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Lo que se sabe del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez frente a la migración es muy poco. La información disponible, dicen expertos en el tema, es la que se conoce por lo que se ha dicho en ruedas de prensa y lo que dejan ver los nombramientos que el presidente ha hecho. Nombramientos que, hay que decirlo, tardaron más de lo que se pensaba. La incertidumbre es notable: tras el primer mes de gobierno no se sabe qué pasará con la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante de la Presidencia, antes Gerencia de Fronteras, un cuerpo que estaba trabajando profundamente en la integración de migrantes.
Hace una semana exactamente, se decía que Petro había nombrado al general en retiro Jorge Maldonado, quien dirigió la Casa Militar durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, como la cabeza de Migración Colombia. El hecho de que sea alguien que proviene de las Fuerzas Armadas no dejó satisfechas a las personas conocedoras de las necesidades de la población migrante: urgía alguien que supiera del diseño de políticas públicas para la integración socioeconómica de los y las migrantes, y que les diera tranquilidad a las personas que se movilizan.
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“A mí me sorprendió el nombramiento, pues Maldonado, ya que tengo cierta reserva con las fuerzas militares porque estas no son un cuerpo especializado para manejar el tema migratorio. Estas lo ven desde su enfoque de seguridad de las fronteras y de militarización de las fronteras, pero no tienen un enfoque de derechos humanos para poder tramitar todo lo que trae la inmigración y lo que esto implica. Desde mi perspectiva, y aclaro que no conozco a la persona que nombraron y sus habilidades, tener a un militar en esa posición me genera dudas sobre su enfoque dentro de Migración Colombia. A mí sí el tema de que sean personas militares me preocupa un poco por su visión de la migración”, señaló Lina Arroyave, abogada y magíster en derecho con énfasis en investigación de la Universidad Eafit, que trabaja en el área de investigación de Dejusticia.
Arroyave tiene sus razones para haberse mostrado precavida ante el nombramiento de Petro: en la pandemia, organizaciones de derechos humanos registraron una militarización de las fronteras y de espacios en general en toda la región que les resultaba exagerada. “Eran los militares quienes decían si podían entrar o no, y pues vimos muchos casos de violación de derechos humanos acá en Colombia. En Arauca, por ejemplo, se dio el volcamiento de una lancha que venía del lado venezolano, y en la frontera en Ecuador y Perú. La respuesta de los militares a esto no fue positiva. Atendieron la situación incluso con disparos al aire. Había niños y familias que se estaban desplazando, evidentemente no era la forma de manejar el caso”, resalta Arroyave.
Sin embargo, el nombramiento se echó para atrás, como pudo confirmar El Espectador. ¿La razón? El presidente Petro decidió nombrar a alguien más. Según La Silla Vacía, Petro optaría por Fernando García, subdirector de asuntos internacionales cuando el mandatario era alcalde de Bogotá.
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Sobre el enfoque que deberá tomar Migración Colombia y el gobierno Petro, Dejusticia presentó esta semana una serie de recomendaciones que plasmó en un documento elaborado por expertos de este centro de investigación, pero también por migrantes, personas refugiadas, retornadas y otras organizaciones locales.
Lo esencial, dice Arroyave, es saber qué pasa con la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante de la Presidencia; garantizar el debido proceso en los procedimientos sancionatorios que ocurren en Migración Colombia, porque a veces esta institución se extralimita y expulsa a personas sin razón, según señala la investigadora de Dejusticia, y aplicar el Estatuto de Protección Temporal para refugiados de otras nacionalidades para que se les garanticen los derechos fundamentales en territorio colombiano. A continuación, estas son las recomendaciones de Dejusticia para el nuevo gobierno.
Estas son las recomendaciones para su nueva política migratoria
Un grupo de personas migrantes, refugiadas y retornadas en Colombia, organizaciones de la sociedad civil, academia y expertas y expertos en los derechos de las personas migrantes y refugiadas, le planteamos al gobierno de Gustavo Petro una serie de claves para la nueva política migratoria del país.
- Fortalecer el sistema de asilo y refugio colombiano, de acuerdo con los estándares internacionales e interamericanos.
- Garantizar el derecho al debido proceso en los procedimientos sancionatorios como consecuencia de infracciones migratorias.
- Revisar los actuales mecanismos y procesos de prevención y protección frente a delitos cometidos en contra de personas nacionales, migrantes y refugiadas en Colombia.
- Implementar medidas para prevenir y erradicar la apatridia de manera efectiva en el territorio colombiano, más allá de medidas de tipo coyuntural y partiendo desde el enfoque de garantía y protección de derechos.
- Establecer medidas respetuosas del uso de los datos de la población migrante y refugiada.
- Aplicar la Ley Antidiscriminación (Ley 1482 de 2011) en los casos de discriminación contra las personas migrantes y refugiadas.
- Promover programas de retorno humanitario, seguro e informado para población colombiana en situación de vulnerabilidad en el extranjero.
- Establecer, en el marco de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, un dialogo entre el Estado colombiano, las personas migrantes y refugiadas, organizaciones de la diáspora y organizaciones de la sociedad civil para analizar la viabilidad de los programas de retorno voluntario para población migrante venezolana en Colombia.
- Promover la integración socioeconómica de la población migrante y refugiada en Colombia
- Establecer rutas de regularización permanentes de fácil acceso para población migrante irregular y en situación de vulnerabilidad.
- Ampliar el plazo para el registro de las personas migrantes en situación irregular en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y ampliar su aplicación a personas migrantes y refugiadas de otras nacionalidades.
- Establecer un mecanismo que permita monitorear la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV) para garantizar el acceso a derechos de las personas migrantes y refugiadas.
- Garantizar el principio de unidad familiar para el núcleo de las personas que cuentan con un Permiso por Protección Temporal en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV).
- Poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Migraciones (SNM) y avanzar en el desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria.
- Coordinar desde el Sistema Nacional de Migraciones (SNM) la gobernanza de las migraciones en clave territorial para fortalecer la articulación de las diferentes instituciones del nivel nacional y local relevantes en la implementación de la política integral migratoria.
- Impulsar la implementación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones.
- Fortalecer la presencia integral de las instituciones estatales en las fronteras nacionales y en las rutas frecuentadas por personas migrantes, refugiadas y con necesidad de protección internacional.
- Delimitar las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia.
- Ampliar y fortalecer el mandato de la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante y mantener su supervisión en cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
- Garantizar que la política integral migratoria incorpore el enfoque de derechos humanos y los enfoques diferenciales de edad, género, etnia y discapacidad, entre otros.
- Promover una política migratoria regional con enfoque en derechos y seguridad humana para las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional.
*Nota del editor: una versión anterior de este artículo decía que Jorge Maldonado había sido nombrado como nuevo director de Migración Colombia. Esa decisión era casi un hecho, pero luego el presidente Petro cambió de parecer. Aún no es claro a quién designará para este importante cargo.
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