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El pasado domingo, en horas de la noche, los edificios de la redacción de Télam, la agencia de noticias estatal más grande de América Latina, fue rodeada por efectivos de la policía. Con vallas se clausuró el lugar y el paso estaba cerrado. En la mañana del lunes, los 770 trabajadores de la agencia se levantaron con un correo, enviado por el interventor de medios públicos de Argentina, Diego Chaher, quien les informó de la “dispensa laboral” por siete días. Desde ese día, la página web del sitio anuncia que está en “reconstrucción”.
La acción llegó dos días después de que el presidente Javier Milei anunciara el cierre de la agencia, a la que consideraba “propaganda kirchnerista”. Este lunes, la administración de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano, anunció que el canal alemán Deustche Welle sería expulsado de todas las compañías de servicio de cable de Venezuela. A lo largo de este año, El Salvador y México han exhibido comportamientos similares. La lista de acciones que han tomado los gobiernos latinoamericanos para intimidar a la prensa e impedir la libertad de expresión sigue creciendo.
“La situación general para la libertad de prensa en América Latina es complicada. Son contextos distintos, realidades y países distintos, pero hay unas cuestiones estructurales que, en alguna medida, están presentes en toda la región”, explica Artur Romeu, directo de la Oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Tres son los problemas principales que detecta Romeu en la región. El primero, la violencia contra los periodistas y las periodistas. Tras un récord de 26 periodistas asesinados en 2022, la cifra en el 2023 fue de seis. Sin embargo, las desapariciones y las intimidaciones continuaron siendo preocupantes e instaron a “los periodistas a autocensurarse, lo que se traduce en la proliferación de agujeros negros informativos en la región, donde el crimen organizado y la corrupción encabezan la lista de temas por los que los periodistas se juegan la vida”, de acuerdo con el informe de RSF para el 2023.
El segundo problema es la concentración de la propiedad de los medios. Los grandes monopolios de la información tienen un gran impacto en la “calidad de la democracia, el pluralismo y la diversidad en el paisaje mediático de los países latinoamericanos”, afirma Romeu. El tercer problema, que no es tan solo un problema regional sino mundial, es la desinformación y la falta de integridad en la información que recibe el público. Especialmente con las redes sociales, en donde el contenido se mueve rápidamente y las campañas de noticias falsas, de odio y de hostilidad a la prensa se viralizan y se difunden ampliamente.
Órdenes desde arriba
En este panorama, el trabajo de los gobiernos para garantizar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información debería ser más fuerte. Pero no ha sido el caso. Regímenes autoritarios, como Nicaragua y Venezuela, han hecho sistemática la persecución a periodistas y medios independientes. Estados que tradicionalmente han estado bien situados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, empezaron a mostrar síntomas de hostilidad hacia la prensa, ejemplificado con el caso de Argentina.
“El uso de la desinformación y la propaganda, casi siempre ligado a la violencia en las redes contra periodistas y medios, se está normalizando y es ya un elemento en toda regla de la estrategia de los líderes políticos, que refuerzan así su control sobre el discurso público”, establece RSF.
Lo que Romeu llama “una estrategia de liderazgos políticos para fragilizar la crítica pública hacia sus gobiernos y crear una mayor homogeneidad de su base de apoyo político” no es propia de solo una parte del espectro político. Por un lado, en El Salvador, que está en el puesto 115 del ranking de RSF, el mandatario Nayib Bukele ha atacado y amenazado periodistas no afines a su gobierno, dedicando incluso una mención a Juan Diego Quesada, periodista de El País quien le preguntó sobre el deterioro de la democracia en su país, en su discurso tras autoproclamarse ganador de las elecciones presidenciales.
Por otro lado, está Venezuela, ubicada en la posición 159 del ranking, que tiene una política de “hegemonía comunicacional” que se remonta al mandato de Hugo Chávez. Según la ONG Espacio Público, entre 2003 y 2023 se han cerrado unos 408 medios de comunicación, en un “un contexto en el que la ciudadanía precisa informarse, en medio de una emergencia humanitaria compleja, desigualdad profunda y una ola de migración masiva”. Con el suceso más reciente, la expulsión del canal Deustche Welle, el gobierno de Maduro acusó al medio de “nazi” y de “difamar y propagar odio contra Venezuela”.
A diferencia de los casos anteriores, Télam era un medio público. Su cierre, de acuerdo con el vocero presidencial, Manuel Adorni, obedece a que este tenía “pérdidas en torno a los 20.000 millones de pesos argentinos (unos US$23 millones)” y no tenía “nada que ver con el pluralismo de la información ni con cuestiones vinculadas a la libertad de prensa”. Sin embargo, los argumentos de Milei son muy parecidos a los de otros gobiernos, que acusan a medios que cuestionan sus prácticas de ser “propaganda”. En el caso de Argentina, propaganda peronista.
“El cierre de Télam tiene, por supuesto, un impacto directo sobre el acceso a la información de la ciudadanía argentina. Pero también, yo diría, simbólico, y que trasciende las fronteras en términos de mensajes políticos que envía el presidente Javier Milei con respecto a la comunicación pública, el pluralismo y las garantías y el hecho que los Estados deben promover y garantizar activamente el pluralismo del país. El cierre de una agencia de noticias pública con casi 80 años de historia es en la dirección absolutamente contraria a lo que entendemos que es necesario en términos de pluralismo y diversidad en los medios”, asevera Romeu.
El argumento de la propaganda, usado para desprestigiar el trabajo de los medios, como indica el director de RSF para América Latina, no es nada nuevo. Eso sí, es una tendencia que se consolida y “que tiene mucha resonancia en un ambiente en el que hay mayor desconfianza por parte de la ciudadanía sobre el trabajo periodístico”, impulsada por los mismos gobiernos.
En Argentina, la gente salió a protestar a las calles por el cierre de Télam. Parados frente a los edificios acordonados por la fuerza pública, los argentinos tenían pancartas en las que se leía “Defendemos Télam. Defendemos la democracia”. Aunque los medios se solidarizaron con la agencia de noticias estatal, la respuesta de El Clarín resaltó entre ellas.
“Nadie va a llorar por Télam”, escribió Joaquín Morales Solá, un periodista del Grupo Clarín, en su editorial. “Télam no era una agencia de información del Estado. Era una agencia que informaba de las cosas que el kirchnerismo quería que se informe con una cantidad de personal que no se justifica de ninguna manera”.
Una declaración como esta, declara Romeu, es justamente la representación de una visión cerrada de lo que es la libertad de la información. Cuando un periodista o un medio es amenazado en el ejercicio de su oficio, es una amenaza para toda la sociedad, cuyo derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información debe estar garantizado.
Mientras la libertad de prensa siga siendo coartada, toda la sociedad está en peligro. Cuando las órdenes vienen desde los mismos gobiernos que tendrían que proteger la libertad de expresión y de información, impulsados por un clima de desconfianza y hostilidad, “la función social del periodismo [que] tiene que ver con el ejercicio del control social sobre el poder” seguirá siendo más importante que nunca.
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Por María José Barrios Figueroa
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