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Hay muchas razones legítimas por las que un documento judicial que se libera al público en Estados Unidos puede contener decenas de partes tachadas o censuradas parcialmente. En estos documentos suele haber información sensible, como números de seguridad social y detalles de la identidad de una persona que la podrían poner en riesgo a ella o a una investigación en curso.
La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada en noviembre por el Congreso para exigir la publicación en un formato consultable y descargable todos los archivos relacionados con el procesamiento del fallecido delincuente sexual infantil Jeffrey Epstein, autorizó cinco categorías sobre las que se podía aplicar censura a estos documentos.
En primer lugar, la censura aplicaba si había información personal identificable de las víctimas o representaciones de abuso sexual infantil. También si había información que pusiera en peligro una investigación federal en curso, la representación de muerte, lesiones físicas o abuso. En último lugar, estaba una muy conocida por el público: información clasificada relacionada con la seguridad nacional o la política exterior.
La pregunta que se hace el público general hoy es si los documentos liberados el fin de semana por el Departamento de Justicia (DOJ) cumplieron con las condiciones de la ley o si hubo un exceso, quizá calculado, sobre lo que se tachó. Un documento de 119 páginas, por ejemplo, está compuesto solo de grandes rectángulos negros: no se puede ver ni una letra. Según el representante demócrata Ro Khanna, quien coescribió la ley con el representante republicano Thomas Massie, no se cumplió. “El volcado de documentos del Departamento de Justicia de esta tarde no cumple con la Ley de Transparencia de Epstein de Thomas Massie y mía”, dijo Khanna en un video publicado en redes sociales.
Pero que las páginas estén tachadas no es el problema mayor: son las inconsistencias. Según el abogado Aaron Parnas, una sobreviviente de Epstein bajo el pseudónimo “Jane Doe”, que lo denunció ante el FBI en 2009, envió el domingo una carta al DOJ con una queja, pues su nombre real no fue tachado en múltiples archivos publicados. Es decir, no hubo un trabajo cuidadoso de censura en su caso. Por otro lado, ocurrieron dos hechos llamativos con documentos relacionados con el presidente Donald Trump.
Por un lado, el nombre de Trump apareció tachado en un documento liberado el viernes por el DOJ, pero resulta ser un archivo que ya había sido liberado en 2024 y en el que no aparecía entonces rectángulos negros sobre el nombre de Trump. Esta diferencia es significativa para la credibilidad del DOJ, pues en julio el senador Richard Durbin dijo que el personal del FBI recibió instrucciones de “marcar” todas las menciones a Trump en los documentos relacionados con el caso Epstein.
Esto reforzaría la denuncia de que el Gobierno estaba trabajando activamente para ocultar los nexos del presidente con Epstein. Según The New York Times, la fiscal general, Pam Bondi —quien fue acusada de desacato por el representante Khanna— “ordenó al personal (más de 1.000 empleados) de la oficina trabajar turnos de 24 horas en un esfuerzo por procesar más de 100.000 páginas de los archivos de Epstein para el público”.
Además de esto, unos 15 archivos publicados el viernes, en los que había una foto de Trump (en el archivo 468) y su esposa, Melania, con Epstein, desaparecieron del archivo publicado por el DOJ el sábado, despertando aún más sospechas de falta de transparencia. El fiscal general adjunto Todd Blanche —quien, cabe destacar, ha trabajado como abogado de Trump— afirmó que el retiro de estos archivos se produjo después de que grupos de defensa de víctimas alertaran sobre la publicación de imágenes sin las redacciones (tachones) adecuadas.
Considerando el caso citado por Parnas de la sobreviviente, esto pudo haber ocurrido. Sin embargo, el propio Blanche parece contradecirse en sus declaraciones. Cuando le preguntaron en la cadena NBC si estaba asegurando que una o más de las mujeres en una de esas fotos (las que se despublicaron) “son víctimas o sobrevivientes de Jeffrey Epstein”, el funcionario contestó que “no”, lo que despierta más preguntas sobre por qué estos archivos en específico fueron despublicados. En la mayoría de las fotos de archivo en las que aparece el expresidente Bill Clinton también aparecen mujeres, pero no fueron eliminadas del sistema.
Mientras el DOJ enfrenta cada vez más presiones por el manejo de la investigación y los archivos, usuarios de internet se han puesto en la tarea de construir herramientas que facilitan la consulta de los archivos, como la que hizo Pat Dennis, presidente del American Bridge, supercomité de recaudación de la oposición. Con su idea, se pueden consultar todos los archivos que correspondan a un rostro.
Pero, pese a todo el activismo digital que se ha visto, lo que deja esta primera liberación de archivos no es tanto nuevas certezas, sino un conjunto de preguntas sin resolver y una mirada desoladora sobre el Gobierno, más allá de las denuncias actuales sobre transparencia.
Según la revista Time, los documentos confirman que el Estado recibió alertas tempranas, como la denuncia de Maria Farmer en 1996, y, aun así, no actuó con la urgencia que habría podido evitar años de abusos. No se explica por qué esas advertencias fueron ignoradas, quién tomó esas decisiones, ni por qué algunas conexiones señaladas por las propias víctimas siguen ausentes o cubiertas por bloques negros.
Para muchas sobrevivientes, la frustración no proviene solo de lo que se censura, sino de lo que el Estado todavía no ha respondido: cómo falló el sistema durante décadas y si esta vez el Congreso servirá para algo más que exhibir, una vez más, sus propias omisiones.
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