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Mientras Perú, en medio de una profunda crisis de legitimidad institucional, se preparaba para el primer aniversario del autogolpe del expresidente Pedro Castillo, por el que terminó destituido y detenido, el miércoles fue liberado el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), de 85 años. El Tribunal Supremo de Perú le restituyó un indulto de 2017 otorgado por el entonces presidente Pedro Kuczynski, ordenando su libertad por razones humanitarias, mientras el considerado por muchos como un dictador cumplía una pena de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Esto en desafío del llamado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a no dejarlo en libertad.
“Con la liberación de Fujimori, en abierta violación de lo ordenado por la Corte Interamericana, Perú se aísla en el escenario internacional. Su actuación en contra del sistema interamericano de derechos humanos lo equipara a Venezuela y Nicaragua”, opinó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Para Daniel Parodi, historiador político y profesor de la Universidad Católica de Perú, “esto es añadirle carburante a la indignación acumulada desde los sucesos de hace un año, ya potenciados por las últimas denuncias. Con Fujimori libre es posible que enfrentemos una coyuntura de mayores movilizaciones en contra de la alianza Ejecutivo-Legislativo, pues hay un importarte sector, a la izquierda del espectro político, muy sensible a esta temática”.
Por esta misma fecha hace un año el profesor Pedro Castillo, entonces presidente de Perú, cumplió la tradición que traía el país desde hacía unos tres años: recibir el año nuevo con un nuevo mandatario.
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En un lapso de cuatro horas confusas disolvió el Congreso, y mientras huía a la Embajada de México en busca de asilo fue capturado por su propio equipo de seguridad, configurando un autogolpe fallido de Estado. De esta forma, Dina Boluarte, su vicepresidenta, recibió 2023 como la primera mujer en el cargo en la historia de Perú. Es la cuarta persona en ocupar el cargo desde 2020, cuando a Martín Vizcarra le dictaron vacancia moral en medio de un escándalo de corrupción. Le sucedieron Manuel Merino (2020) y Francisco Sagasti (2020-2021).
En 2021, cuando las críticas al gobierno de Castillo ya estaban arreciando, Boluarte había prometido en plena plaza pública que si vacaban al presidente, ella se iría por la misma puerta. No fue así, pero, contrario a lo que podría significar contar con una misma persona al frente de la nación por un año completo, los 365 días de Boluarte presidiendo Perú han sido un paso a paso documentado de cómo se puede perder una legitimidad que para muchos nunca se tuvo.
Para empezar, simpatizantes de Pedro Castillo emergieron desde las zonas más recónditas de Perú para protestar por la caída del presidente que ellos habían votado; otros reclamaban la disolución del Congreso y unas elecciones anticipadas, una idea que parece, por el momento, sepultada. Ante todo esto, la respuesta gubernamental fue represión profunda. Según datos de la Defensoría del Pueblo en Perú, al menos 68 personas murieron en medio de las protestas entre el 5 de enero y el 4 de marzo. Además, cerca de 600 resultaron heridas.
“Nuestra primera presidenta mujer en la historia republicana se inaugura con una triste masacre de ciudadanos protestantes, la gran mayoría muertos cuando se encontraban indefensos e, incluso, sin siquiera participar de las protestas sociales. El Ejecutivo, firme con el apoyo del Congreso y de las Fuerzas Armadas, mantiene posiciones, mientras que la oposición política, desconcertada y dispersa, parece haber quemado sus mejores balas en las protestas que enlutaron al país”, afirma Parodi.
Para el analista José Carlos Requena, en este lapso ha habido un pacto entre poderes. “En el camino se han hecho muchas cosas que generan gran desilusión: por el lado del Ejecutivo no se han dotado de condiciones para relanzar la confianza, la credibilidad de la economía y, en consecuencia, el de la economía, es de los que más se ha resentido. Por otro lado, el Congreso ha aprobado muchas medidas muy controvertidas, incluyendo el nombramiento de algunos altos funcionarios que prolongan esta sensación de impunidad y de poco cuidado con la institucionalidad política del país”.
Para los analistas, dicha alianza se ha evidenciado, por cierto, en el rechazo reiterado del Congreso para convocar a elecciones con el fin de que fuera el pueblo el que eligiera al sucesor de Castillo.
Ahora la liberación de Fujimori podría darle un nuevo impulso a la derecha peruana, que si bien se encuentra en una zona de confort (por lo que para Requena es un pacto tácito de no agresión con la presidenta Dina Boluarte para garantizarse unos a otros la supervivencia, por lo menos hasta 2026, cuando se supone que acaba constitucionalmente el período presidencial), también se ha visto ampliamente debilitada con las cuatro elecciones presidenciales seguidas que perdió la hija del exmandatario, Keiko Fujimori.
Según la firma Datum International, en su última encuesta de noviembre, tanto Boluarte como el Congreso, de mayorías conservadoras, cuentan con una desaprobación en todo el país superior al 80 % (84 % la presidenta y 82 % el Parlamento). “Definitivamente, la liberación de Fujimori agrava la crisis política y social en Perú, además de dividir aún más a la ciudadanía” comenta Graciela Tiburcio, periodista peruana.
