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La Ley Habilitante aprobada en Venezuela el pasado 17 de diciembre pasado no cesa de causar controversia. El hecho de que la norma, que entrega la facultad al presidente, Hugo Chávez, para gobernar por medio de decretos-leyes durante 18 meses, haya sido avalada por una Asamblea Nacional, con mayoría absoluta del chavismo, a escasos días de terminar su legislatura, esta semana fue tildada de “antidemocrática” por el secretario de Estado adjunto de EE.UU. para Latinoamérica, Arturo Valenzuela.
Esta vez, quien repudió la ley, fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza. Los diputados de la oposición venezolana, electos en septiembre del año pasado y que asumieron sus curules el miércoles pasado, ya habían enviado una carta de protesta a Insulza, argumentando que la ley constituía “un golpe de Estado desde el propio Estado” porque desconocía a la mayoría de votantes que les dieron el apoyo para llegar a la Asamblea Nacional.
Insulza reveló sus opiniones en una entrevista concedida en Washington ante varias agencias de noticias: “¿Qué sentido tiene que la gente elija un Congreso —que fue concurrido y que todo el mundo validó— para que inmediatamente después se diga que ese Congreso que acabaron de elegir en realidad no va a tener mucho qué decir porque el presidente va a gobernar por decreto durante 18 meses? (…) No me parece que uno se pueda quedar callado ante una cosa así”. El titular de la OEA también afirmó que la Ley Habilitante no está ni dentro del espíritu ni en la letra de la Carta Democrática que firmaron los 35 países que conforman el organismo, incluido Venezuela.
Este era justamente el reclamo que hacían los 67 diputados de la oposición que a pesar de ser minoría frente a los oficialistas (98), les arrebataron la mayoría absoluta y obtuvieron el 52% del total de los votos de las elecciones. “Es decepcionante que mientras los venezolanos estamos viviendo una situación de esta gravedad no haya una reacción firme por parte de los demás países de América Latina”, afirmó la diputada por el estado de Miranda, María Corina Machado.
Insulza, quien no descartó que como secretario general convoque próximamente a un consejo permanente en el que los embajadores de cada país miembro discutan el tema, dijo que la solución era simple: “Que el nuevo Congreso pueda discutir a fondo el tema de la Ley Habilitante y pueda pronunciarse sobre ella”.
Del lado del oficialismo hasta ahora la justificación ha sido reiterada: la Ley Habilitante que se aprobó en Venezuela tiene como único objetivo hacer frente a la emergencia desatada por el invierno de fin de año que dejó a miles de familias afectadas.
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