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Cuando un país ve caer a un presidente tras otro por culpa de la corrupción algo no anda bien. Perú ha tenido ocho presidentes en 20 años, cuatro en apenas los últimos cinco. Pedro Castillo Terrones, profesor de educación primaria, ganó la presidencia del país el 28 de julio de 2021 y duró en el cargo apenas 16 meses y siete días; este miércoles fue destituido, al igual que sus antecesores, por corrupción y tráfico de influencias. De acuerdo con la Fiscalía de Perú, Castillo tiene seis investigaciones pendientes, además de muchas críticas y fallas en su administración.
“Diecisiete meses de errores garrafales le pasaron factura, fue una falta de capacidad; el primer acto de corrupción de un funcionario público fue asumir un cargo para el que no estaba preparado y lamentablemente este fue el resultado”, explicó a este diario el periodista Francisco Flores.
La noticia que en cualquier otro país habría estremecido a la ciudadanía fue recibida casi con normalidad. Las calles de Perú no se sacudieron y lo que se comentaba en conversaciones espontáneas era que “se sabía que iba a pasar”. ¿Por qué lo dicen los peruanos? En 2020, Francisco Sagasti fue elegido presidente por sucesión constitucional para reemplazar a Manuel Merino, quien semanas atrás había asumido la primera magistratura luego de que el presidente Martín Vizcarra fuera destituido por “incapacidad moral”… vale la pena decir que Vizcarra había asumido el cargo que había quedado vacante porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski se fue en 2018 acusado de corrupción y sobornos.
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Una historia que se repite. Desde el 19 de noviembre de 2000, hace casi 20 años, cuando Alberto Fujimori fue destituido por el Congreso, el país no ha logrado encontrar la estabilidad política. Aquellos mandatarios que han podido terminar su período presidencial también han terminado presos o investigados. Alejandro Toledo, quien gobernó el país desde 2001 hasta 2006, terminó investigado, relacionado con el entramado de corrupción de Odebrecht; a Ollanta Humala también lo condenaron a prisión por recibir, junto con su esposa, Nadine Heredia, cerca de US$3 millones para la campaña del Partido Nacionalista de 2011, que lo llevó a la Presidencia hasta 2016.
En 2019 la corrupción le pisaba los talones al expresidente Alan García, quien se disparó en su domicilio de Lima cuando iba a ser detenido por orden de la Justicia por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht. La oposición tampoco se salva. La líder opositora Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto, también objeto de una investigación por el caso Odebrecht, fue detenida en octubre de 2018 y cumplió 16 meses de prisión preventiva, antes de ser liberada bajo fianza. En marzo de 2022, se exigieron en su contra 30 años de prisión.
¿Por qué se repite la historia? De acuerdo con periodistas y analistas de ese país, el problema es la corrupción que se generalizó en el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000), cuando sus asesores corrompieron a la sociedad peruana; nadie se salvó: periodistas, empresarios, banqueros, políticos, jueces, militares y hasta presentadores y actores cayeron en el esquema de dinero sucio y extorsión, que echó raíces tan profundas que, 20 años después de la salida de Fujimori (19 de noviembre de 2000), el país no logra encontrar la fórmula que le ayude a eliminar la corrupción.
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Ricardo Cuenta, director general del Instituto de Estudios Políticos de Perú (IEP), explicaba en el diario El Comercio que “durante años nos hemos construido como un país incapaz de llegar a acuerdos porque los intereses particulares, disfrazados de colectivos, son los que motivan las acciones políticas. Estamos, desde hace algún tiempo, frente a un tipo de políticos precarios que prefieren la cosmética de la política de corto plazo a la consolidación de la democracia”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ya había advertido, en diciembre de 2021, su preocupación por cómo se ha desvirtuado, “por falta de definición objetiva, la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y el impacto que tiene en la institucionalidad democrática del Perú”.
De acuerdo con Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Perú es distinto a los demás países de América Latina, “porque desde los años 90 intentó convertirse en un semipresidencialismo y el Congreso tiene funciones que en otro país no. Y en estas coyunturas es que se ve ese papel; desde hace mucho el país ya estaba azotado por la corrupción y el hastío político”.
Según la periodista Juliana Ramírez, “lo que el Congreso busca es quedarse en el poder y esto ya lo hemos vivido; llevamos meses de una inestabilidad económica, política y social que nos ha hecho mucho daño. Vamos a ver qué hace la primera presidenta peruana, pero vamos a ver inestabilidad en los próximos meses. Vamos a ver qué se da”.
Isaac Bigio, politólogo economista e historiador, es pesimista con lo que viene. La presidenta Dina Boluarte “ha prometido que gobernará hasta el 28/07/2026, pero va a ser casi imposible que ella dure una fracción de esos casi 44 meses que supuestamente le quedan. Carece de partido, popularidad, base social y bancada”.
Los peruanos se preguntan por qué las cosas no cambian. “Los políticos no deberían robarnos; si bien lo de Castillo no fue del nivel de sus antecesores, lo hizo; la solución solo vendrá de la sociedad civil”, concluyó Flores.
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