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Nicolás Maduro pasará a la historia como el peor presidente de Venezuela para Colombia y los colombianos. A pesar de ser hijo de una colombiana, la cabeza del régimen venezolano fue el promotor de un discurso xenófobo contra nuestros connacionales en Venezuela, entre 2014 y 2015, a quienes responsabilizaba de la crisis económica al contrabando de extracción y aducía que el crecimiento de la violencia era el modus operandi de los paramilitares colombianos. Esos señalamientos de Maduro concluyeron en la muerte de muchos colombianos en las denominadas Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP), tema que aún está pendiente por investigar, y la salida “voluntaria” de más de 32.000 compatriotas en agosto de 2015, cuando dichas operaciones llegaron a la zona de frontera y dio inicio a la actual crisis de movilidad humana.
Como presidente, Maduro ha descalificado, insultado y acusado a las autoridades y los representantes del Estado colombiano. Pero antes, como canciller, destruyó toda la institucionalidad diplomática existente entre los dos países. Las comisiones y los mecanismos existentes entre los dos Estados fueron desmantelados en su paso por la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana. Hoy la relación entre Venezuela y Colombia se encuentra en su peor momento, sin relaciones diplomáticas, sin relaciones consulares, sin canales de comunicación entre Bogotá y Caracas, y reducida a la diplomacia del megáfono entre los presidentes Duque y Maduro.
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Si la relación con el régimen dictatorial de Maduro es mala, la relación con la oposición venezolana debe ser revisada. Ningún gobierno colombiano ha apoyado tanto a los sectores opositores venezolanos como el que preside Iván Duque. El reconocimiento a Juan Guaidó como el presidente encargado de la transición por las autoridades colombianas y el apoyo de Colombia en los escenarios multilaterales han resultado definitivos para la viabilidad de la estrategia del gobierno de transición propuesta por el denominado G4, los cuatro principales partidos opositores: Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática.
Pero el apoyo irrestricto de Duque a la oposición venezolana no parece ser correspondido. Muchas veces pareciera que la gratitud de la oposición quedara en palabras, mientras que sus acciones la contradicen. Desde el principio el comportamiento de la oposición venezolana deja mucho que pensar.
Las autoridades responsables de las relaciones internacionales del Estado colombiano deciden reconocer a los agentes diplomáticos de la Asamblea Nacional, Parlamento venezolano de mayoría opositora, y ellos nombran como embajador en Colombia a Humberto Calderón Berti. Ese nombramiento fue muy mal recibido por los que conocen la historia de la relación bilateral. Calderón Berti es lo que en el mundo diplomático se conocía como un anticolombiano, actores del establecimiento venezolano que en los años 70 y 80 torpedearon las negociaciones adelantadas por los dos países para resolver el diferendo limítrofe del golfo de Coquivacoa o golfo de Venezuela. Las posturas contra los intereses colombianos de Calderón Berti en el pasado hacían que su nombramiento como embajador ante el Estado colombiano no fuera considerado por muchos un acto amistoso, y de hecho sorprendió que el gobierno de Duque aceptara sus credenciales.
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A finales de febrero de 2019, el Gobierno colombiano valoró erradamente la situación en Venezuela, tomó como verdaderas las palabras de la oposición venezolana sobre la debilidad del régimen de Nicolás Maduro. La oposición vendió con éxito la idea de que el régimen estaba agonizando, que había perdido el apoyo popular y que las Fuerzas Armadas necesitaban una señal contundente de la comunidad internacional para retirarle el apoyo al chavismo. El ingreso de la ayuda “humanitaria” fue el detonante que desencadenaría el colapso de la dictadura y permitiría el regreso a la democracia. Colombia, Paraguay, Chile, EE. UU., entre otros, escucharon los cantos de sirena de la oposición venezolana.
