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E l secuestro y asesinato de unos periodistas del diario El Comercio a manos de un grupo de las disidencias de las FARC y el atentado en San Lorenzo (provincia de Esmeraldas), cerca de la frontera con Colombia, ocurridos con tan solo dos meses de diferencia en 2018, alertaron sobre la debacle que sufriría Ecuador de ahí en adelante. Con unos índices de violencia que no bajan desde hace años, y que tan solo en 2025 cerraron con más de 9.000 asesinatos, lo que colocó la tasa de muertes violentas en su pico más alto en la historia (50,91 por cada 100.000 habitantes), el país vecino está sumido en una disputa entre grupos ilegales por la droga que se produce en territorio colombiano, que ha encontrado un terreno fértil en los errores de varios gobiernos en Quito para ser distribuida a otras partes del mundo. La acción u omisión de un lado de la frontera repercute, sí o sí, en el otro.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, aprovechó su viaje de esta semana a Washington, donde sostuvo un encuentro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, para decir ante un grupo de congresistas estadounidenses que “el narcotráfico colombiano va al sur, va por los puertos de Ecuador, donde hay unos capos (…) ¿Por qué se va para el sur? Porque nosotros hemos sido eficientes, no como para eliminar el problema completamente, pero nuestro balance indica que cada vez es más difícil para el narcotraficante sacar cocaína de Colombia, y eso se ha convertido en la migración de la hoja de coca hacia el sur”. Según dijo, “Ecuador no está preparado para esa avalancha”.
Eso es una verdad a medias, comentó al respecto Fredy Rivera, profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), especialista en geopolítica y seguridad internacional, sobre todo porque lo que existe en medio de la frontera es una cadena de valor criminal, con una fuerte especialización del trabajo y un manejo empresarial consolidado desde Colombia hacia Ecuador: “Sí, los puertos se dinamizan, la droga sale por ahí, pero no tanto por la efectividad, sino por la falta de acción en el sur colombiano”, afectado también por las consecuencias de la política de la paz total, que no consiguió evitar el fortalecimiento de los principales grupos criminales ni frenar sus planes de expansión territorial, su poder de reclutamiento, la diversificación de sus ingresos y los fuertes enfrentamientos por zonas estratégicas.
Entonces, en el fondo, es una combinación de varios factores para un problema que lleva al menos 25 años desarrollándose, y que recientemente se ha manifestado en un incremento en los cultivos, una reducción de la erradicación y un incentivo para la producción. A la par, desde Ecuador hay un Estado infiltrado por el crimen organizado y con poca capacidad de respuesta en su propio territorio, donde los puertos son el punto desde donde sale cerca del 70 % de la cocaína a Europa.
Entre agosto de 2022 y junio de 2025, el gobierno Petro incautó 2.345 toneladas de dicha droga, una cifra que superó la registrada durante el mandato de su antecesor, Iván Duque, lo que supuso un aumento del 65 %. Ahora bien, a la par, la cantidad de cocaína pura que se produjo aumentó a un ritmo mucho más rápido que la capacidad del gobierno para detenerla. Por ejemplo, si en 2022, 2023 y 2024 el potencial productivo fue de 1.738 toneladas, 2.664 toneladas y 3.001 toneladas, las incautaciones fueron apenas del 38 %, 28 % y 29 %, respectivamente. Sumado a ello, la erradicación manual experimentó un descenso desde 2020, alcanzando un límite de 20.223 toneladas hace tres años, según las cifras que recopiló La Silla Vacía a partir de los datos del Ministerio de Defensa y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). De hecho, esta agencia alertó en un reciente informe que el país concentra el 67 % de los cultivos mundiales de hoja de coca y vio un aumento del 53 % en el producto. Esos números, sin embargo, fueron desestimados por el mismo Petro. Su gobierno ha controvertido el método de monitoreo de las Naciones Unidas.
Daniel Guerra, politólogo e internacionalista, tampoco está de acuerdo con lo que expresó el mandatario colombiano en Estados Unidos: “Aunque menos que con Duque, las hectáreas sí han crecido o al menos se han mantenido, y la producción de coca se ha tecnificado. Si Colombia está incautando más es porque está produciendo más. Entonces, sí estamos mandado más droga a Ecuador y, por lo tanto, las mafias de allá se están enriqueciendo más”.
Ahora bien, este desarrollo es una corresponsabilidad: si bien el Acuerdo de Paz de 2016 rompió el monopolio territorial que tenían las FARC y luego entraron las disidencias a suplir el vacío de poder que se produjo con ello y con la tradicional ausencia del Estado en las zonas fronterizas, los problemas vienen de antes, como cuando en 2008 se llevó a cabo el bombardeo contra Raúl Reyes y la administración de Rafael Correa demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por las fumigaciones de cultivos ilícitos, un proceso que se extendió por cinco años hasta que el vecino país desistió. A la par, del otro lado de la frontera se crearon las condiciones para que la ilegalidad y el crimen organizado progresaran, como cuando las bases militares de Estados Unidos fueron expulsadas de Manta sin procurar las capacidades para suplir las funciones que ellas cumplían allí, debilitando de forma indirecta a los organismos de inteligencia y a la fuerza pública. Entonces, de lado y lado se crearon condiciones para favorecer a las redes criminales.
Todo esto empeora con el hecho de que Ecuador no tiene un plan de seguridad, y con ello no existen mecanismos para facilitar la coordinación entre ministerios ni un presupuesto asignado para las instituciones relacionadas con el crimen organizado. Mucho menos hay objetivos comunes. Eso, según Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, es un problema mayor cuando el Ejército ecuatoriano se ha visto obligado a dejar de cumplir sus funciones primordiales, como defender la soberanía nacional y ejercer control sobre las fronteras, para realizar labores de patrullaje en las ciudades con más índices de violencia. La militarización, que ha sido una de las banderas del presidente Daniel Noboa, ha provocado un descuido en la frontera, donde también se deberían estar controlando las actividades ilícitas de grupos armados extranjeros como los colombianos.
En medio de todo ello, la guerra comercial entre Colombia y Ecuador solo favorecerá a los ilegales, documentó Insight Crime. Uno de los informes de este grupo de investigación recalcó que el límite colombo-ecuatoriano es una zona de gran importancia geoestratégica para el crimen organizado, pues allí se realizan frecuentemente operaciones militares contra el narcotráfico y la minería ilegal. El deterioro en la cooperación podría favorecer al contrabando, pues los productos de cuidado personal, los bienes agroindustriales, el combustible y el café podrían subir de precio y terminar circulando de forma informal a través de la frontera. Es decir, el cierre de los pasos de frontera no detiene el intercambio comercial, y el contrabando es una actividad ilícita a la que se vinculan grupos criminales, pues muchas de las rutas no se usan solo para enviar cigarrillos o whiskey, sino también para el envío de cocaína o de marihuana.
La reunión de alto nivel que se llevó a cabo el viernes en Quito para bajar las tensiones con Bogotá fue vista con ojos de escepticismo, no solo porque ocurrió en un contexto difícil de las relaciones entre los gobiernos de Petro y Noboa, sino porque hay quienes piensan que el diálogo no se puede reducir únicamente a temas de narcotráfico y seguridad. Primero, porque una medida económica como los aranceles —que son considerados por algunos como una venia frente a Donald Trump— no va a solucionar estos asuntos que llevan años pendientes. Segundo, porque podrían existir otros rubros, como la energía, que ayudarían a generar más incentivos para que los dos países se lleven bien y construyan una relación duradera.
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