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Hace solo una semana, 225 de las más de 1.800 personas que fueron procesadas y encarceladas tras las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela fueron liberadas por petición de Nicolás Maduro, quien le dijo al fiscal general, Tarek William Saab, que había posibles “errores procedimentales” en sus casos, por lo que había que revisarlos. Aunque sonaba positiva, quienes siguen con lupa la situación en Venezuela sabían que no había nada que celebrar con esa noticia.
“Generalmente, después de esas excarcelaciones viene otro pico de represión”, pensó en su momento la venezolana Nastassja Rojas Silva, profesora e investigadora en derechos humanos.
Maduro ha instalado una política que en su país conocen como la “puerta giratoria”, explica Rojas. Un preso sale de la cárcel, pero otro no se demora en entrar. El régimen, dice la experta, ha intentado que el número de personas detenidas se mantenga en el tiempo para no perder su margen de negociación con el exterior, por lo que siempre hay que mirar la excarcelación de presos con recelo. Y para seguir reteniendo personas a su antojo, Maduro ha usado mecanismos cada vez más autoritarios, como el que aprobó el jueves la Asamblea Nacional de corte oficialista.
El Parlamento venezolano diseñó, debatió y aprobó en menos de dos semanas Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, la cual, según el régimen, busca “hacerle frente al bloqueo estadounidense”, castigando a aquellos que han solicitado o apoyado sanciones internacionales contra Venezuela. Para la experta, la rapidez con que se aprobó el proyecto, junto con el proceso poco transparente de su discusión, subraya un modelo autoritario que busca cerrar los espacios de participación política. ¿Cómo funcionará?
Rojas explica que esta no es más que otra herramienta que usará Maduro para continuar alimentando su estrategia de “soltar y atrapar” opositores. Aunque no se menciona explícitamente a opositores de manera nominal, el funcionamiento de otros mecanismos similares anticipa que quienes sufran la nueva medida serán aquellas voces contrarias al Gobierno.
Hay dos enfoques preocupantes con esta nueva medida. El primero es que, según dispone el Artículo 1 del texto, esta nueva ley no solo afecta a personas naturales, sino también impactará a organizaciones, incluidas ONGs y medios de comunicación, que serían objeto de severas sanciones, como prisión o confiscación de bienes, si se les asocia con pedidos de sanciones contra Venezuela. Incluso podrían sumárseles acusaciones de terrorismo y traición a la patria, lo cual podría aumentar sus penas de prisión.
El cerco contra los medios no es nuevo en Venezuela. Desde 2007, con la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos), el gobierno ha impuesto una regulación estricta sobre los medios, con el argumento de “proteger el orden público y la estabilidad nacional”. Los medios que no se alinean con el discurso oficial enfrentan múltiples sanciones, que van desde multas hasta la revocatoria de concesiones o incluso la intervención del gobierno, pero esta nueva medida va un paso más allá con la criminalización de la prensa.
En segundo lugar, quienes violen la ley podrían quedar habilitados administrativa o judicialmente para un cargo público, algo que se conoce bien en Colombia, ya sea de manera temporal o incluso de por vida. Rojas subraya que la ley tiene un carácter flexible en su interpretación, lo que la hace aún más peligrosa, ya que permite que el régimen se proteja y persiga a cualquier persona u organización que sea vista como una amenaza.
Según el oficialismo, la llegada de esta ley es una respuesta a la recién aprobada Ley Bolívar en Estados Unidos, que busca prohibir las transacciones con varias figuras del gobierno venezolano, pero Rojas apunta a que el verdadero telón de fondo está en el contexto político de Venezuela. En agosto, luego de las elecciones presidenciales, Maduro anunció elecciones para diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes y concejales.
“En el 2025 lo que viene es la mamá de las elecciones, una megaelección porque se tiene que elegir la Asamblea Nacional diputados y diputadas, se tienen que elegir los 23 gobernadores por estado y se tiene que elegir las 335 alcaldías, los 23 consejos legislativos y los 335 consejos municipales”, anunció Maduro.
Esta nueva ley crea un clima de miedo e inseguridad, particularmente de cara a las elecciones de 2025, al dificultar la capacidad de la oposición y de la ciudadanía para movilizarse y expresarse políticamente. Los opositores, como María Corina Machado, que ya enfrentan restricciones para ejercer cargos públicos, podrían ver en esta ley un nuevo intento de silenciar toda disidencia interna al asociarla con traición o colaboracionismo con potencias extranjeras en un momento crucial.
“Va a hacer que puedan perseguir e infundir más temor a quienes decidan participar en las próximas elecciones de 2025. Es un cierre absoluto de los espacios públicos y está pensado para que no ocurra la movilización ciudadana que se vio con las pasadas elecciones. Se está buscando un modelo parecido al cubano, en el que casi que va a ser el PSUV el partido único que participe en las elecciones”, explica la experta, quien, por ahora, no ve cómo detener el uso de presos como peones en el juego de ajedrez de Maduro.
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