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El Partido Socialista y Unidas Podemos, que integran el Ejecutivo de coalición, presentaron este miércoles una enmienda a la Ley de Memoria Democrática que tramita el Parlamento español para que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y tortura sean “imprescriptibles y no amnistiables”. Este cambio en la interpretación de dicha ley abre la puerta para que los crímenes del franquismo puedan ser perseguidos en la justicia española.
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Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España (PCE), explicó que con los cambios introducidos en el proyecto, la Ley de Amnistía, aprobada durante la Transición, ya no podrá ser utilizada “como una excusa” para no perseguir judicialmente estos crímenes. Sin embargo, Santiago admitió que por el tiempo trascurrido, el efecto en la Justicia no sería igual, ya que la responsabilidad penal acaba con la muerte y muchos responsables han fallecido.
“Sin mencionar que, de acuerdo con la legislación española, la ley penal desfavorable no se puede aplicar de forma retroactiva”, explicó la periodista Marisa Cruz en una publicación del diario español El Mundo. Sin embargo, para el secretario general del PCE el verdadero valor de estos cambios es, en parte, la reparación moral que esto supondría para las víctimas y sus descendientes. Además, lo que se propone es “reinterpretar” la ley a la luz del derecho internacional que prohíbe la prescripción o amnistía de los crímenes de lesa humanidad.
Cabe aclarar que estas enmiendas no suponen anular la Ley de Amnistía de 1977, una norma pensada para liberar a los presos políticos del franquismo, “pero que después también sirvió como parapeto para frenar cualquier intento de procesar a responsables franquistas por cuestiones sucedidas antes de 1977″, se lee en una publicación de El País de España.
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Incluso, cualquier intento de cambiar la interpretación chocó con la Ley de Amnistía de 1977. Tal es el caso del juez Baltasar Garzón que en 2008 se declaró competente para abrir una causa sobre 114.266 desaparecidos, un asunto del que responsabilizó a Francisco Franco y a otros 34 cargos militares, de acuerdo con el auto de ese año. Sin embargo, dos organizaciones interpusieron más tarde una querella contra el Garzón por no aplicar la Ley de Amnistía de 1977 en la instrucción del caso.
En esa ocasión, se le acusó de prevaricato, sin embargo, el Tribunal Supremo de España lo declaró inocente en 2012; aun así, se le prohibió, en la sentencia, investigar judicialmente los crímenes de la guerra durante la dictadura de Francisco Franco.
30 enmiendas
Unidas Podemos y PSOE han registrado hasta 30 enmiendas conjuntas al proyecto de Ley de Memoria Democrática. Además de un cambio en la interpretación de dicha ley, se pactó ampliar la lista de víctimas hasta 1982, para que se incluya a las personas que fueron objeto de represalias derivadas de la dictadura. También, se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática, entre otras medidas.
Otro avance, según lo explica la periodista Pilar Araque en una publicación del diario Público de España, es que las víctimas tendrán derecho al reconocimiento y a la reparación integral por parte del Estado, “y reconocerá el derecho al resarcimiento de los bienes incautados”, explicó Araque.
Los socios de Gobierno necesitan apoyos parlamentarios para que sea aprobada esta iniciativa, como otra que pide que el Valle de los Caídos, un monumento de la dictadura cerca de Madrid, vuelva a llamarse Valle de Cuelgamuros y que sean retirados los restos de José Antonio Primo de Rivera, considerado por el régimen franquista como un mártir de la Guerra Civil española (1936-1939). Los restos del dictador Francisco Franco fueron exhumados en 2019, con la aprobación del actual Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez y el aval del Tribunal Supremo español.