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El gobierno argentino se está sumando a una tendencia mundial de restricciones a la inmigración, y está usando mensajes agresivos, similares a los del gobierno de Donald Trump.
Como gran parte de Argentina, el barrio de Liniers en Buenos Aires es un centro de inmigrantes.
Esta concurrida zona comercial albergó en su día sastrerías españolas, fruterías italianas, boutiques libanesas y tantos judíos de Europa del Este que allí se distribuía un periódico en yiddish. Ahora, los puestos de peruanos y bolivianos que venden montones de quinoa y maíz morado bullen con una nueva oleada de recién llegados que han establecido su hogar en Argentina.
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Pero, en un viernes reciente, el ritmo del barrio se vio repentinamente interrumpido.
Cientos de agentes de las fuerzas del orden irrumpieron en tiendas, cafeterías y centros comerciales, exigiendo documentos, verificando la situación legal y deteniendo a personas en redadas masivas recién implementadas por las autoridades argentinas, que han adoptado una postura más dura con respecto a la inmigración.
Julia Aguillon, de 42 años, una dependienta peruana que estaba en un centro comercial de Liniers cuando los agentes irrumpieron y ordenaron a la gente que no se moviera, que era la primera vez que le había pasado, en sus 40 años en el país. Dice que se puso a temblar.
Argentina siempre ha destacado por su apertura a la inmigración, acogiendo a europeos, latinoamericanos, judíos que huían de la persecución en Europa e incluso a los nazis que los habían perseguido.
Pero bajo el mandato del presidente Javier Milei, un libertario de derecha, el gobierno se está sumando a una tendencia mundial de endurecimiento de la política migratoria, y está dando a conocer este cambio con un mensaje de aplicación de la ley agresivo, similar al empleado por el gobierno de Donald Trump.
Los críticos de la medida la califican de truco político innecesario y peligroso destinado a emular al presidente Trump y a otros líderes de derecha, pero los partidarios dicen que Milei está tomando los pasos necesarios para modificar una política de inmigración que durante mucho tiempo había sido demasiado laxa.
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“Bajo el liderazgo del presidente Milei, el Estado recuperó el control de sus fronteras”, afirmó Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional del país, en un video reciente.
“Quien intente ingresar de manera ilegal, o posea antecedentes penales no podrá hacerlo”, advirtió en otro, “y el extranjero que delinque dentro del territorio será identificado, expulsado y no podrá volver a ingresar”.
Más de dos millones de extranjeros viven legalmente en Argentina, lo que se estima que equivale a aproximadamente el 5 por ciento de la población, según datos del gobierno. No hay cifras oficiales sobre el número de migrantes indocumentados que viven en Argentina porque la falta de atención política y el fácil acceso a la legalización han mantenido en gran medida este tema fuera del radar.
Milei ha introducido medidas de inmigración más severas, como imponer criterios más estrictos para que los migrantes obtengan la residencia permanente y facilitar al gobierno la deportación de quienes sean acusados de cometer delitos. El gobierno ha trasladado la competencia de supervisar la inmigración del Ministerio del Interior al de Seguridad, convirtiendo de hecho la migración en una cuestión de orden público con énfasis en el control fronterizo.
El gobierno de Milei ha afirmado —sin aportar ninguna prueba— que las decenas de miles de sudamericanos deportados por el gobierno de Trump podrían provocar una oleada de migrantes que lleguen a Argentina de manera ilegal.
Argentina deportó a 620 personas en 2024, lo que supone un aumento de alrededor del 40 por ciento respecto al año anterior. En enero, Monteoliva anunció que casi 5000 personas “no pudieron ingresar o fueron expulsadas del país” durante los dos meses anteriores. “RÉCORD DE EXTRANJEROS INADMITIDOS Y EXPULSADOS”, escribió en X. (Monteoliva se negó a ser entrevistada para este artículo).
A pesar de los objetivos del gobierno de Milei, la política de inmigración de Argentina sigue siendo mucho menos estricta que la de Estados Unidos en el mandato de Trump. Pero lo que ha cambiado drásticamente es el tono del gobierno argentino.
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“Ley y orden para hacer a la Argentina grande otra vez”, escribió en X Patricia Bullrich, una influyente senadora conservadora y exministra de Seguridad. La publicación incluía un video con banda sonora de película de acción que, según Bullrich, mostraba a varias personas detenidas para su deportación.
Los defensores de los inmigrantes dicen que ese lenguaje cada vez más amenazante es gratuito y ha sembrado miedos injustificados entre los recién llegados.
Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, una organización de defensa de los derechos humanos y las libertades civiles, dijo que la migración nunca había sido un tema delicado o difícil para Argentina y que estaban creando un enemigo interno donde no lo había.
En los inicios de la República Argentina, a principios del siglo XIX, el gobierno consideraba la inmigración europea esencial para el crecimiento del país y se comprometió a poblar así la vasta nación.
La inmigración abierta quedó consagrada en la Constitución del país en 1853, que establece que Argentina acoge a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Entre 1850 y 1913, entraron en Argentina más inmigrantes per cápita que en cualquier otro país.
Argentina acabó imponiendo algunas limitaciones, pero siguió aceptando a muchos inmigrantes, entre ellos decenas de miles de judíos que huían del fascismo en Europa y cientos de criminales de guerra nazis.
A principios de la década de 2000, Argentina tenía una de las políticas de inmigración más progresistas del mundo, reconociendo la migración como un derecho humano fundamental, garantizando el acceso igualitario a la salud, la educación y los servicios sociales independientemente de la situación migratoria, y otorgando la ciudadanía tras dos años de residencia.
En un país geográficamente alejado de la mayoría de las crisis mundiales, Argentina ha acogido a cientos de miles de venezolanos e incluso se convirtió en un insólito refugio para los exiliados gais rusos.
Las encuestas muestran que el sentimiento antiinmigración es mucho menor en Argentina que en la mayor parte de América Latina, donde ha ido en aumento. Una encuesta de Ipsos de 2025 reveló que solo el 4 por ciento de los encuestados en Argentina mencionaba el control de la inmigración entre sus tres principales preocupaciones, una cifra muy inferior al 17 por ciento que se reporta a nivel mundial.
Sin embargo, algo está cambiando.
Los funcionarios del gobierno de Milei sostienen que el sistema de inmigración de Argentina no funciona y que hay demasiadas personas viviendo en el país sin estatus migratorio legal. Afirman que el costo de atenderlos en los hospitales públicos y educarlos en las escuelas ha contribuido a inflar el presupuesto del gobierno.
Un sábado reciente en Buenos Aires, un grupo de argentinos hizo una visita guiada a lo que fue la Ellis Island del país, un edificio alto de estilo neoclásico cerca del puerto de la ciudad que acogió a miles de inmigrantes recién llegados a principios del siglo XX y que ahora es un museo.
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Los recién llegados tenían derecho a alojarse de manera gratuita a su llegada y a trasladarse hacia el inmenso interior del país. En los comedores de techos altos, cientos de recién llegados comían en un silencio pesado y compartido, una quietud que, según el guía, estaba cargada de duelo, miedo y expectación.
Las paredes del museo muestran los frutos de ese viaje: fotografías de los hogares, los lugares de trabajo y los clubes sociales que los bordaron en el tejido del país.
Luigi Solazzi, de 85 años, un asistente en la visita guiada que llegó a Argentina en 1948, cuando tenía 8 años, desde la ciudad italiana de Porto Recanati. Le pareció el paraíso. Se convirtió en mecánico de fábrica en Buenos Aires, se casó y tuvo dos hijos.
Su hija Laura Solazzi, de 45 años, se emocionó visiblemente con la visita al museo. Pero su tono se endureció cuando empezó a hablar de los recién llegados y dijo que los migrantes de ahora eran distintos, gente que no llegaba a trabajar, no tenía papeles y no contribuía.
Ella concluyó que Argentina era demasiada abierta y necesitaba límites.
La redada en Liniers formaba parte de una serie de operativos migratorios en curso.
La semana pasada en Once, un barrio de Buenos Aires famoso por su comercio textil y su población judía, la policía irrumpió en una galería comercial y detuvo a cuatro extranjeros que, según dijeron, tenían antecedentes penales y ahora enfrentaban a la deportación. Las autoridades publicaron imágenes de las detenciones en un video en redes sociales en el que los nombres de los cuatro migrantes aparecían en pantalla con una tipografía de la popular franquicia de videojuegos Grand Theft Auto.
Los resultados concretos de algunos de los operativos parecieron menos impresionantes. En Liniers, la policía identificó a 615 migrantes, de los cuales, según dijeron, solo 15 carecían de estatus legal.
No está claro cómo evolucionará la política de Milei ni cómo responderá la sociedad argentina a largo plazo, pero ya se nota un nuevo grado de ansiedad en los enclaves de inmigrantes.
Alan Romero, camarero de un restaurante boliviano en Buenos Aires, dijo que el presidente se empezó a comportar como un ‘yanqui’ y que ahora había que tener cuidado.
Lucía Cholakian Herrera y Daniel Politi colaboraron con la reportería.
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