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Los migrantes suelen ser acusados de todos los males en los países de acogida. No es un problema exclusivo de Colombia; tampoco de América Latina. Y aunque hay casos de delincuencia relacionada con la migración, hay mucha desinformación y tergiversación de la realidad. Un informe de Brookings Institution revela que esta percepción se da con fuerza en la región porque el fenómeno masivo migratorio es nuevo y hay mucho temor por su impacto en las comunidades receptoras.
El documento señala que los inmigrantes venezolanos cometen sustancialmente menos delitos que la población nativa con respecto a su proporción dentro de la población en general, lo que indica que las percepciones públicas sobre un alza de la criminalidad causada por los migrantes son erróneas, destacan los investigadores de Brookings Institution.
El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ya lo había aclarado en octubre del año pasado, cuando señaló que “la criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana. Los problemas de criminalidad que lamentablemente tenemos vienen de muchísimo tiempo atrás”.
Jorge Mantilla, investigador asociado del Great Cities Institute, Chicago, aclara en Razón Pública otro lado del debate: que el problema de la inseguridad no es la migración venezolana, sino los territorios en donde se está concentrando. Explica que el impacto de la migración sobre el crimen no depende de la nacionalidad de los que migran sino del proceso migratorio y la manera como se transforma la composición del territorio.
El investigador recomienda a las autoridades revisar tres factores de riesgo que podrían conllevar a un aumento de la criminalidad: inestabilidad residencial, heterogeneidad étnica y marginalidad concentrada. “A lo que nos enfrentaremos en los próximos años es a una crisis de doble cara en la que poblaciones vulnerables llegarán, como ya lo están haciendo, a territorios que ya son inseguros y en los que la informalidad, la persistencia de economías ilegales y el control territorial de organizaciones delincuenciales serán el mayor desafío”, advierte.
Xenofobia latente en América Latina
Son varias las instituciones en América Latina que han dejado un mensaje claro sobre la migración: es infundada la idea de que los millones de migrantes venezolanos están aumentando las tasas de criminalidad en los otros países. Así lo mencionaron expertos de Migration Policy Institute (MPI) y Brookings Institution en un informe de 2019. De acuerdo con la investigación, en Colombia los ciudadanos venezolanos representaron el 2,3 % de los arrestos por delitos violentos en 2019. En Perú, basados en datos de encarcelamiento como indicador de tasas de criminalidad, el 1,3 % de los presos son extranjeros, incluyendo venezolanos y otras nacionalidades. Y en Chile, solo el 0,7 % de las personas acusadas de algún crimen eran venezolanas.
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A estas cifras podríamos agregar que expertos de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER por su sigla en inglés) aseguraron que “en contraste con los temores xenófobos de que los migrantes puedan victimizar a los nativos, son los migrantes, y no los nativos, quienes enfrentan los riesgos asociados con la inmigración”. Y que según la Fundación Ideas para la Paz (FIP) los índices delictivos en Colombia no se han visto afectados por la llegada masiva de venezolanos.
Con todo y eso, los políticos en América Latina no son la excepción cuando se trata de estigmatizar a los ciudadanos venezolanos. Pese a que durante su campaña a la Alcaldía de Bogotá, la alcaldesa Claudia López insistió en que jamás utilizaría la crisis humanitaria para sembrar odio hacia la población migrante, ahora ella ha hecho varias declaraciones en contra de los venezolanos.
“Con el mayor respeto y con el llamado a que eso no genere ningún acto de xenofobia —la inmensa mayoría de los migrantes son gente humilde huyendo de una dictadura—, pero los hechos son tozudos y demuestran que hay una minoría de migrantes profundamente violenta, que mata para robar o por una requisa”, dijo López.
Algo muy similar ocurrió en Argentina, donde la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, dijo en una entrevista que en el gobierno de Mauricio Macri se permitió la entrada de “delincuentes” al país. Y en Perú, el segundo país de América Latina que más migración venezolana ha recibido, varios candidatos, ad portas de las elecciones generales del próximo 11 de abril, están proponiendo políticas migratorias que promueven la xenofobia. Como Daniel Salaverry, candidato de centro-derecha, que promete “deportar y expulsar a cualquier extranjero que esté en Perú de manera irregular o ilegal. Se acabó, vamos a implementar una leva con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que agarren a cualquier extranjero que no tenga regularizado su tema migratorio y para fuera”.
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Que el liderazgo político promueva la xenofobia puede aumentar los incontables riesgos a los que ya están expuestos los migrantes, como la violencia. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que el 30 % de los migrantes venezolanos se sentían discriminados, un porcentaje que ahora está en 55 %.
Las restricciones a migrantes no resuelven el crimen
Un siglo de investigación sobre los datos que proporciona el gobierno estadounidense ha sido concluyente: los ciudadanos nacidos en el extranjero (migrantes regulares o irregulares) cometen delitos con mucha menos frecuencia que los ciudadanos nativos del país.
Tomemos la documentación de los arrestos que hizo el Departamento de Seguridad Pública de Texas entre 2012 y 2018 solo como un pequeño ejemplo, destacando su condición de estado fronterizo: en relación con los inmigrantes indocumentados, los nativos estadounidenses tienen dos veces más probabilidades de ser arrestados por delitos violentos, 2,5 veces más de probabilidades de ser arrestados por delitos relacionados con drogas y más de cuatro veces de probabilidades de ser arrestados por delitos contra la propiedad, según una investigación de la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS por su sigla en inglés).
