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Civiles armados, militares patrullando las calles y ciudades como Guayaquil bajo un decreto de toque de queda. Estas han sido las nuevas medidas con las que Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, pretende hacerle frente a lo que el considera “un problema común”. Durante los próximos 60 días, cualquier ecuatoriano mayor de 25 años y psicológicamente apto, podrá portar un arma para defenderse de “la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, según explicó el jefe de Estado en una alocución el pasado sábado.
En cuestión de pocos años, Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica a convertirse en epicentro de homicidios y de abundantes delitos. Hace pocos días, por ejemplo, las autoridades encontraron una cabeza humana en un parque de la provincia de Guayas, una ciudad costera en el occidente del país. Un año atrás, la Policía halló dos cadáveres colgando de un puente en Guayaquil. Y las bombas, extorsiones y asesinatos continúan en una larga lista. Una década fue necesaria para que Ecuador pasara de jactarse de la seguridad en su territorio a vivir una situación “verdaderamente catastrófica”, según afirma Insight Crime. ¿A qué se debe?
Batallas ganadas, guerras perdidas
En los últimos años, Ecuador ha sido protagonista por batir diferentes récords a nivel regional. En 2022, por ejemplo, tuvo un aumento del 86 % de homicidios con respecto al año anterior, posicionándose como el país con mayor incremento de asesinatos en todo el continente, incluso por encima de Venezuela o Haití. Además, los reportes indican que, al menos desde 2019, pasó de ser un simple país por donde transitaba la cocaína a transformarse en un centro de distribución a nivel mundial, a tal punto de disputarse el primer puesto de exportación con Colombia, según el Informe Global de Cocaína de la ONU.
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Aunque Guillermo Lasso insiste desde inicios de su Gobierno en que el narcotráfico es el “enemigo común” entre la ciudadanía y el Estado, hay opiniones que divergen de la del presidente. Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, opina que “el problema verdadero no es el narcotráfico, es la alta polarización política que vive el país”.
Pontón explica que en la última década se ha instalado en Ecuador un discurso en que las acciones de “Rafael Correa, presidente entre 2007 y 2017, sí fueron efectivas en materia de seguridad y las de Guillermo Lasso, que funge en el Ejecutivo desde 2021, no lo son”.
“La polarización ha hecho que veamos a la escena política como protagonista y no observemos el problema general. Eso significa que venimos viviendo errores estratégicos que se acentúan con fallas en la gestión de políticas públicas”, explica Pontón.
Desde 2021, Lasso ha expresado que mantiene una “guerra abierta” contra las drogas. En este enfrentamiento directo contra al menos seis grupos criminales que controlan el tráfico de cocaína en Ecuador, el presidente ha decretado más de cinco veces el estado de excepción, algo que, para Pontón, no ha tenido resultados significativos.
El problema real es el debilitamiento institucional de Ecuador, explica Pontón. “Si tú tienes un Gobierno y vez un crecimiento de la violencia, tienes que tomar los correctivos y apretar las tuercas. Pero si tú no miras el problema y te vas por las ramas, el problema continuará”, opina el analista.
Un ejemplo de ello es el de Junior Roldán, cabecilla del grupo “Los Choneros”. Roldán, que estaba sentenciado a más de 27 años de cárcel y tenía 20 procesos judiciales en su contra, fue puesto en libertad por orden de un juez el pasado febrero. “La pregunta acá es por qué el Gobierno permitió esto”, cuenta Pontón, que afirma que “necesitamos medidas mucho más extremas porque no es posible hablar (como dice Lasso) de estar ganando la guerra contra las drogas con toda esa cantidad de muertos en las calles”. Según los registros oficiales, más de 6.000 personas han sido asesinadas en los últimos dos años en Ecuador.
Aunque los reportes de las autoridades ecuatorianas señalan que estos grupos ilegales se lucran de otras actividades como la extorsión y el secuestro, Ángel Zapata, subdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, coincide con Pontón en mencionar que “las estrategias del Gobierno no dan efecto ni abasto […]. La prevención primaria y secundaria ha pasado a segundo plano, la prevención comunitaria ha desaparecido”, según aseguró para la Organización The Dialogue.
Para Zapata, la única herramienta que ha utilizado el Gobierno para contrarrestar la inseguridad y el delito es la “disuasión con el apoyo de las Fuerzas Armadas”.
Problemas de forma y fondo
De acuerdo con el registro de los últimos años, Pontón asegura que las decisiones que se han tomado a nivel gubernamental han estado equivocadas en cuanto al enfoque y las expectativas que tienen. Por ejemplo, el último decreto presidencial establece que cualquier ciudadano mayor de 25 años, con un examen de “capacidad psicológica”, pueda portar un arma para emplear la “defensa personal”. “Es como tirarle más gasolina al fuego”, añade Pontón.
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El analista considera que la medida de relajar el porte de armas “va a repercutir no solo en la violencia criminal, sino en las relaciones ciudadanas, entre las personas y las familias. Va a acentuar los conflictos sociales”.
El Gobierno ha adoptado una visión de “entre más narcotráfico, más violencia. Eso es un error conceptual”, explica Pontón. Para el analista, los problemas reales tienen que ver con las instituciones en Ecuador y con el seguimiento que se les ofrezca desde el Ejecutivo. Aunque la Oficina de la ONU Contra las Drogas y el Delito haya asegurado en su último informe que hay una simbiosis entre narcotráfico y violencia, Pontón afirma que se “debe hacer algo más allá de combatir únicamente las drogas”.
“Tienes que reformar códigos penales, procedimientos penales. Tienes que empezar a generar leyes que permitan tener más interés y control sobre el asunto”, cuenta Pontón, que critica que la polarización política que ha vivido durante los últimos años Ecuador ha impedido que se den cambios de fondo para tratar la inseguridad y la violencia.
Lasso dijo en su alocución presidencial que se debían cortar los “problemas desde la raíz”, sin embargo, Pontón discrepa de esta afirmación. El analista considera que más allá de las decisiones políticas que ha hecho el presidente de Ecuador, hay una completa falta de política pública.
“Las políticas enfocadas al público son una forma de resolver problemas prácticos de la gente. Si tú tienes una política de seguridad que no se orienta a un problema específico, pues no tienes cómo ofrecerle una solución a ese problema”, afirma Pontón.
Crisis carcelaria
Capítulo aparte merece la crisis carcelaria que en los dos últimos años se ha cobrado la vida de más de 400 reclusos en sanguinarios enfrentamientos entre clanes rivales y sus facciones involucradas en el negocio de la droga, que a la vez se disputan el control de las prisiones y las calles.
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La violencia en las cárceles ha sido exponencial: en 2020 fueron 46 los presos asesinados, un año después ascendieron a 316 en distintas matanzas, y en 2022 hubo más de 90 muertes.
Para el analista, la única manera de lograr superar esta espiral de violencia es abarcar el problema desde la raíz, es decir, intervenir el sistema legal de Ecuador para que la legislación sea más estricta y casos de impunidad como el de Junior Roldán no sucedan nuevamente. De lo contrario, cuenta Pontón, es muy difícil imaginar que en el futuro este patrón de violencia no siga aumentándose.
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