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La escalada de violencia que generó las disputas territoriales entre los narcotraficantes mexicanos pusieron al Gobierno contra la pared. La certeza de que existía personal infiltrado por las mafias dentro del Estado, dio pie para que se diera inicio a la “Operación limpieza”, que en las últimas horas dio su más revelador golpe: la captura del ex zar antidrogas en el país.
Según la Procuraduría General de la República (PGR) mexicana, Noé Ramírez Mandijano, quien se desempeñó como titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el máximo órgano de lucha contra el narcotráfico en el país, recibía dinero de narcotraficantes del cartel del Pacífico “a cambio de información de investigaciones y acciones” contra esa organización.
La semana pasada, en el marco de la misma “Operación limpieza” había sido detenido Ricardo Gutiérrez Vargas, el responsable mexicano de asuntos policiales internacionales de la Agencia Federal de Investigación (AFI), y máximo jefe de la Interpol en el país.
La captura se produjo como parte de una investigación de infiltración de un cartel de las drogas en instituciones que combaten al crimen organizado. También por esos días, el ex coordinador de la Policía Federal Javier Herrera Valles fue capturado por acusaciones que “lo relacionan con la recepción de pagos para proteger actividades delictivas de integrantes de grupos de la delincuencia organizada, durante su desempeño como mando en la Policía Federal Preventiva”, según la Fiscalía mexicana.
Esta última detención de Ramírez Mandijano da cuenta de la capacidad de infiltración de las mafias mexicanas dentro de los altos cargos del gobierno de Felipe Calderón, quien ha intentado por todos los medios luchar contra el flagelo del narcotráfico, que afecta cada día con más fuerza a su país.
El antiguo zar antidrogas mexicano, que se estaba desempeñando hasta el miércoles como representante de la Procuraduría General de la República ante la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con sede en Viena (Austria), se presentó voluntariamente a declarar ante la SIEDO y al término de su comparecencia fue detenido.
En el proceso contra Ramírez pesan acusaciones de haberse reunido en dos ocasiones y junto a Miguel Colorado González y Fernando Rivera Hernández, quienes oficiaron como coordinador general técnico del organismo y director general adjunto a cargo de Inteligencia de esa coordinación, respectivamente, con enviados de los carteles de la droga, quienes les habrían pagado 450 mil dólares al mes para desviar investigaciones y avisar sobre operaciones policiales en su contra. Según explicó el fiscal general mexicano, Eduardo Medina Mora, Noé Ramírez “fue citado por un miembro del cartel del Pacífico, de quien recibió un pago de manera personal”.
Tanto en el caso de Noé Ramírez como en el de Javier Herrera Vállez, la información de sus vínculos con el narcotráfico partió de informantes que, según la prensa mexicana, serían antiguos sicarios del cartel de Sinaloa y la familia Beltrán Leyva, que juntos forman el cartel del Pacífico.
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