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Intento de golpe de Estado para unos, sospecha de autogolpe para otros, un lamentable motín para los más cautos… Esta semana un nuevo ingrediente se sumó a la ya profunda crisis política de Bolivia: la insurrección liderada por el ahora excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien tras poco más de dos horas de agitación terminó destituido, detenido (junto a otros 16 militares) y a punto de ser procesado por terrorismo y levantamiento armado.
Con destino a la sede de gobierno, Zúñiga lideró un movimiento no autorizado de personal de las fuerzas militares horas después de que surgiera el rumor de su destitución a raíz de las amenazas que lanzó contra el expresidente Evo Morales, quien quiere postularse en las elecciones de 2025 para un nuevo mandato, y a quien Zúñiga dijo que estaría dispuesto a detener. Aunque el exmandatario está inhabilitado por la justicia, no renuncia a sus aspiraciones.
Varios políticos y analistas coincidieron en que el episodio del miércoles, que se contuvo tras el relevo inmediato de la cúpula militar, es un síntoma de los graves problemas institucionales que atraviesa el país, en buena parte como consecuencia de heridas que no cicatrizaron como debían tras la crisis de 2019, cuando Evo Morales, acusado de fraude electoral, se vio forzado a renunciar, lo que él calificó como golpe de Estado, mientras la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, juramentaba como presidenta interina.
Morales se asiló en Argentina, de donde regresó triunfante el año siguiente, luego de que su sucesor, Luis Arce, ganara la Presidencia. Áñez hoy está detenida por delitos vinculados a lo que la justicia determinó que fue una toma irregular del cargo.
Ya en el poder, Arce y Morales se distanciaron, al punto de que el partido de gobierno, MAS, hoy está dividido entre arcistas y evistas. Bolivia está a poco más de un año de volver a las urnas, en medio de triunfos políticos y económicos que el oficialismo reclama y la oposición de distintas orillas controvierte.
”Las instituciones no tienen suficiente independencia como debería ser, entonces no está funcionando bien la democracia en Bolivia”, explicó la senadora Cecilia Requena, de la coalición Comunidad Ciudadana, durante una entrevista con El Espectador el mes pasado. En esa ocasión, una delegación interpartidaria, representativa de las tres principales fuerzas del Legislativo boliviano, estuvo en Colombia para conocer y compartir experiencias sobre diálogo y construcción de consensos, por invitación de Friedrich Ebert y Konrad Adenauer, fundaciones alemanas que, a su vez, pertenecen a orillas políticas distintas.
Hay una alta conflictividad política en nuestro país, pero también queremos aprender de la experiencia colombiana, de cómo contrarios que se estaban matando a tiros decidieron ir por un acuerdo de paz”, comentó en ese momento el diputado Jerges Mercado, del partido de gobierno MAS.
El senador opositor Henry Montero participó en esa misma conversación con este diario, en la que, pese a las diferencias políticas, los tres parlamentarios se escucharon y debatieron. Montero afirmó, por ejemplo, que la Asamblea, por disposiciones judiciales, ha perdido atribuciones constitucionales como la de poder interpelar a los ministros de Estado. La senadora Requena, por su parte, agregó que el Tribunal Supremo Electoral carece de credibilidad “y esa es una gran preocupación” de cara al 2025.
Mercado reconoció “que no hay una mayoría en el Parlamento, no hay muchos puntos de diálogo en los últimos meses con la oposición y eso está evitando también que se inyecte un nuevo recurso a la economía nacional (…) Eso ocasiona que haya menos obras y menos empleo; es un círculo lamentablemente vicioso, pero somos positivos porque finalmente lo que cantan son las cifras”.
El diputado resaltó los resultados de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como el crecimiento económico y el proceso de industrialización del país. No obstante, para Requena son hechos rebatibles o insostenibles. “Esta sacada de la gente de la pobreza no ha sido sostenible, solo ha tenido que ver con esos 10 años de grandes precios internacionales [de materias primas, entre 2004 y 2014]”, mientras que la industrialización es la “de los minerales: no estamos hablando de un país con una revolución productiva sostenible y posextractivista, que sería a lo que deberíamos apuntar”, dijo la legisladora.
Tras lo ocurrido el miércoles, la senadora resaltó que la jornada se conjuró sin muertos ni heridos, lo que muestra que las violentas aventuras golpistas “ya no van”, pero insistió en que se trata de un síntoma del malestar político del país. Montero, que en mayo pasado estuvo de acuerdo con que la crisis de 2019 no se terminó de resolver, expresó que “como jefe de bancada de Creemos, partido opositor al gobierno del presidente Luis Arce, siempre vamos a apoyar y luchar por el Estado democrático del país”, y añadió que “como oposición exigimos que se puedan esclarecer los hechos suscitados en Bolivia, en los que se involucra al presidente como parte de la planificación de un autogolpe”.
En efecto, Zúñiga, tras ser detenido, dijo que había actuado por instrucción de Arce con el fin de aumentar la popularidad del mandatario. Analistas como Omar Durán, citado por Efe, dudan de esa versión. El experto en seguridad y defensa considera que se trató de una insurrección motivada por aspiraciones relacionadas con la carrera militar del ahora excomandante.
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