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En una cancha de fútbol polvorienta de Tegucigalpa comenzó oficialmente el estado de excepción de Honduras. Más de 600 uniformados de la fuerza pública recibieron instrucciones claras de su superior Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, de “ser implacables contra el crimen organizado”.
El decreto, firmado y publicado en el diario oficial La Gaceta, ratificaba la serie de medidas que iban desde autorizar allanamientos sin orden judicial hasta suspender temporalmente artículos y derechos de la Constitución durante un mes. Del 6 de diciembre hasta el 6 de enero, los cuerpos policiales podrán allanar, requisar, detener e incluso apresar a cualquier ciudadano del que sospechen.
El aumento y la persistencia de secuestros, homicidios, extorsiones y hechos de sicariato motivaron a Xiomara Castro, primera mujer presidenta de Honduras, a acoger el Plan Nacional contra la Extorsión. Una medida catalogada de mano dura que, a pesar de gozar de popularidad en la región, conlleva riesgos para los derechos humanos y evidencia la imposibilidad de tratar la delincuencia por una vía distinta a la de las armas y la represión.
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Un mes para solucionar problemas de años
La criminalidad en Honduras es un problema de larga data. Durante más de tres años fue considerado “el país más violento del mundo”, según documentó en su época el informe de Índice Global de Crimen Organizado (2015). Incluso hoy sus números en seguridad están fuera de todo promedio. Por ejemplo, la tasa de homicidios en el país centroamericano es de 40 por cada 100.000 habitantes; esto es cuatro veces más que la cifra a escala mundial.
Las extorsiones, por su lado, están afectando al gremio de transportadores de Honduras. Se ha llegado a hablar incluso de que las pandillas y los grupos organizados recaudan más de US$10 millones mensuales y durante un mes llegan a recibir hasta siete pagos, producto del terror que infunden. Las autoridades han detectado que en ocasiones se exige que las “vacunas” e “impuestos de guerra” se paguen a través de Tigomoney, plataforma similar a Nequi.
A todo esto hay que sumar la presencia, desde hace más de 30 años, de las maras y pandillas en los territorios más vulnerables del país. Tal como describió un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), aquellas se caracterizaron por ser grupos pequeños en los años 90, pero ahora son la causa de un gran bastión de problemas, y se alimentan de la pobreza y el olvido gubernamental para sobrevivir.
Para Kevin Casas, exvicepresidente de Costa Rica y secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), “la situación de Honduras es muy compleja […]. De alguna manera, no ha logrado sanar las heridas que dejó el golpe (de Estado) del 2009″.Casas, quien se encarga de monitorear la salud de las democracias, considera que aparte de enfrentarse a problemas críticos de ambiente y equidad, el país centroamericano está viendo un recrudecimiento de la seguridad.
“Ahora tiene que contender con un fenómeno que ha llevado a la imposición de medidas de suspensión de derechos […]. Eso es problemático y sintomático de la tentación de enfrentar el problema de la violencia delincuencial simplemente echando mano a recursos represivos, cuando el problema requiere mucho más que la mano dura”, opina Casas.
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Tal es la situación de aumento de criminalidad en Honduras, que, 11 días antes de decretar el estado de excepción, el Ejecutivo había decretado estado de emergencia en seguridad en el territorio nacional.
Un decreto, seis derechos suspendidos
¿Qué significa entonces este decreto para la vida de los hondureños? Hay que decir que este es un decreto ejecutivo; es decir, fue una decisión presidencial que no pasó por debates ni votación en el Congreso de Honduras. A pesar de que el estado de excepción tenga una duración de un mes, Xiomara Castro tendrá la potestad de prolongar este tiempo, como ha hecho ocho veces Nayib Bukele en El Salvador.
El Decreto PCM 20-2022, como se conoció oficialmente, informa que debido a “la grave perturbación de la paz y seguridad que prevalece […], ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas […], se resuelve suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República”.
Entre las decisiones que se toman en el decreto, se detalla que el Estado controlará la venta de números telefónicos y bloqueará la totalidad del espectro electromagnético en centros penitenciarios.
En el cuerpo del decreto también se informa que se suspenderán seis derechos constitucionales, entre los cuales se limitará o prohibirá circular libremente, la libertad de asociación, el derecho de pagar fianzas, permitir que haya arrestos y allanamientos sin orden judicial, y dejar de lado el derecho que prohíbe que haya arrestos sin motivos delictivos.
Finalmente, les da facultades extraordinarias a la Policía y a la Policía Militar para que tengan albedrío de “detener a las personas que determinen y consideren responsables de asociarse, ejecutar o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes”, dice el documento.
El decreto, que estará vigente para sectores de Tegucigalpa y San Pedro Sula, tendrá incidencia en 162 barrios. Esto quiere decir que alrededor de dos millones de personas que habitan las ciudades más grandes de Honduras tendrán restricciones de movilidad, reunión e incluso pueden ser detenidas o sus domicilios pueden ser allanados.
