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Para muchos la decisión de liberar a la líder opositora peruana Keiko Fujimori era previsible. Los cuatro votos a favor y los tres en contra del Tribunal Constitucional (TC) de Perú, para declarar fundado el hábeas corpus que interpuso la política, quien está detenida en el marco de la investigación en su contra por el caso de Odebrecht, tenían como antesala los casos del expresidente peruano Ollanta Humala y el de su esposa, Nadine Heredia, en los que se aplicaron criterios establecidos acerca de la prisión preventiva que no se habían considerado en el de Keiko.
Así lo aseguró a El Comercio Víctor García Toma, expresidente del TC: “Cuando se habla de riesgo de fuga u obstrucción a la justicia se requiere una prueba objetiva fuerte, y eso no se daba en el caso de la señora Fujimori”. Ahora, en una región convulsa y llena de intensas protestas, falta esperar las repercusiones sociales de la decisión.
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El presidente del TC, Ernesto Blume, anunció que la medida se tomó “por afectación del derecho a la libertad personal de la acusada”. La polémica fue inmediata, en parte porque con esto el organismo declaró nulas tres decisiones judiciales anteriores que habían ratificado la prisión preventiva ordenada contra Keiko. Tanto así, que el juez agregó: “Se trata de un caso relevante que viene concitando la atención de toda la colectividad peruana y extranjera, pero se tomó tras un debate amplio, con altura, sereno y sin restricciones».
“Es una decisión lamentable. Como Fiscalía considerábamos que existía un peligro procesal que fundamentaba la prisión preventiva contra Fujimori”, dice José Domingo Pérez, fiscal y jefe del Equipo Especial Lava Jato a El Espectador. Pérez fue quien tomó la decisión de enviarla a la cárcel en noviembre del año pasado.
Ahora bien, la pesadilla no se ha acabado para Keiko, pues todavía cursan causas abiertas en su contra que podrían tener sentencias a corto o mediano plazo. Blume, de hecho, aclaró que el TC no se pronunció sobre el fondo de la acusación contra Keiko, pues un fallo de absolución o condena deberá ser dictado más adelante por otras instancias judiciales.
A pesar de que quedan algunas formalidades para que se libere a la líder opositora, cosa que podría ocurrir mañana, el anuncio conmocionó a sus simpatizantes y los reunió de inmediato a las afueras de la cárcel en la que se encuentra, en una escena que recordó a la que se vivió en Brasil con la liberación del expresidente de ese país Luiz Inácio Lula da Silva. “Se ha hecho justicia, una justicia divina. Dios es grande. Quiero que salga mi esposa de la cárcel y juntos irnos a casa con mis hijas”, dijo su marido, el estadounidense Mark Vito Villanella, quien cumplía afuera del penal desde hace 13 días de huelga de hambre para presionar por la liberación de su mujer.
La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de liberar a Keiko Fujimori es inapelable, pero no tiene ningún efecto en la investigación que el Equipo Especial Lava Jato sigue contra ella. Lo único que implica esta resolución es que el máximo órgano constitucional consideró que la prisión preventiva no se justificaba.}
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Y es que la figura de la prisión preventiva en Perú es de amores y odios. Mientras que la gran mayoría de la ciudadanía la apoya (71 % según una encuesta del diario El Comercio), algunos sectores de la política peruana, como el fujimorismo y el aprismo consideran que su uso es excesivo y es consecuencia de una politización de la justicia.
“Hay un uso excesivo y en algunos casos hasta abusivo de esta figura. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha emitido dos informes muy importantes: uno del año 2013 y otro del año 2017”, dijo en su momento Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional de Perú.
Sin embargo, el fiscal José Domingo Pérez, líder del Equipo Especial Lava Jato, considera que la figura está siendo bien aplicada en Perú. También niega que la justicia en ese país se haya politizado, como afirman sus detractores políticos.
“Es una medida que está establecida en la ley y que se aplica de manera excepcional cuando la Fiscalía demuestra que hay circunstancias graves que la ameritan”, explica José Domingo Pérez a este diario.
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Según Pérez, en el caso de Fujimori la Fiscalía “tenía conocimiento de que había recibido fondos de Odebrecht y que interfirió en el desarrollo de la investigación tratando de obstruirla al interferir con la libre declaración de los testigos y los colaboradores que se acogieron a la justicia”.
En la actualidad, esta investigación ha dejado a cerca de 38 personas en prisión preventiva, 32 con impedimento de salida del país, y más de 300 investigadas entre la clase política y empresarial, incluso más de 150 con bienes embargados.
Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el deber de la justicia, de acuerdo con el juez Pérez, es garantizar que la investigación culmine pronto y sin mayores obstáculos, aunque acepta que esta nueva situación puede “complicarlo todo”. “Lo único que queda es terminar la investigación y tomar las medidas correspondientes para que los testigos no sean amenazados o amedrentados”, concluye el fiscal.
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