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Si usted está, como yo, revisando un documento en Microsoft Teams, debe entender que esa información podría ser requerida en cualquier momento por las autoridades estadounidenses. La ley de clarificación del uso legítimo de los datos fuera de los EE. UU. de 2018 (CLOUD Act, por sus siglas en inglés) le permite a Washington requerir los datos almacenados por empresas tecnológicas con sede en EE. UU., sin importar en qué país se almacenen.
Es decir, no importa que esté trabajando en Colombia o en Irlanda: los datos almacenados en servidores de empresas como Microsoft son vulnerables ante esta ley, que fue diseñada con el fin de evitar barreras legales para acceder a datos en el extranjero. Por supuesto: los datos también podrían ser vistos por un hacker en otro país. Pero ese es otro problema. Concentrémonos en el primero, el que proviene del gobierno.
La dependencia de infraestructuras digitales controladas por corporaciones de EE. UU. expone una forma moderna de colonialismo digital que preocupa a naciones como Países Bajos, cuya infraestructura digital gubernamental depende casi en su totalidad de gigantes como Microsoft y Google.
“La dependencia de la tecnología de la nube estadounidense significa que muchos datos gubernamentales cruciales están fuera del control holandés. Microsoft puede afirmar que los datos permanecen dentro de la Unión Europea, pero eso no ofrece garantías de que las autoridades estadounidenses no puedan acceder a ellos. El problema se ve agravado por el hecho de que no existe una alternativa europea completa a los gigantes estadounidenses de la nube”, escribió la semana pasada Merien ten Houten, escritor y empresario que también fundó el primer motor de búsqueda holandés.
Por esta razón, no debe extrañarle que cada vez, con mayor frecuencia, hablemos del “tecnoimperialismo”, un término que están usando cada vez más analistas para describir el dominio de las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses, cuyo poderío ha dejado de ser solo una cuestión económica y se ha convertido en un desafío geopolítico de primer orden.
A diferencia del imperialismo tradicional, este no se trata de ocupar territorios físicamente, sino de dominar los recursos digitales que permiten el funcionamiento de los Estados modernos. Las potencias tecnológicas ejercen control sobre otras naciones mediante el manejo de datos y plataformas digitales. La influencia también es política y cultural: definen el acceso a la información y moldean la opinión pública. Y todos los desafíos que esto acarreaba antes se han multiplicado ahora que figuras como Elon Musk y Mark Zuckerberg han intensificado su cercanía al poder gracias a su amistad con Donald Trump. Esto es un problema enorme por muchas razones, empezando porque no piensan detener sus ambiciones.
“Los barones tecnológicos cuentan con su protección. Muchos de ellos también sostienen que redoblar la apuesta por la tecnología es nuestra única opción práctica. En ‘El manifiesto del tecno optimismo’, el inversor tecnológico Marc Andreessen presenta esa idea como un artículo de fe: ‘Creemos que no hay ningún problema material, ya sea creado por la naturaleza o por la tecnología, que no pueda resolverse con más tecnología’”, escribieron los especialistas en historial digital Peter Richardson y Michael J. Kramer en The Nation.
La razón por la que las llamadas big tech se acercaron a Trump —además de excepciones fiscales en EE. UU. y protecciones en el resto del mundo— es porque él aceptaba quitar las pocas barreras que había para regular estos avances tecnológicos. Pero, como señalan los autores, “lejos de resolver nuestros problemas, la industria tecnológica los está creando a un ritmo alarmante”.
Ten Houten advierte que el resto de las naciones, a excepción de China, no tienen la infraestructura necesaria para hacerle frente al dominio de las corporaciones estadounidenses en el ámbito tecnológico. Sometidos, por ahora, a su dominio, esto nos deja en el problema de nuestra escena de entrada: ¿quién nos protegerá de Musk y su acceso ilimitado a nuestra información?
“Musk ha obtenido un amplio acceso a los sistemas de datos federales y trabaja con empleados jóvenes e inexpertos que no se consideran sujetos a los protocolos gubernamentales normales”, dice Houten. Los equipos de Musk han solicitado acceso a bases de datos gubernamentales sensibles y sistemas de pago que han levantado grandes cuestionamientos sobre la legalidad de estos procesos y han prendido las alarmas sobre posibles casos de espionaje. Con el acceso ilimitado de Musk a los sistemas gubernamentales, todas las naciones quedan expuestas a posibles accesos no autorizados o presiones políticas.
En este escenario, la pregunta clave es: ¿cómo pueden las naciones protegerse? La inmensa protección de Trump a estas tecnológicas, suspendiendo acuerdos internacionales que aumentaban la carga impositiva de estas empresas y amenazando con represalias económicas contra países que intenten gravarlas, evidencian lo difícil que será tomar medidas.
José Ignacio Torreblanca, director del ECFR Madrid, plantea que para evitar el colonialismo digital se debe reforzar la autonomía tecnológica, consolidando alianzas y evitar el partidismo sobre estas direcciones. En este sentido, la reacción europea ha sido en gran medida tibia. Aunque la Comisión Europea tiene herramientas como el Digital Services Act para regular el poder de las plataformas, la falta de un frente unido y la presión de sectores políticos alineados con Trump han dificultado su aplicación efectiva.
Por otro lado, también se deben refutar los argumentos de Washington para evitar la regulación alegando “libertad de expresión” o que esto se trata de una “guerra ideológica”. Torreblanca concluye que “la cuestión no es la libertad de expresión, sino si el poder político sin control de los multimillonarios tecnológicos socava las democracias. Europa debe dejar en claro que no se trata de una confrontación entre EE. UU. y Europa, sino entre ciertos oligarcas tecnológicos y la gobernanza democrática”.
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