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Dados los resultados que ha tenido el decreto, el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, no descartó que el período de las medidas se extienda. “El estado de excepción ya deja resultados muy positivos y devuelve la confianza a la población, por lo que se analiza la extensión de la medida a más lugares”, señaló el diario digital Hondudiario.
Preocupación internacional
Algunos organismos internacionales han seguido de cerca las medidas decretadas por Castro. La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) calificó que “el estado de excepción en Honduras pone en riesgo los derechos humanos”.
En un comunicado web, la entidad mostró preocupación al observar que “limitar derechos constitucionales […] supone un riesgo enorme a que ocurran violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, y se cometan abusos de autoridad”.
Asimismo, Ana María Méndez-Dardón, directora de Centroamérica en WOLA, manifestó: “Preocupa que la Policía Militar tenga un rol en estas medidas, ya que la seguridad ciudadana debe estar en manos de una policía civil y debe ser independiente de las políticas de defensa para que sea eficaz en la prevención y protección de civiles”.
Parte de esta preocupación se da al observar que dos países vecinos, Guatemala y El Salvador, han seguido estas políticas durante largo tiempo. Como saldo ha habido denuncias de asesinato, desaparición forzada, encarcelamientos injustificados e impunidad, según documentaron Infobae y el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de El Salvador.
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También los periodistas de la región han hecho conocer sus críticas. Avispa Midia, colectivo de investigación en Centroamérica, recopiló las opiniones de varios grupos y colectivos en el país. En su publicación “Honduras sigue los pasos de El Salvador y declara estado de emergencia” recuerda que la Fuerza Pública, que hoy tiene 20.000 efectivos en los barrios de Honduras, es la misma estructura militar (especialmente el Batallón n.° 15) relacionada con el asesinato de Berta Cáceres, activista y feminista del país.
Posturas contradictorias
Si bien queda en evidencia que el gobierno de Castro busca retomar el control territorial de Tegucigalpa y San Pedro Sula por la vía policiva, hay que recordar que una de sus promesas de campaña fue completamente contraria.
Castro, quien en campaña prometió dejar atrás la política de su antecesor, Juan Orlando Hernández, de “un soldado en cada esquina” para combatir las pandillas, hoy repite la misma fórmula. Las explicaciones de Castro y Gustavo Sánchez, que dan a entender que habrá 20.000 policías y oficiales de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), son una muestra de ello.
Castro y su gabinete político han buscado alejarse de lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador. Así lo demostró una entrevista del medio digital El Faro con Ramón Sabillón, donde este explicó que la decisión de Honduras dista del modelo salvadoreño, pues “cada país tiene sus propias realidades y toma sus decisiones”. Pero el medio de comunicación expuso que el presidente del Congreso hondureño se reunió con el vicepresidente de El Salvador y que la viceministra de Seguridad afirmó que “se puede aprender algo del modelo salvadoreño”.
Sin embargo, por más semejanzas que puedan tener los escenarios de El Salvador y Honduras, Miguel Gomis, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Javeriana, aclara los contrastes y el riesgo de catalogarlos como situaciones idénticas. El politólogo experto en asuntos centroamericanos explica que hay muchas aristas que diferencian ambos países.
“La mano dura que se está proponiendo en El Salvador es muy distinta a la de Honduras. Este último es un país mucho más grande, tiene menor tasa de policías, que implica que no se puede tener ese control territorial que hay en El Salvador. También los instrumentos jurídicos que están usando los países son distintos. Aunque en realidad en los hechos las consecuencias pueden ser muy parecidas”, explica Gomis.
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También es importante tener en cuenta los resultados de esta medida. Gomis, quien analizó la situación centroamericana en uno de sus últimos libros, concluye que “es muy difícil que tengan los mismos resultados (El Salvador y Honduras). Lo que propone Castro es menos ambicioso, los orígenes son diferentes, son trayectorias históricas distintas. Es más bien cómo se implementa y cómo se refleja en las ramas del poder”.
¿Sirve realmente?
La oleada de criminalidad en Latinoamérica y el Caribe ha sido incluso considerada una epidemia, de acuerdo con la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Esto ha llevado a que Honduras sea solo uno de los tantos gobiernos, de izquierda o derecha, en tomar esta medida. Su resultado: discutible.
Insight Crime, organización dedicada a estudios de crimen, ha ofrecido en varias ocasiones investigaciones sobre el resultado de estas políticas. En 2013, la institución expuso que “las medidas duras y represivas tomadas contra las pandillas […] han servido para agravar la violencia”. “Encarcelar a miles de pandilleros es una medida que tiende a afianzar la cultura de las pandillas y a fortalecer los grupos en lugar de erradicarlos”, expuso la institución.
Por otra parte, Anna Alvaziz, directora de investigación de Small Arms Survey, le contó a la agencia EFE que el hecho de atacar a las pandillas no brinda ninguna solución. Incluso opina que se debe atacar primero el flagelo del narcotráfico y la pobreza multidimensional, ya que “el narcotráfico determina el nivel de violencia”.
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Por Tomás Tarazona Ramírez
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