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La presión sobre una Cuba cada vez más asfixiada es evidente, a pesar de las actuales negociaciones entre Estados Unidos y La Habana. El Departamento de Justicia, tras 30 años, busca presentar cargos contra Raúl Castro —expresidente, figura clave de la Revolución Cubana y hermano de Fidel Castro— por presuntamente haber ordenado el derribo de un vuelo humanitario procedente de Estados Unidos, hecho que provocó la muerte de cuatro tripulantes cubano-estadounidenses.
La posible imputación, que requeriría la aprobación de un gran jurado federal, se centraría en el incidente ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos derribaron dos aeronaves civiles pertenecientes a la organización humanitaria Hermanos al Rescate, con sede en Miami. Las cuatro víctimas fueron Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales.
Hermanos al Rescate fue una organización de aviadores cubano-estadounidenses fundada en Miami en 1991 para asistir a balseros cubanos durante el “Período Especial” mediante vuelos de búsqueda y rescate coordinados con la Guardia Costera de Estados Unidos.
No obstante, además de su labor humanitaria, también realizaba acciones políticas, como el lanzamiento de panfletos antigubernamentales cerca del espacio aéreo cubano, lo que provocó tensiones con el gobierno de Cuba y con Raúl Castro, entonces ministro de Defensa.
Según Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la eventual acusación contra Raúl Castro se sustentaría en tres elementos principales: la ciudadanía estadounidense de las víctimas, el carácter civil de las aeronaves —lo que, según esta interpretación, descartaría cualquier justificación militar para su derribo— y el hecho de que estaban registradas como propiedad de ciudadanos estadounidenses. La controversia jurídica, no obstante, sigue centrada en un punto clave: determinar si las aeronaves fueron derribadas en aguas jurisdiccionales cubanas o en espacio aéreo internacional.
El analista señaló que organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), han concluido que las aeronaves no fueron derribadas dentro de aguas jurisdiccionales cubanas. En ese sentido, sostiene que la posible responsabilidad de Raúl Castro se vincula directamente con su cargo como ministro de Defensa en aquel momento, aunque aclara que cualquier determinación de responsabilidad penal deberá surgir de una investigación judicial formal.
“Estaríamos ante un caso sin precedentes en la jurisprudencia estadounidense: el juzgamiento penal de la responsabilidad política de un exmandatario”, afirmó Cuesta.
En el material probatorio que eventualmente podría incorporarse al caso se incluyen audios grabados en junio de 1996, con una duración de 11 minutos y 32 segundos, que fueron registrados y posteriormente transferidos a un antiguo disco compacto. En estas grabaciones, una voz atribuida a Raúl Castro hace referencia a instrucciones relacionadas con la intercepción de aeronaves.
En uno de los fragmentos se escucha: “yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban”, mientras que en otro momento se añaden advertencias sobre los riesgos de derribar aeronaves en zonas urbanas: “Con un cohetazo de esos, avión contra avión, lo que cae es una bola de fuego que puede terminar sobre la ciudad”.
En otro pasaje del audio se afirma: “Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan y no consulten a los que tienen facultades”.
El eventual impacto de una acusación de este tipo sería significativo en el contexto actual. Según Cuesta, si estas imputaciones llegaran a formalizarse, podrían provocar el fin de las conversaciones entre Estados Unidos y La Habana, además de reactivar un escenario de alta tensión diplomática entre ambos países, posiblemente hasta un punto de difícil retorno.
No obstante, el analista también advierte que este tipo de movimientos judiciales puede entenderse dentro de una estrategia más amplia de presión política por parte de Estados Unidos hacia el gobierno cubano, en la que se combinan herramientas jurídicas, diplomáticas y económicas.
Uno de los compañeros de las cuatro víctimas, Arnaldo Iglesias, afirmó a El País que considera poco probable una acción judicial directa contra Raúl Castro. A sus 94 años, difícilmente sería enviado a Estados Unidos incluso si se comprobara su responsabilidad. Sin embargo, sostuvo que una eventual imputación tendría un fuerte valor simbólico para los familiares y allegados de las víctimas, quienes llevan tres décadas reclamando justicia y verdad por lo ocurrido.
El caso, como recordó el diario español, fue relegado durante administraciones como la de Barack Obama y retomado recientemente bajo el gobierno de Donald Trump, en el marco des u política de presión hacia Cuba. “No sé si veremos a Raúl Castro ante un tribunal estadounidense, pero quisiera el pleno reconocimiento de la verdad. Que quede establecido que cuatro hombres fueron asesinados por una dictadura durante una misión humanitaria”, expresó Iglesias.
“El mensaje desde Washington al resto del mundo es que el gobierno cubano enfrenta dos tipos de problemas judiciales: uno de carácter económico, vinculado a posibles indemnizaciones, y otro de carácter penal relacionado con este caso específico”, explicó Cuesta.
Este escenario presenta similitudes con casos previos en que presiones políticas y legales precedieron acciones más drásticas. Un ejemplo relevante es la situación venezolana: antes de ejecutar cualquier operación militar, el Departamento de Justicia de Estados Unidos suele presentar cargos —por ejemplo, por narcotráfico— que facilitan la cooperación internacional, la emisión de órdenes de captura y sanciones, como fue el caso de Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero de este año.
“Hay similitudes en la pretensión estratégica y el marco operativo con el caso de Venezuela, donde una acción judicial previa sirvió como base para una incursión militar. Sin embargo, hay duda sobre si se intentaría que una sustracción de Raúl Castro tenga sentido judicial, por lo que reactivar esta acusación se entiende más como una ampliación de capas de presión política. La pregunta abierta es si esta operación contribuye realmente a la transición a la democracia en Cuba”, afirmó Cuesta.
Finalmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha emitido una declaración oficial al respecto, mientras que el gobierno cubano tampoco se ha pronunciado sobre las acusaciones mencionadas.
El desarrollo de este caso, si es que se materializa, podría tener implicaciones relevantes en el futuro de las relaciones bilaterales y en la ya histórica tensión entre Washington y La Habana.
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Por Laura Henao Arévalo
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