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Los acercamientos de Estados Unidos y la oposición venezolana con Nicolás Maduro, que empezaron a descongelar las relaciones hace unos meses, tenían un propósito muy básico de fondo, más allá de resolver las incógnitas electorales que persisten en el país: evitar que el oficialismo se radicalizara.
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En ese sentido, de manera simultánea, el Acuerdo de Barbados abrió la puerta a un canje de presos y a la flexibilización de sanciones económicas, dos cosas que Maduro estaba buscando con ansias. A cambio, el oficialismo ofreció la posibilidad de habilitar otras candidaturas presidenciales.
Sin embargo, cuando Maduro obtuvo lo que buscaba de su contraparte, pateó la mesa de diálogo e inició el proceso de radicalización que se temía que pudiera ejecutar. En menos de 20 días, el gobierno reiteró sin presentar argumentos sólidos la inhabilitación de la principal rival de Maduro, María Corina Machado, y lanzó una operación para perseguir a figuras opositoras bajo la excusa de supuestos complots para atacar al mandatario, sin presentar pruebas.
El remate vino el jueves: expulsó al personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Venezuela, uno de los organismos que velaban por la sociedad civil y que recogían las denuncias de abusos perpetrados por el gobierno.
“Este incremento desmedido de la represión, no solamente con la detención de figuras como Rocío San Miguel y su familia, sino también con la decisión de expulsar a los miembros de la Acnudh. También hay que destacar otras detenciones y el avance en la Asamblea Nacional para aprobar una ley para la fiscalización de organizaciones no gubernamentales, que es una ley que se parece muchísimo a la que aprobó Nicaragua en 2018”, le dijo Laura Dib, directora del Programa Venezuela en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), a El Espectador.
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A raíz de este aumento de las acciones represivas, varios expertos y analistas como Dib han apuntado a una “nicaraguanización” de Venezuela. Es decir, una adopción del modelo de Daniel Ortega que, también castigado por las sanciones estadounidenses, optó por lanzar una serie de medidas para obtener el control total y aferrarse al poder en 2018.
Hay dos grandes incógnitas frente a esto. La primera es, ¿por qué ahora? Periodistas venezolanos que hablaron en anonimato apuntan a que Maduro está asustado desde hace un buen tiempo de la posibilidad de un golpe de Estado. Es por eso que en julio de 2023 empezó a reforzar sus llamados a la activación de sus “Escuadrones de Paz”, unas cuadrillas conformadas por campesinos que tienen el propósito de “defender la soberanía” junto con las fuerzas armadas.
Otra razón que se baraja es que, con estos nuevos presos políticos, Maduro estaba buscando nuevas “fichas de cambio” para negociar más concesiones con Washington. Pero Dib dice que esto podría también responder a la amenaza que ve el gobierno en este año electoral y la posibilidad de no ganar los comicios.
La otra gran incógnita es qué se puede hacer para contener la arremetida de Maduro. ¿Volver a las sanciones? Estas no solo fueron incapaces de contener la represión antes, sino que, como Dib recuerda, terminan afectando a la población y legitimando el discurso del oficialismo.
“El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación (Michael Fakhri) advirtió del impacto negativo de estas sanciones para la población esta semana”, dijo Dib.
Con el canje de Alex Saab, empresario acusado de ser el testaferro del mandatario, la oposición parece no contar ya con una “moneda de cambio” de peso para tentar a Maduro a sentarse en la mesa de diálogo y lograr que cumpla sus compromisos firmados.
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“Esencialmente, Estados Unidos se ha quedado sin formas de presionar a Maduro. ¿Cómo se amenaza a un régimen que ya ha aguantado múltiples intentos de golpe, una invasión mercenaria fracasada y años de sanciones económicas?, le dijo Geoff Ramsey, analista de The Atlantic Council, a Voz de América.
Por ahora esa pregunta está en el aire. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó el viernes que en estas semanas se estudiará el caso y se tomarán decisiones en abril, cuando expiren las licencias que se le concedieron a Maduro para la explotación de petróleo y gas. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, dejó entender que el enfoque seguirá siendo el calendario electoral.
“La única salida es a través de la hoja de ruta electoral, en una forma pacífica. En eso vamos a continuar trabajando”, aseguró Palmieri.
Pero mientras Estados Unidos se toma unas semanas para estudiar sus opciones, Maduro se mueve rápido para blindar su agenda y busca el respaldo de más aliados. El martes recibirá al canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien vuelve al país solo 10 meses después de su último viaje. Este, aseguran periodistas locales, se haría para preparar una visita de Maduro a Moscú.
También ha recibido un respaldo sutil del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien pese a recibir llamados de la diáspora venezolana y diferentes sectores de la política nacional e internacional, se ha resistido a condenar con vehemencia a Maduro. Incluso, Petro ha tratado de restar importancia a las razones políticas que han llevado a millones de personas a salir de Venezuela. El viernes aseguró que las personas del sur global migran “porque el agua se seca”. Si bien las condiciones climáticas pueden ser uno de los factores de la migración, hay otros componentes que el mandatario ha decidido no tratar.
La región parece totalmente dividida frente a este tema. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay formaron un bloque para condenar las últimas acciones de Maduro. Del otro lado del espectro político están Colombia, Brasil y México, que se abstienen de ejercer presión sobre el oficialismo venezolano.
“No creo que haya un silencio de la izquierda, sino una mediación. Y, por el contrario, no es el momento para la política de redes sociales y grandes gritos, sino para una diplomacia de alto nivel que procure la liberación de presos políticos y que estos se conviertan en una ficha de cambio, sino que, por el contrario, si desea legitimidad, y tener garantías políticas en medio de una posible del poder transición”, concluye Dib.
No obstante, a medida que los efectos de la radicalización de Maduro van atravesando las fronteras, el vecindario deberá ser más consciente de la urgencia de la mediación para contener sus acciones. A la posibilidad de una nueva ola migratoria, como la que ocurrió en períodos pasados por la represión política, y que han advertido expertos, se suma la tensión militar con Guyana por la disputa de la zona del Esequibo. Maduro continúa agregando tropas en la frontera, alimentando una escalada de nuevo.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Csis) presentó evidencia de que Venezuela está construyendo una base militar en la isla Anacoco. También están los impactos que pueden tener los llamados “barcos fantasma” que usa Venezuela para mover su petróleo y esquivar sanciones.
Según una investigación de Belingcat, detrás del derrame de petróleo de la semana pasada, que causó una emergencia nacional en Trinidad y Tobago, se encuentra un barco que ha visitado regularmente puertos petroleros en Venezuela. Si Maduro opta por su radicalización y debe optar por las flotas fantasma para mover su petróleo, la región se enfrentaría a posibles casos como el que se investiga en las playas trinitenses.
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