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En medio del “Super Bowl electoral” que estamos viviendo en este 2024, con casi 70 comicios en todo el mundo, el turno hoy es para México, que afronta elecciones presidenciales y parlamentarias en un panorama bastante complicado y polarizado en el que se espera que por lo menos 98 millones de los 127 millones de habitantes del país vayan a votar. Después de seis años de gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los mexicanos tienen frente a sí dos opciones bastante claras: continuar con su heredera política, Claudia Sheinbaum, o cambiar por completo con la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez.
Han sido casi un centenar de días de campaña en los que los programas sociales, el fuerte del sexenio de AMLO, han sido el bastión de la campaña para Sheinbaum, quien en el último reporte de encuestas de la plataforma Poll marcaba un favoritismo del 55 % contra un 31 % de Gálvez, quien recoge las banderas de movimientos tradicionales de la política mexicana como el PAN (Partido Acción Nacional), PRI (Partido Revolucionario Institucional) y PRD (Partido de la Revolución Democrática). Ha sido un “cabeza a cabeza” entre dos opciones opuestas que, como en la mayoría de los escenarios políticos modernos, han polarizado el ambiente. En realidad, son tres opciones, pues también está el candidato independiente Jorge Álvarez Máynez, de 38 años, pero las encuestas solo le dan un 5 % de favoritismo. Esto le da a México casi por sentada una oportunidad histórica: por primera vez puede tener una mujer como presidenta. Pese a lo significativo que pueden ser, los resultados de los comicios no dejan de estar cobijados por una sombra de violencia e inseguridad que ha opacado las campañas electorales.
“En materia de seguridad, México está viviendo el escenario más retador, más violento, con más incidentes de criminalidad en la historia. Esa es la primera realidad a afrontar”, explica Edmundo Sandoval, director asociado del equipo de análisis de riesgos de Control Risks. Según cifras del gobierno, son al menos 22 los asesinatos relacionados con violencia política en los últimos meses. Sin embargo, las estimaciones de organizaciones ciudadanas como la consultora Data Int contabilizan 28 asesinatos, mientras que Data Cívica reportó 10 en el primer bimestre de 2024 y 11 en la segunda mitad de 2023. También, la organización Laboratorio Electoral publicó el 2 de abril un informe que ha documentado 50 asesinatos relacionados con las próximas elecciones. Esto supera los 43 homicidios de los anteriores comicios presidenciales de 2018. Sandoval aclara que, aunque fue una problemática que se intensificó en el sexenio de AMLO, es un tema recurrente. “Las cifras generales de criminalidad, pero en particular las de homicidios, muestran una clara tendencia exponencial, particularmente a partir de hace dos sexenios, durante el gobierno de Felipe Calderón. Empieza la estrategia de la guerra contra el narcotráfico y se disparan sobre todo los crímenes violentos, en particular los homicidios”, añade.
En esta misma línea, hay que resaltar que la responsabilidad de López Obrador en la situación actual en materia de seguridad no es menor. Junto con la corrupción, han sido los frentes más débiles de su administración. “El presidente López Obrador inició su mandato con una promesa de un cambio en la estrategia de seguridad, erradicar las causas estructurales de la violencia, lo cual significa atender justamente el tema de las desigualdades sociales. Sin embargo, esta estrategia de seguridad, lejos de contribuir a la pacificación del país, ha agravado la situación en algunos estados, especialmente considerando el alto número de homicidios que hay en el país”, explica Jonathan De Vicente, director de incidencia política en la organización México Unido Contra la Delincuencia. De Vicente complementa remarcando que los planes de gobierno de AMLO incluyeron darles mucho más facultades a las Fuerzas Armadas, como encargándoles el control migratorio y dándoles casi el 80 % (según De Vicente) de participación en la Guardia Nacional (la policía mexicana). “La Guardia Nacional, que está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una institución civil, en algún momento pasó su mando operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual es problemático, sobre todo porque le imprime un carácter militar”, explica. También añade que hubo varios intentos de que la Guardia Nacional quedara por completo bajo la administración de la Sedena, pero quedó en un limbo administrativo en lo que va de 2024 y nunca se logró.
Ya es una constante, por lo menos en los últimos 18 años, que la seguridad esté en primer plano en la agenda mexicana. “Después del empleo y la economía, la seguridad y la violencia son los temas más importantes de las elecciones desde 2006. En esta ocasión, no hay excepción; también es un tema fundamental. Sin embargo, es un tema sumamente complejo, atravesado por distintas percepciones e inequidades. La violencia letal se concentra en algunos estados y municipios de México y convive con la prosperidad, el auge económico e incluso una mejora en indicadores de seguridad. Por ejemplo, la Ciudad de México ve un auge económico y también una disminución de algunos indicadores de violencia”, acota Andrés Besserer, doctorando en ciencia política de la Universidad de Nueva York.
Es también en este contexto específico que esta problemática se volvió un elemento politizado. Mientras Sheinbaum defendía las cifras de la agenda AMLO, Gálvez se centraba en atacar la gestión. “El presidente siempre va a querer justificar lo injustificable, pero ya quiero ver a Sheinbaum defendiendo este punto”, dijo la opositora antes de uno de los debates, y añadió “El presidente encontró un desastre (en seguridad), pues deja un peor desastre. estamos peor que antes”. Sin embargo, De Vicente recalca que más allá de los ataques, lo más problemático es que ninguna de las tres campañas presidenciales abordó de lleno soluciones para cortar el ciclo de violencia, mayoritariamente ligado al narcotráfico. “Lo que observamos con esto es que las propuestas de la oposición no tienen un plan concreto para garantizar la desmilitarización de la seguridad pública. Xóchitl Gálvez propuso construir una mega prisión al estilo de lo que estaba sucediendo en El Salvador, y también sugirió una confrontación directa con los grupos criminales, argumentando que la estrategia de ‘Abrazos, no balazos’ (campaña de AMLO) no había funcionado. Mientras tanto, Álvarez se limitaba a decir que era importante el fortalecimiento de las policías estatales y locales”, cuenta De Vicente.
Sandoval, de Control Risk, remarca que no solamente es electoralmente la incidencia, como se ha visto en estos meses, sino también en las diferentes esferas de la sociedad: “El crimen organizado tiene el control del comercio de limón, aguacate y naranja, incluso emplea esquemas de lavado de dinero, como el uso de remesas provenientes de Estados Unidos. Esto convierte el problema en algo más que una cuestión de seguridad pública; se trata también de integración política, comercial y de capital ilícito en la economía formal”.
Por ahora, el reto está en que las elecciones de hoy transcurran lo más tranquilas posible y ese reto todavía es del presidente López Obrador. Para esto, anunció que por lo menos 27.000 efectivos militares iban a estar vigilando las elecciones. Para De Vicente, el Instituto Electoral de México tiene una tarea “titánica”, de garantizar que se pueda cumplir el ejercicio democrático, desde instalar los puestos de votación, o casillas, lograr que el crimen organizado no impida que los ciudadanos voten (algo común en algunas regiones), o que no se roben las urnas con los votos. “Son muchos los factores, pero sobre todo en días como este hay desánimo en las urnas al elegir a nuestros representantes (…) También hay esta sensación de que no hay un proyecto de nación que sea atractivo para muchas personas, a pesar de que es significativo que las mujeres estén conteniendo y tengan la posibilidad de quedar al frente de la presidencia”, concluye.
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Por Hugo Santiago Caro
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