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En un par de decisiones muy divididas emitidas el jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde a la agresiva campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración, permitiendo al gobierno expulsar del país a cientos de miles de migrantes y rechazar a otros en la frontera sur.
En conjunto, la mayoría conservadora de la corte mostró su deferencia hacia la capacidad del presidente para establecer la política migratoria del país, mientras los magistrados se preparan para emitir en los próximos días más sentencias que determinarán cuánto poder se le concederá a Trump en el marco de una agenda que busca traspasar los límites.
En una sentencia dictada el jueves, los magistrados autorizaron al gobierno de Trump a poner fin a las protecciones humanitarias que han permitido a personas procedentes de Haití y Siria vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante más de una década.
Trump lleva mucho tiempo presionando para poner fin al programa, conocido como “Estatus de Protección Temporal” (TPS, por su sigla en inglés), como parte de sus esfuerzos por restringir la inmigración. El programa fue creado por el Congreso con apoyo bipartidista en 1990 para proporcionar un estatus legal temporal a personas cuyos países de origen se consideraban inseguros debido a guerras, desastres naturales u otras crisis.
La decisión de la corte, que fue de 6 votos contra 3 y estuvo dividida según líneas ideológicas, allana el camino para la posible deportación de 350.000 personas haitianas y 6100 sirias, y es probable que tenga repercusiones para los titulares del TPS procedentes de aproximadamente una docena de países más.
La capacidad del gobierno para expulsar rápidamente a personas que anteriormente gozaban de protección dependerá de si ya tienen órdenes de deportación pendientes. En muchos casos, los beneficiarios del TPS no han recibido dichas órdenes, lo que permitirá impugnar su expulsión ante un juez de inmigración.
En otra sentencia, también aprobada por 6 votos contra 3 —con los jueces liberales en disidencia— el tribunal dictaminó que el gobierno de Trump podía rechazar a los migrantes que solicitaban asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, impidiéndoles físicamente cruzar a territorio estadounidense mientras buscaban protección frente a la persecución.
El gobierno había solicitado al tribunal que le permitiera reactivar la política, aplicada por primera vez en 2016. En virtud de la denominada “política de devolución”, el gobierno había impedido que los solicitantes de asilo pisaran suelo estadounidense, donde la ley federal les habría dado derecho a solicitar asilo y recibir protección.
Los dictámenes se anunciaron en los últimos días del período de sesiones de la Corte Suprema, que comenzó en octubre. Se espera que el lunes los magistrados anuncien otra serie de resoluciones, y el presidente se ha estado preparando para una probable derrota cuando la corte se pronuncie sobre la legalidad de su iniciativa para poner fin a la garantía de la ciudadanía por derecho de nacimiento para los bebés nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes ilegales.
Los defensores de los inmigrantes denunciaron las sentencias del jueves como desviaciones importantes de la larga tradición del país de ofrecer refugio a los inmigrantes que huyen de la persecución y de situaciones de inseguridad.
Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes sirios, dijo que la decisión del tribunal había permitido al gobierno “ignorar una protección humanitaria fundamental que el Congreso, de forma bipartidista, estableció hace tres décadas para garantizar que los refugiados vulnerables no quedaran a merced de los caprichos partidistas”. Millones de personas, dijo, “corren el riesgo de ser devueltas a países en crisis”.
El gobierno calificó las sentencias como una reivindicación de sus esfuerzos.
“La T de TPS significa TEMPORAL, pero muchas de estas designaciones se convirtieron en una amnistía de facto”, dijo James Percival, consejero general del Departamento de Seguridad Nacional, en las redes sociales. “Esta es una victoria para el Estado de derecho y el sentido común”.
En la sentencia mayoritaria que permite al presidente retirar las protecciones contra la deportación, el juez Samuel A. Alito Jr. dijo que la ley federal en cuestión prohibía a los tribunales poner en duda la decisión de un gobierno.
“Este texto es claro, y su significado literal es muy amplio”, escribió.
La corte también rechazó los argumentos de que la decisión del gobierno estuviera motivada por prejuicios contra los haitianos.
