado que el estudiante Juan Pernalete fue asesinado con una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional. También por haber pedido respetar el derecho a la protesta y criticar el juzamiento de civiles en tribunales militares.
Otros pronunciamientos que han alejado a la fiscal del chavismo han sido su exigencia de que se respete el debido proceso, que se evite la violencia por parte de los policías y los militares contra las protestas y por haber afirmado que el orden constitucional había sido violentado cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó al Poder Legislativo de sus competencias.
Constituyente, en marcha
La inscripción de candidatos para la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro comenzó este miércoles, pese al rechazo de la oposición que exigió nuevamente en las calles la salida del mandatario mediante elecciones generales.
El registro de aspirantes finalizará este jueves, pero la oposición oficializó que no participará en un proceso que considera «fraudulento» y una trampa de Maduro para evadir cualquier elección y atornillarse en el poder.
En cambio, unos 5.000 opositores intentaron marchar hasta la cancillería, siendo bloqueados por militares y policías, tras lo cual se desataron disturbios en el este de Caracas que dejaron varias decenas de heridos, según autoridades locales.
Las manifestaciones que iniciaron el 1 de abril arrojan 60 muertos y un millar de heridos, de acuerdo con la Fiscalía, y con unos 3.000 detenidos, según la ONG Foro Penal.
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