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Las denuncias de Amnistía contra el gobierno de Maduro

La ONG aseguró que ha recibido datos de por lo menos 50 casos de tortura contra manifestantes que han participado en las protestas que desde el 4 de febrero se presentan en ese país.

01 de abril de 2014 – 10:50 p. m.
Foto: AFP - FEDERICO PARRA

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 Desde que se iniciaron las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 4 de febrero, han muerto por lo menos 37 personas y más de 500 han resultado heridas. El Estado ha intentado reprimir de todas las formas posibles el descontento social sobre todo a través del accionar de la Fuerza Pública, que había incurrido en violaciones de derechos humanos.

Así lo denunció hoy Amnistía Internacional durante la presentación, en Madrid, del informe «Venezuela: Los Derechos Humanos en riesgo en medio de las protestas», en el que la organización documenta, a través de los testimonios de las víctimas, 10 casos de violaciones y abusos de los DD.HH. en el contexto de las manifestaciones y denuncia las actuaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), grupos armados pro gobierno y grupos de manifestantes opositores.

Las violaciones de derechos humanos, señala el informe, van desde el uso excesivo de la fuerza durante las protestas por parte de agentes (golpizas con puños, patadas y objetos contundentes), hasta torturas, abusos sexuales o amenazas de violación: «se han recibido denuncias de detenidos a los que se habría obligado a permanecer de rodillas o en pie durante largas horas en los centros de detención. Entre las denuncias recibidas se incluyen además casos de amenazas de muerte, incluido un caso en el que se habría rociado de gasolina a un joven».

A eso se suma que, según Amnistía, en muchos casos las detenciones realizadas por la Fuerza Pública se efectuaron sin orden de aprehensión y sin que la persona se encontrara cometiendo algún delito. Las cifras del Ministerio Público venezolano indican que hasta el 27 de marzo, 2.158 personas habían sido detenidas durante las protestas, pero la ONG denuncia que muchas de ellas se encontraban en zonas cercanas al las manifestaciones o alejándose del lugar de las protestas cuando fueron aprehendidas. «En algunas actas policiales, se habría indicado que las detenciones se llevaron a cabo porque los funcionarios presumieron que se iban a cometer los delitos, que posteriormente se les imputaron a los detenidos, y no porque estuvieran en flagrancia cometiendo el delito, como autoriza la ley».

Los detenidos, además, permanecían por largos periodos de tiempo sin acceso a abogados y sin que sus familiares pudieran visitarlos. Incluso, en algunos casos las familias no eran informadas de la detención pues las autoridades no presentaban la información oficial sobre las personas que permanecían en custodia.

El informe concluye señalando que la escalada de violencia que azota al vecino no podrá detenerse hasta que » todas las fuerzas políticas, gobierno y oposición, se comprometan a respetar los derechos humanos y el estado de derecho». En ese sentido, Amnistía hizo al gobierno venezolano una serie de recomendaciones entre las que se encuentran investigar con imparcialidad las denuncias de violaciones a derechos humanos, llevar a los perpetradores a comparecer ante la justicia y reparar a las víctimas o sus familiares según sea el caso.

Además, propuso implementar un Plan Nacional de Derechos Humanos – resultado del diálogo nacional entre opositores y oficialistas- a través del cual el Estado de Venezuela garantice «los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, determinando las responsabilidades de los diferentes actores con un cronograma, presupuesto e indicadores adecuados».


* Algunos casos reseñados por AI

DANIEL QUINTERO, estudiante de 21 años, participó en una manifestación en contra del gobierno el día 21 de febrero en Maracaibo, estado Zulia. “Lo primero que recibí fue patadas en la cara, golpes en la cara, patadas en la costilla, cachazos en la frente. Les decía que me dejaran y me insultaban: “cállate maldito, cállate, cállate hijo de puta, móntate en la moto y me seguían golpeando”, En motocicleta, lo llevaron a un vehículo blindado en el que se turnaron para golpearle, “el piloto de la tanqueta [vehículo blindado] me dio latigazos con una especie de cuero en el hombro izquierdo, unas seis veces. El copiloto daba media vuelta y me daba golpes con la escopeta en la frente (…) Un funcionario encendió su celular en forma de video y se lo pasó a un amigo y se me colocó encima a hacer movimientos sexuales obscenos, me rozaban las piernas con los rifles, así como tocándome, me dijeron ‘ay, se afeita las piernas, te van a violar en el Marite, 32 y si te violan te van a matar también’.” De ahí Daniel fue llevado a las instalaciones del Comando Regional 3 de la Guardia Nacional Bolivariana en Maracaibo, en donde el Comandante en Jefe de la sede “me dijo que me iba a quemar. Y a su lado derecho tenía un bote de gasolina, alambres y fósforo. […]. Y me dijo que me iban a quemar y que nadie iba a preguntar por mí… Me rodeó con todo el ejército, unos 150 soldados y me dio unas nueve veces mientras me dirigía la palabra en la frente con su rolo 33 y yo todavía esposado”. Después Daniel fue llevado a la sede del Grupo Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional, también en la ciudad de Maracaibo. «[me] metieron en el calabozo dónde me exigieron desvestirme y quedarme en ropa interior. En el calabozo me esposaron la mano izquierda, a nivel de mis pies a la pared, un barrote que estaba pegado en la pared. Me pusieron dos reglas: que no podía dormir, porque la guardia no duerme y me tenía que sentir como ellos y tenía que estar con los pies juntos, mano derecha tocándome los tobillos y el ombligo prácticamente pegado a los muslos. En esa posición como doblado tenía que quedarme toda la noche, sino me entraban a palazos. Entonces, cada vez que medio doblaba las rodillas me decía: “eh, párate bien” y le daban un palazo al piso, “pa!”. Estuve aproximadamente nueve horas así. En horas de la mañana ya cesaron un poco lo que es la agresión física, pero la verbal nunca cesó. Eso fue toda la noche “maldito, te van a violar, hijo de puta, no miréis pa’ acá.” Insultos, puros insultos.»

JOSÉ ALEJANDRO MÁRQUEZ , ingeniero de sistemas de 45 años que murió el 23 de febrero como resultado de los golpes que le propinaron oficiales de la Guardia Nacional, cuando fue detenido para quitarle el celular con el que estaba filmando a los oficiales que se encontraban retirando una barricada. “Lo encontramos ahí, tirado en una camilla de hospital […] Lo habían amarrado con su propia camisa,” relató su esposa. La misma noche que fue hospitalizado, los familiares de José Alejandro se enteraron de que había un video en internet donde se ve a la Guardia Nacional retirar unas bolsas de basura colocadas en forma de barricada. También se ve como persiguen a varias personas, entre ellas a José Alejandro Márquez. “En el video se ve como mi hermano cae de frente […] y mi hermano tiene una gran fractura aquí, en la parte detrás, del lado contrario (…) los guardias que lo llevaron (al hospital), lo siguieron golpeando dentro de la sala de los rayos X. Y yo se lo he dicho a todos los medios, para que se sepa de la brutalidad de lo que paso”.

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