El resultado fue terrible, al presidente colombiano, que había anunciado que “a la dictadura de Venezuela le quedaban muy pocas horas”, le pedían explicaciones sobre la quema de la ayuda “humanitaria” con bombas incendiarias lanzadas por encapuchados de la oposición. Para muchos países del sistema internacional, entre los que están los que claman por el regreso a la democracia en Venezuela, lo sucedido ese día fue un error que terminó favoreciendo al régimen chavista. Si bien la responsabilidad de todo lo que ocurrió ese día fue de las autoridades colombianas, no se puede negar que la oposición en su afán de salir de la dictadura estaba dispuesta a poner al Estado colombiano en dificultades.
En septiembre de ese mismo año, el presidente Iván Duque, en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, presentó un documento con el cual buscaba desenmascarar al régimen venezolano, documento que sustentaba graves acusaciones y con el cual se le solicitaba a la ONU actuar contra la dictadura de Maduro. Pero el documento que se elaboró parcialmente con información obtenida por una ONG opositora fue desvirtuado cuando esta no soportó las primeras revisiones de los medios de comunicación. La denuncia del Estado colombiano por la anuencia del régimen venezolano a los actores de la ilegalidad colombiana quedaba deslegitimada por información que no fue contrastada. Nuevamente la responsabilidad era de las autoridades colombianas por un exceso de confianza en las fuentes opositoras.
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Después pasó lo peor: la Operación Gedeón. Un grupo de venezolanos usaron territorio colombiano para preparar una incursión en Venezuela que buscaba supuestamente capturar al presidente Nicolás Maduro. La operación fue un fracaso y los mercenarios contratados develaron los vínculos con J. J. Rendón y colateralmente con el gobierno de transición. No se tiene claridad sobre la participación o el nivel de conocimiento de Juan Guaidó sobre esa “chambonada”, pero por esos días aludió a que explorarían todas las posibilidades.
Al parecer algunos cuerpos de seguridad del Estado colombiano estaban enterados e incluso adelantaron acciones contra el abastecimiento de armas de estos grupos, pero por lo que se sabe, todo fue a espaldas del Gobierno colombiano. Esto es grave, porque el discurso del país contra el régimen chavista se cimenta en los vínculos de las autoridades venezolanas con actores del terrorismo colombiano que se refugian en Venezuela y orquestan planes contra Colombia y sus instituciones. El país no puede permitir que desde su territorio se organicen acciones contra otros Estados, independientemente de la naturaleza y tipo de su régimen político. Finalmente, el episodio evidenció que algunos actores de la oposición están dispuestos a meter a Colombia en una guerra con Venezuela con tal de salir de Maduro, sin importarles las consecuencias que esto pueda tener para el país.
De otro lado, el caso de Monómeros deja muchas dudas sobre el comportamiento de la oposición, la presunta corrupción con la cual se ha dispuesto de la empresa por los agentes nombrados por el gobierno de Guaidó, no solo esconde la falta de transparencia y mina la confianza de las autoridades colombianas, sino que pone en riesgo empleos y puede generar afectaciones en sectores agrícolas colombianos.
Y como colofón, el cambio de embajador y la posterior vacancia de la embajada. Calderón Berti ha denunciado que fue retirado de la embajada por no prestarse para los actos de corrupción que se querían hacer en Colombia, fue removido sin mayores explicaciones a las autoridades colombianas y posteriormente se nombró a Tomás Guanipa, al cual se le extendió la alfombra roja, pero quien se fue a participar en las negociaciones de México y posteriormente terminó de candidato, dejando el puesto de embajador vacante desde entonces y enviando el mensaje de que quizá Colombia no es relevante.
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Por ello no dejó de sorprender que Guaidó publicara en sus redes sociales que había hablado con el presidente Duque para reabrir la frontera, y que posteriormente el mandatario colombiano hiciera eco de sus palabras en los discursos en los que se ha referido al tema, cuando se sabe que ha sido la gestión de las organizaciones de la sociedad civil y los gremios los que han presionado a los gobiernos locales para ponerle fin al cierre que sume a la región en la pobreza y condena a los ciudadanos a los peligros de las trochas. ¿Será que la oposición está empujando al Gobierno colombiano para que no se logre materializar la reapertura de la frontera?
Ronal Rodríguez es investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario., y coordinador de la Bitácora Migratoria del Observatorio y la KAS.
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