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Hace apenas siete meses, en junio de 2023, Martine Moïse, viuda del presidente Jovenel Moïse, asesinado en Puerto Príncipe, Haití, en la madrugada del 7 de julio de 2021, presentó una denuncia en Florida contra los acusados por el magnicidio de su esposo. La demanda, según un informe, habla de daños y perjuicios no especificados para la familia y de un juicio con jurado, con el objetivo de responsabilizar a los acusados por la muerte del mandatario.
La querella, interpuesta ante un tribunal de Miami, acusa a algunos de los sospechosos de provocar la muerte del presidente y de lesiones graves a su esposa, alcanzada por múltiples balazos. También menciona otros once cargos, entre ellos agresión, conspiración civil e imposición intencionada de angustia emocional, afirmando que “los acusados participaron en una conducta extrema e indignante al conspirar para torturar y asesinar al presidente”.
Sin embargo, esta semana se supo que el juez Walter Wesser Voltaire, el quinto en tener a cargo la investigación del magnicidio, emitió una orden de detención contra la ex primera dama. Lo hizo en octubre pasado, pero se dio a conocer hasta hace pocas horas.
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Ella no se ha pronunciado al respecto, o al menos no lo ha hecho hasta ahora, pero en su cuenta de X, antes Twitter, publicó hace poco, en los primeros días de enero, algo sobre el caso de su marido: “Haití se pone de pie para que se pueda reparar la injusticia social cometida contra el pueblo. Unámonos como un solo cuerpo para apoyar esta justa causa, cuyo resultado consiste en liberarnos de este dolor atroz e insoportable, impuesto por estos asesinos”, y lo acompañó con las etiquetas de Tribunal Penal Internacional y de justicia para Jovenel Moïse.
El 7 de noviembre de 2023 también escribió en la misma red social algo al respecto: “Mentir a diario, asesinar el carácter de las personas: estas son las maniobras priorizadas por quienes están indexados en la ejecución sumaria del presidente Jovenel Moïse. La batalla para llevarle justicia continúa. No podrán derrotarnos a todos”.
La viuda, que desde que ocurrió el magnicidio ha abogado por la creación de un tribunal internacional que investigue lo sucedido, está acusada de robo a mano armada, intento de asesinato y conspiración para atentar contra su esposo, según algunas publicaciones hechas por la prensa local.
Este giro en el caso se publicó a los pocos días del fin de la investigación, con lo que se está a la espera de conocer la sentencia del juez Voltaire, que podría ocurrir entre finales de febrero y marzo.
Por ahora, tres personas han sido condenadas a cadena perpetua en Estados Unidos: el exsenador haitiano Joseph Joel John, el haitiano-chileno Rodolphe Jaar y el exmilitar colombiano Alejandro Rivera García. Además, Mario Antonio Palacios, exmilitar colombiano de 45 años, se declaró culpable en diciembre de conspirar con otras personas para llevar a cabo el homicidio, luego de firmar un acuerdo con la Fiscalía, con la que se comprometió a colaborar, y tras negar durante meses su culpabilidad. Él, que según las autoridades tuvo un papel menor en la conspiración y carecía de autoridad para tomar decisiones entre el grupo de mercenarios, compuesto por 26 colombianos y haitianos, conocerá su sentencia en un mes.
Ahora bien, los avances del caso dentro de Haití no han sido muy claros: si bien la Policía arrestó al exfuncionario de justicia Joseph Felix Badio, tras ser catalogado como la persona que ordenó el magnicidio y, por ende, considerado como el principal sospechoso del crimen, el juez Voltaire es el quinto magistrado que se ocupa del caso: los cuatro anteriores fueron destituidos o renunciaron por razones personales.
De hecho, Human Rights Watch documentó que cuatro funcionarios judiciales que llevaron a cabo la investigación inicial fueron amenazados, además de que tres jueces de instrucción renunciaron a su cargo, alegando motivos personales, relacionados con problemas de seguridad. Uno de ellos estaba acusado de corrupción.
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A esto se suma el hecho de que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, luego de que la Fiscalía de Puerto Príncipe lo llamara en septiembre de 2021 como parte de la investigación sobre el asesinato del exmandatario, destituyó al fiscal general de la época, Bed-Ford Claude, horas después de su citación. El exfuncionario había declarado al juez encargado del caso que había suficientes pruebas que comprometían al actual primer ministro para procesar y pedir su acusación.
Por otro lado, pocos días después del crimen, las autoridades haitianas detuvieron a Christian Emmanuel Sanon, médico que residía en Estados Unidos desde hace dos décadas y que fue acusado de conspirar para convertirse en presidente. La Policía dictaminó que llegó en junio de 2021 a Haití en un avión privado, un mes antes del asesinato, y que se puso en contacto con una empresa de seguridad privada para reclutar a quienes cometieron el crimen.
De hecho, Estados Unidos arrestó en febrero de 2023 a un ciudadano colombiano y a dos residentes permanentes legales que vivían en el sur de Florida, así como a un ciudadano estadounidense que residía en Tampa, por “su supuesta participación en el complot para destituir a la fuerza al presidente Moïse”: Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y Frederick Bergmann.
Intriago figura como propietario de CTU Security, la misma organización que contactó Sanon y que habría contratado a exsoldados colombianos para llevar a cabo el homicidio. Por eso fue acusado de conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos, entre otros cargos más, junto con Ortiz, representante de la empresa. Veintemilla fue acusado de financiar la operación y Bergmann de conspiración para cometer violaciones de exportación y contrabandear 20 chalecos balísticos.
En medio de esto, Haití se hunde cada vez más en una crisis humanitaria y de seguridad. Se estima que las pandillas controlan el 80 % de Puerto Príncipe, la capital. Según la ONU, sus tentáculos se extienden aún más a zonas rurales que antes se consideraban seguras: “matan, violan, secuestran y destruyen propiedades”, recalcó el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Dennis Francis, quien visitó el país el 20 y el 21 de noviembre pasados.
Haití es uno de los nueve países del mundo que enfrentan el riesgo de hambruna: hay 4,35 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria, una de las peores tasas del mundo. A esto se suma que los hospitales y los trabajadores de la salud son ahora blanco de la violencia.
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