Es un ejemplo mínimo, pues la información que hay para probar que los migrantes no son el problema es vasta. Pero sumemos otros datos: un estudio del Instituto Cato de Estados Unidos señala que la posibilidad de que un refugiado asesine a un estadounidense mediante un ataque terrorista es de una en 3.600 millones. La posibilidad de que un inmigrante ilegal haga lo mismo también es astronómica: una entre 10.000 millones. Por otro lado, los ciudadanos no nativos constituyen apenas el 6 % de la población carcelaria del país, aunque comprenden el 7 % de la población total de Estados Unidos. Es decir, están subrepresentados, aunque los opositores a la migración muestren imágenes parciales para sugerir que son la mayoría.
El examen de la historia y de los datos oficiales, sin embargo, ha sido ignorado en debates políticos y campañas por candidatos populistas que asocian a los migrantes con la delincuencia con afirmaciones que fácilmente se pueden refutar, pues son falsas. El objetivo de estos, claro está, es ganarse al electorado incauto que desconoce la información real y cae presa del discurso del odio. Pero esta vinculación del migrante al crimen no solo alimenta la xenofobia, sino que, de fondo, contribuye a perpetuar el problema de la inseguridad, pues enfoca los esfuerzos públicos en atacar a la minoría que se encuentra en condición de vulnerabilidad con políticas que han demostrado ser ineficaces.
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Las investigaciones de organizaciones que vigilan la migración y la seguridad pública han señalado que las políticas que restringen la inmigración son ineficaces para controlar el crimen. El expresidente Donald Trump, por ejemplo, justificó las detenciones, deportaciones y la construcción de un muro como medidas de seguridad pública, pero los hallazgos de organizaciones como PNAS demuestran por qué políticas como las que formuló Trump no hacen nada para disminuir el crimen. El secreto, una vez más, está en los números.
“Es poco probable que eliminar a aquellos con tasas de delitos graves relativamente bajas reduzca el riesgo de victimización general”. Es decir, si las políticas responden al conjunto más minoritario que está causando el problema, no se podrá ver un impacto en los reclamos de seguridad pública ni ahora ni en el futuro. La aplicación agresiva de políticas migratorias solo produce un beneficio muy limitado para la seguridad pública que, para recalcar, es un problema serio de la comunidad nativa.
“Mejorar la seguridad pública es una cuestión complicada que no puede abordarse utilizando como chivo expiatorio a los residentes nacidos en el extranjero, sino invirtiendo en soluciones efectivas basadas en la comunidad que aborden las verdaderas causas del delito”, concluyeron los investigadores Nazgol Ghandnoosj y Josh Rovner en un ensayo publicado en The Sentencing Project.
La historia se repite en Europa
Europa tiene un largo recorrido en los procesos de migración. Desde 2015, el continente vive un aumento significativo en la llegada de migrantes y refugiados debido, entre otras cosas, a que el gobierno alemán, dirigido por Angela Merkel, decidió abrir las fronteras para colaborar con Grecia, que en ese momento estaba colapsada. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Austria vivió un aumento del 12 %, Dinamarca del 16 %, Irlanda del 17 %, Italia del 19 %, Luxemburgo del 8 %, Países Bajos del 13 % y Reino Unido un incremento del 7 %” con respecto al 2014. Debido a los conflictos políticos y sociales, la población siria y africana fueron las principales en llegar a suelo europeo.
Como era de esperarse, el flujo de migrantes se convirtió en un negocio para contrabandistas y redes de trata de personas. Un informe de Frontex, publicado en 2017, afirma que en 2016 se llevaron a cabo “511.371 detenciones de migrantes ilegales por parte de los Estados miembros de la UE, una disminución del 72 % en comparación con 1,8 millones de detenciones en 2015”. Ahora bien, esto no significa que la inseguridad haya aumentado por cuenta de ellos, como han querido hacer creer políticos como Viktor Orban, mandatario de Hungría, o el ultraderechista Matteo Salvini, en Italia.
De hecho, los ataques más graves de los últimos años han sido perpetrados por ciudadanos que, si bien pueden tener ascendencia africana o asiática, nacieron y fueron criados en Europa. La mayoría de los perpetradores de las muertes en París en noviembre de 2015 eran belgas; los ataques siguientes en Bélgica, en marzo de este año, fueron obra también de belgas. Los responsables del asesinato de buena parte de la planta de trabajo de la revista Charlie Hebdo eran franceses de padres argelinos. Entre 2014 y 2016 han ocurrido 25 atentados terroristas en Europa. Más del 80 % fue responsabilidad de sus propios ciudadanos, ligados a organizaciones exteriores.
Para rematar, según una encuesta del Pew Research Center, realizada en diez países europeos, el 59 % de los ciudadanos creen que cuanto más migrantes lleguen, mayor es la posibilidad de que haya ataques terroristas. El país que repunta es Hungría (76 %), que en el último año valló sus fronteras para cerrar el paso a los migrantes. Sin embargo, fuentes académicas afirman que se trata de una serie de narrativas y discursos con los que ciertos políticos buscan reforzar posiciones nacionalistas que rechazan al extranjero con el argumento de la seguridad.
Las investigadoras Ana Belén Estrada Gorrín, de la Universidad de Granada, y María Cristina Fuentes Lara, de la Universidad Rey Juan Carlos, aseguran en un estudio publicado el año pasado: “Las migraciones han marcado el discurso político en Europa, pero esto no debe observarse únicamente por el crecimiento de las fuerzas políticas ultraderechistas en Europa, sino a través del propio proceso de fortificación europea. Además de reforzar la seguridad, el humanitarismo es fundamental para mantener una coherencia discursiva acorde con los valores democráticos de los Estados europeos”.
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