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Envuelto en una sábana blanca, Víctor Wilson intenta protegerse de los helados vientos de invierno en las calles de El Paso (Texas), donde trata de dormir un poco antes de continuar su viaje hacia Florida. Es uno de los más de mil migrantes centroamericanos que cruzaron por el Río Bravo desde México a Estados Unidos el pasado domingo. Sí, solo el domingo. Este, según medios locales, fue el cruce más grande de una caravana de migrantes en la historia.
Según le dijo el vocero de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Claudio A. Herrera-Baeza, a The Texas Tribune, las autoridades fronterizas llevan registrando más de 2.150 encuentros diarios con migrantes en toda la frontera desde que empezó diciembre. Los refugios están a tope y se espera un colapso total si continúan llegando olas de gente en las próximas semanas. Luego de años de polarización, demócratas y republicanos por fin pueden coincidir en algo: hay una emergencia insostenible e innegable.
El asunto no es correspondiente solo a diciembre. Este ha sido un año sin precedentes, pues hasta el 30 de septiembre, cierre del año fiscal, los agentes fronterizos registraron 2,4 millones de encuentros con migrantes, la cifra más alta en la historia. Pero lo más llamativo de los números es el porcentaje de reincidencia que encontramos: antes de 2019, apenas el 7 % de los migrantes que eran detenidos por la Patrulla Fronteriza habían sido expulsados con anterioridad. En 2021, esa tasa fue del 27 %, y en 2022 fue del 26 %.
Lo que estas cifras nos quieren decir es que hay migrantes que cruzan la frontera de manera irregular, son expulsados por las autoridades y vuelven a intentar entrar. Y la historia se repite en un ciclo sin fin, como un perro persiguiendo su cola. ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta estaría en el controversial Título 42, sobre el que todavía se debate una continuidad. Se suponía que esta medida iba a concluir este miércoles, pero la Corte Suprema decidió congelar la suspensión el lunes, por lo que seguirá de manera indefinida. ¿Qué hace esta política?
Con la excusa de mantener la seguridad sanitaria por la pandemia, el expresidente Donald Trump adoptó un recurso planteado en la Ley de Salud Pública de 1944, bautizado como el Título 42. Este les permite a las autoridades expulsar a los migrantes de manera inmediata a su llegada a Estados Unidos sin tener la oportunidad de solicitar asilo, derecho garantizado en la Ley de Refugiados de 1980. Como señala el actual secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, este recurso era para proteger la salud pública de manera temporal, no para que funcionara como una política migratoria del país de forma duradera, que es lo que ha ocurrido hasta ahora.
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Bajo el Título 42, Estados Unidos ha realizado más de 2,5 millones de expulsiones desde marzo de 2020, según la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza. Desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca, el gobierno demócrata ha buscado acabar con el Título 42 que atenta contra las personas migrantes y su derecho de buscar asilo. Esta política, como indican los números, no hizo algo para tratar un asunto de larga data en el país, como lo es la mejora de los mecanismos para una migración regular y ordenada. En cambio, sirvió para postergar el manejo de la emergencia y profundizar las necesidades para atenderla.
No hay que confundirse: si llegara a terminar el Título 42, solo existe la certeza de que los problemas continuarán, solo con otro nombre. El sistema de inmigración del país no está listo para enfrentar la llegada de más migrantes. Se presume que, cuando la medida termine, entre 9.000 y 14.000 personas podrían cruzar la frontera cada día. Esa es la razón por la que Biden defendió en enero la política en los tribunales, manifestando que era necesaria para la seguridad porque los centros de procesamiento de migrantes no daban abasto.
A pesar de permitir la expulsión rápida de migrantes, el Título 42 cuenta con unas limitaciones. No se puede castigar a quienes reinciden en su intento de ingresar al país de manera irregular, por lo que vemos el 26 % de casos de detenciones de personas que ya habían sido detenidas antes.
“Los migrantes han usado el Título 42 como un medio para obtener múltiples oportunidades para ingresar a Estados Unidos. Eso es contraproducente, porque de alguna manera incentiva a los migrantes a intentarlo varias veces y cuantas más veces lo intenten, más probable es que tengan éxito”, le explica Ariel Ruiz Soto, analista del Instituto de Políticas Migratorias, a la NBC.
Si el Título 42 se acaba, el país regresaría a las políticas del Título 8, el cual no permite las expulsiones rápidas, pero sí castiga con penas de hasta dos años de prisión a los reincidentes. De ahí a que más caravanas de migrantes se aproximen a la frontera, ante el temor de que entrar sea mucho más difícil. Por otro lado, hay quienes ven el fin de la medida de la era Trump como una flexibilización de las reglas, por lo que también viajan a la frontera. Sea cual sea el título que marque las reglas de la política fronteriza, el problema de Estados Unidos es entonces mucho más profundo: no hay política fronteriza, precisamente.
Desde el gobierno de Ronald Reagan el Congreso ha fracasado en sus intentos de alcanzar una legislación bipartidista que aborde las necesidades de la migración de manera integral. El último intento fue un proyecto de ley de los congresistas Krysten Sinema y Thom Tills, que buscaba proteger a los 2 millones de “soñadores” (como se les llama a las personas que llegaron al país de niños de manera irregular) y racionalizar el sistema de asilo. El proyecto buscaba crear un camino para que estas personas alcanzaran la ciudadanía. No fue aprobado.
Antes de eso, el último recuerdo de envergadura presentado para abordar la migración data de 2013, cuando la “banda de los ocho”, como se bautizó a un grupo bipartidista de congresistas, presentó un proyecto que buscaba tejer una solución a los líos de seguridad fronteriza y el camino a la ciudadanía a la vez. También se hundió. De hecho, fue la negativa del Congreso a hacer algo respecto a la migración lo que llevó al expresidente Barack Obama a firmar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) por acción ejecutiva.
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Tanto Biden como su vicepresidenta, Kamala Harris, a quien le fueron encomendados los asuntos fronterizos y de migración, reconocen que las soluciones deben llegar desde el Congreso. ¿Será posible en 2023?
“El próximo mes los republicanos se harán cargo de la Cámara, lo que significa un gobierno dividido y aquí hay una suposición segura, poco progreso en inmigración o cualquier otro tema divisivo”, señaló Mike Littwin, de The Colorado Sun, quien resalta que los republicanos “simplemente quieren culpar a los demócratas” por los asuntos fronterizos.
“La reforma no se trata solo de hacer lo que es moralmente correcto. Se trata de hacer lo que es inteligente para hacer crecer nuestra economía. Este país necesita inmigrantes”, escribió el Des Moines Register en su editorial de julio de 2020, lamentando que las únicas acciones por la migración se ha dado por órdenes ejecutivas o fallos judiciales.
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