Perú, aislado
Requena destaca que uno de los aspectos que más hacen lucir débil a Boluarte es su autoaislamiento, o la poca capacidad de ampliar su círculo de colaboradores. Su mano derecha y escudo, el primer ministro Alberto Otárola, es un funcionario muy mal visto por los peruanos por ser uno de los responsables en la respuesta gubernamental a las protestas del inicio de año.
“Hay muchas cosas grises que se asocian con la presidenta, pero, en general, parece que persiste en hacer lo mismo. Eso creo que termina aislándola o manteniendo el aislamiento que por ahora creo que le da para sobrevivir, pero que la deja con muy poco espacio para plantear alguna medida de reforma, por ejemplo, que es lo que mucha gente dice que es necesario. En teoría, debería ser posible al tener este pacto con el Congreso, sobre todo si se requiere alguna legislación”, analiza Requena, al mismo tiempo que remarca que agendas como la laboral, que con Pedro Castillo eran muy cercanas a los sindicatos, siguen intactas.
En resumen, no ha habido ánimos de aprovechar el mandato para reformar. Es todo supervivencia y búsqueda de legitimidad. Sin embargo, fracasando buscándola en el interior del país, también Boluarte y sus colaboradores fracasaron buscándola en el exterior.
“El repudio al alto número de víctimas humanas ha sido mundial y ha convertido al gobierno peruano prácticamente en un paria internacional. A la presidenta, ningún homólogo quiere recibirla en ninguna parte y ningún esfuerzo de sus asesores parece suficiente para levantar su popularidad. Es un cadáver político”, analiza Parodi. Hace tan solo un mes renunció la Canciller de Boluarte tras fracasar organizando una reunión con Joe Biden en la Casa Blanca, tratando de mitigarlo con una foto de ambos en un pasillo.
De igual forma, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sigue sin reconocer a Boluarte y ambos países se han enfrascado en fuertes declaraciones cruzadas que en el camino terminaron con la retirada de ambos embajadores. Lo mismo ocurrió con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia.
Parodi también enfatiza en que es poco probable la opción de que se adelanten las elecciones presidenciales. Era lo que se esperaba hace un año y es lo mismo que el Congreso ya rechazó en múltiples ocasiones. “Unas elecciones abrirían un escenario de incertidumbre. Las cosas, tal y como están, le vienen bien a la derecha conservadora, entonces es mejor dejarlas como están. Digamos que Boluarte y el Congreso se necesitan recíprocamente, se retroalimentan”, continúa.
“El repudio al alto número de víctimas humanas ha sido mundial y ha convertido al gobierno peruano prácticamente en un paria internacional. A la presidenta, ningún homólogo quiere recibirla en ninguna parte y ningún esfuerzo de sus asesores parece suficiente para levantar su popularidad. Es un cadáver político”,
Daniel Parodi
El cuasiconsenso institucional pactado recientemente presentó una fisura este lunes, cuando la fiscal Marita Barreto y la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (DIVIAC) acusaron a la fiscal general Patricia Benavides y a varios congresistas de liderar una red de corrupción al intercambiar favores políticos entre sí.
Para Parodi, esto es una luz que refleja que no todo el sistema institucional de Perú está asociado con corrupción; dice que es muestra de resistencia, una demostración de “quienes luchan por mantener su independencia, así como la transparencia de la función pública”. Sin embargo, para Requena, todo esto aumenta la incertidumbre del país.
“No sabemos qué va a hacer la fiscal de la nación, Patricia Benavides, para permanecer en el cargo o para salvarse, alguna acción desesperada si se quiere, que podría impactar en la supervivencia del Ejecutivo”, afirma, al tiempo que no descarta que, para garantizar terminar su ciclo en el 26, tanto el Gobierno como el Congreso le “bajen el dedo” a la Fiscal. “Eso es una situación que podría afectar la supervivencia, que hasta hace dos o tres semanas parecía un hecho casi consumado”.
Mientras, a las afueras de la cárcel de Barbadillo, donde estaba recluido Fujimori, sus simpatizantes esperaban su liberación con pancartas y euforia. Del otro lado del espectro político, en Lima se espera que este jueves tomen lugar masivas manifestaciones de partidarios de Castillo por el aniversario del autogolpe. “Las organizaciones esperan protestas masivas y al parecer el gobierno también, porque allanó sin fundamento un albergue donde se están hospedando ciudadanos que viajaron desde regiones hasta Lima para participar de las movilizaciones”, explicó Tiburcio.
“Preocupa también las nuevas disposiciones legales que ha aprobado el gobierno, está recrudeciendo las penas de cárcel para las personas que participen o apoyen cualquier tipo de movilización. En paralelo a todo esto, la Fiscal de la Nación está siendo investigada por, presuntamente, liderar una red de corrupción que negociaba favores con el Congreso”, concluye la periodista.
Así, de fondo, permanece el fantasma de la represión vista en el inicio de este año.
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Por Hugo Santiago Caro
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