Los tres magistrados liberales expresaron su desacuerdo, y la magistrada Elena Kagan citó ampliamente los comentarios despectivos de Trump sobre los inmigrantes haitianos.
“Las declaraciones prácticamente gritan, tanto en sus matices como en sus connotaciones raciales, que la raza influyó en la decisión del presidente de expulsar a los haitianos de este país”, escribió.
Desde que Trump volvió al cargo el año pasado, su gobierno ha intentado poner fin al TPS para las personas procedentes de 13 de los 17 países que contaban con dicha designación cuando el presidente Joe Biden dejó su puesto. El gobierno ha suspendido, por otra parte, el reasentamiento de refugiados y ha ralentizado drásticamente la tramitación de las solicitudes de asilo. En conjunto, estos cambios han hecho que resulte mucho más difícil para las personas procedentes de países en conflicto o devastados por la guerra encontrar refugio en Estados Unidos.
La Secretaría de Seguridad Nacional determina cuándo debe concederse el TPS a los migrantes de un país concreto, y dicha designación puede tener una duración de entre seis y 18 meses. No existe límite en cuanto al número de veces que puede prorrogarse la designación para un país concreto.
La ley permite a la secretaría revisar periódicamente dichas protecciones, poniéndoles fin o prorrogándolas para determinados países. Pero la ley exige que la secretaría consulte con las agencias federales pertinentes, incluido el Departamento de Estado, sobre la situación en un país y, a continuación, tome una decisión basada en esas evaluaciones antes de iniciar cualquier cambio.
El programa se había prorrogado en repetidas ocasiones, llegando a ser prácticamente permanente para los beneficiarios procedentes de Haití, Siria y varias otras naciones en las que las crisis se han prolongado durante muchos años. El año pasado, Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, tomó medidas para retirar las protecciones a varios países.
Ambas partes en el caso ante el tribunal coincidieron en que la ley permite al gobierno excluir periódicamente a países del programa de TPS y que, una vez rescindido, los beneficiarios pierden las protecciones legales y deben abandonar Estados Unidos.
Sin embargo, los defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no consultaron con otras agencias sobre las condiciones en dichos países, tal y como exige la ley. En el caso de los haitianos, afirmaron que el gobierno actuaba motivado por prejuicios contra los negros y contra los haitianos, lo que supone una violación de las prohibiciones constitucionales contra las medidas gubernamentales discriminatorias.
Los titulares de permisos TPS, entre los que se encuentran ingenieros, estudiantes, médicos y cuidadores, han presentado demandas colectivas porque desean seguir trabajando y viviendo en Estados Unidos, ya que, según afirman sus abogados, podrían ser asesinados si se les obligara a regresar a Siria o a Haití.
Durante los argumentos orales celebrados en abril, los magistrados liberales del tribunal presionaron al abogado del gobierno para que aclarara si la decisión de poner fin al programa para los haitianos tenía motivaciones raciales. Los magistrados citaron las falsas acusaciones del presidente durante la campaña de 2024, según las cuales los haitianos de Springfield, Ohio, se comían las mascotas de sus vecinos, así como los comentarios de Trump en diciembre sobre que los inmigrantes haitianos eran indeseables porque procedían de un país “asqueroso, sucio y repugnante”.
D. John Sauer, fiscal general, dijo que dichas declaraciones carecían de relevancia y que se referían a la pobreza y la delincuencia, más que a la raza. Según él, la ley federal deja claro que los tribunales no pueden cuestionar la decisión del gobierno de prorrogar o poner fin a las medidas de protección.
El texto de la ley prohíbe “la revisión judicial de cualquier resolución” del poder ejecutivo “en lo que respecta a la designación, la revocación o la prórroga de una designación”.
Los jueces de las instancias inferiores, sin embargo, se pusieron del lado de los haitianos y los sirios, al considerar que el procedimiento de la Secretaría de Seguridad Nacional estaba sujeto a revisión judicial y que sus decisiones habían sido predeterminadas y no se basaban en un análisis significativo. Los jueces aplazaron las rescisiones, lo que llevó a los abogados del gobierno a solicitar la intervención de la Corte Suprema.
Hamed Aleaziz y Miriam Jordan colaboraron con la reportería.
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