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La familia del menor de edad de origen hispano y con discapacidad que habría sido asesinado por cuatro policías de Pocatello (Idaho) cuando respondían a un llamado de emergencia demandará a la ciudad por homicidio culposo y violación de derechos civiles, informaron este jueves sus abogados.
El prestigioso bufete de abogados Burris Nisenbaum Curry & Lacy (BNCL), con sede en California, asumió el caso de la muerte de Víctor Pérez, de 17 años y con raíces puertorriqueñas.
El adolescente fue baleado por la Policía el sábado 5 de abril cuando recibió nueve disparos por parte de agentes de Pocatello (Idaho), una ciudad ubicada en el sur del estado donde los hispanos apenas representan el 9,2 % de la población.
Según la Policía, los agentes respondieron a un reporte de emergencia de un vecino sobre una persona supuestamente ebria que sostenía un cuchillo y que podría hacerse daño asimismo o alguien más.
Un video tomado por un testigo mostró cómo dos patrullas arribaron a la casa y aproximadamente quince segundos después cuatro policías le dispararon al joven, que intentó acercarse a ellos.
En las imágenes se ve a los agentes alienados disparando al mismo tiempo hacia el joven que se encontraba tras una reja de metal que separaba la vivienda de la acera.
El abogado Ben Nisenbaum dijo en un comunicado que los oficiales tenían “alternativas obvias” en vez de disparar contra el joven pocos segundos después de llegar.
“Es imposible que realmente creyeran que Víctor pudiera apuñalarlos desde detrás de la reja. Si los oficiales realmente lo hubieran pensado, se habrían apartado de la valla cuando Víctor comenzó a acercarse a ellos”, ahondó el abogado.
El jurista también apuntó que los movimientos del adolescente eran los de una persona con discapacidad física y del desarrollo, “no los de un superhombre que saltaría la valla hacia ellos”.
La familia explicó que el joven había agarrado el cuchillo cuando preparaban una parrillada.
Los abogados también argumentan que la mamá y la hermana del joven estaban en la línea de fuego cuando los agentes dispararon.
“La familia quería que la Policía ayudara a su hijo, no que lo matara”, dijo John Burris, abogado con más de 40 años de experiencia representando a víctimas de abuso policial, entre los que se incluye el caso de Rodney King.
Los cuatro policías fueron puestos en trabajo administrativo mientras se desarrolla la investigación.
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