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Francine Howard estaba trabajando como gerente comercial en una multinacional de seguros, cuando tomó la decisión de renunciar para empezar un proyecto independiente con una empresa propia. El pasado 31 de enero dejó su puesto y ese mismo día se enteró de que su cédula había sido anulada.
El documento de identificación que consideraba como su elemento primario de protección ante la persecución política que vivió por el régimen de Nicolás Maduro, dado que en Colombia denunció en reiteradas ocasiones lo que sucedía en Venezuela, aprovechando la plataforma que tenía como coordinadora de Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, lo perdió. Así, además de que no puede volver al vecino país, en Colombia se quedó sin la posibilidad de acceder a los bienes y servicios de los cuales gozaba desde hace casi ocho años. Howard dice que no está protegida bajo ninguna nacionalidad.
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Usted comenta que desde 2013 obtuvo la ciudadanía colombiana por consanguineidad, ¿por qué cree que le anularon su cédula ahora?
La Registraduría cogió más de 290.000 cédulas de colombovenezolanos, argumentando una revisión de documentos, y anuló 42.000 por fraudes en la documentación. Sin embargo, no se trata de un fraude en los documentos, sino de que se están aplicando disposiciones que anteriormente no regían. En mi caso, yo empecé el proceso en abril de 2013, entregando mi partida de nacimiento legalizada y apostillada, como la pedían en ese momento, además de la copia de la cédula colombiana de mi papá, que nació en el Cesar, la copia de la cédula de mi mamá y mi grupo sanguíneo. En la notaría me dieron un Registro Civil y con él fui a sacar mi cédula al otro día.
Desde entonces no había tenido problema, pero hoy me dicen que desde 2016 aprobaron un código para las apostillas y la mía no tiene los elementos requeridos en la nueva disposición. ¿Cómo apruebas algo en 2016 y lo aplicas a algo que no se pedía en el 2013? Ahora bien, este es mi caso, y mientras revisan cada uno de forma individual, nos están anulando la vida sin darnos la oportunidad al debido proceso, y con ello están atentando contra nuestro derecho a la salud, a la nacionalidad, a la personalidad jurídica y a la identidad.
Venezuela es un tema que se ha usado como bastión político, ¿cree que esta anulación de cédulas responde al tenso clima electoral que vive Colombia?
Ahora no lo pongo en duda porque cuando se anunció la depuración, el argumento era la revisión del sistema electoral, del padrón electoral. Ahí, claramente, hay un contexto político de por medio en el que se están eliminando más de 40.000 votos. La cuestión no es que depuren o no el padrón, es la manera cómo lo están haciendo.
La Registraduría ha afirmado que la anulación de las cédulas responde a aparentes irregularidades en la expedición de ellas, ¿qué opina de esto?
No hubo una revisión exhaustiva y no se aplicó el derecho al debido proceso, pues no se dio la posibilidad de que la evaluación se llevara a cabo con cada una de las personas. Además, hay quienes sí enviaron los documentos en el plazo solicitado e igual les cancelaron sus documentos de identificación. Así, la violación al debido proceso se ve por los dos lados: en el caso de los que nunca nos enteramos y en el de quienes atendieron al llamado, pero igual se quedaron sin sus cédulas.
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¿Cómo la afecta en su día a día la anulación de su documento de identidad? ¿Qué consecuencias está viviendo y qué problemas prevé en un futuro próximo?
En este momento estoy tratando de registrar una compañía, por razones laborales, y la Cámara de Comercio rechazó mi solicitud. Además, tengo un viaje que, si este problema no se soluciona en los próximos días, puedo perder. Si bien todavía no me han congelado las cuentas bancarias, si no me regresan mi cédula, puedo quedar sin la posibilidad de manejar mi dinero. Además, en este momento no estoy trabajando, no estoy produciendo. Ahora bien, lo más delicado es el tema de la salud. Si la EPS verifica que el número está cancelado, no te pueden atender.
¿Hay alguna estrategia que estén llevando a cabo para hacerle frente a la anulación de las cédulas?
Desde que supe que mi cédula estaba anulada, y aprovechando mi trabajo como activista por los venezolanos y colombovenezolanos, creando lazos con organizaciones y con varias personas afectadas por la medida, abrimos el correo denunciacedula@gmail.com con la idea de agrupar los casos. Hasta el momento, hemos recibido más de mil de ellos, entre los cerca de 42.000 que existen, con la intención de atender a cada uno de ellos de forma individual, pero también con la de elaborar una denuncia global. Con dicha declaración formal buscamos agotar las instancias nacionales, como la Procuraduría y la Contraloría, pero no descartamos llegar a las instancias internacionales que tratan el tema de vulneración a los derechos humanos.
Vemos que en paralelo a esta anulación de cédulas, el Gobierno nacional trabaja en la regularización de migrantes a través del Estatuto Temporal, ¿cree que hay alguna contradicción en esto?
Entiendo que la Registraduría es un poder independiente, pero lo que pedimos es que haya concordancia con la política de Estado. Por un lado, el presidente da un Estatuto de Protección Temporal a los que no cuentan con la documentación requerida y, por el otro, el registrador nos cancela la nacionalidad a nosotros. Los venezolanos migramos porque no hay garantías de vida en nuestro propio país y la xenofobia está en aumento. Es como si ser venezolano fuera un delito. Por ello, le pedimos al registrador nacional que se ponga en los zapatos de todos nosotros y al presidente Duque de que volteé a mirar a lo que está pasando con la Registraduría.
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