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La Junta Directiva y el Consejo Rector de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) condenaron hoy «enérgicamente los actos vandálicos e intimidatorios» contra el ejercicio del periodismo libre e independiente en Nicaragua.
La FNPI también condena en un comunicado la agresión al director de la revista digital Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, así como contra su esposa, Desirée Elizondo, y miembros de equipos periodísticos por miembros de la fuerza antimotines de la Policía de Nicaragua.
«Hacemos un llamado a los periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil e intergubernamentales del mundo a solidarizarse con Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas más destacados del continente americano», señala el comunicado.
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El mensaje califica a Chamorro de informador «con una larga e intachable carrera de ejercicio de periodismo independiente, ético, valiente, comprometido con el servicio público y animado por altos ideales patrióticos y democráticos».
El pasado sábado, agentes antidisturbios de la Policía de Nicaragua golpearon a periodistas y fotógrafos que cubrían una denuncia de un grupo de medios críticos con el Gobierno de Daniel Ortega a los que allanaron sus oficinas.
Los periodistas cubrían una denuncia que quería interponer Chamorro, también miembro del Consejo Rector de la FNPI y cuyo medio fue registrado horas antes por la Policía.
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El periodista, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), denunció la «confiscación» del edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, y por eso quería pedir explicaciones acerca del allanamiento.
Aseguró que agentes policiales irrumpieron a la fuerza en sus oficinas la madrugada de este sábado, 24 horas después de haber sido allanada, y expulsaron a los vigilantes.
Al llegar a la sede de la Policía, un oficial dijo a Chamorro que se retirara porque estaban en una zona de seguridad y acto seguido dio orden a los antidisturbios de dispersar con sus escudos y porras al grupo de periodistas y civiles que acompañaban al propietario del grupo de medios.
Antes, Chamorro había denunciado «una ocupación de facto, una ocupación ilegal, una toma militar» de sus oficinas, en Managua.
Además del grupo de medios, en el edificio funciona la consultora Cabal, que dirige Elizondo.
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Los registros ocurren en medio de una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 «presos políticos», cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
En este sentido, la FNPI consideró que estos actos «coercitivos» son «abiertamente contrarios al comportamiento de un gobierno democrático», por lo que instan al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a rectificar estas acciones «de manera inmediata».
«Las medidas de rectificación deberían incluir una condena publica de las acciones policiales realizadas hasta la fecha, la devolución de las instalaciones donde operan estos medios, la reintegración de los bienes incautados, la compensación monetaria adecuada por los bienes extraviados, perdidos o dañados, la amonestación correspondiente a los miembros de la Policía que participaron en las acciones y ataques», subrayaron.
Finalmente, creen necesario una disculpa pública por parte de las autoridades a Chamorro y a su equipo «por los ataques, vejámenes e intimidaciones que hayan sufrido hasta la fecha».
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