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En los primeros meses del año, miles de hombres se dirigen hacia el norte desde México y Centroamérica para atender los cultivos más delicados de Estados Unidos.
Viajan de noche en autobuses fletados hasta las granjas donde pasan la mayor parte del año recogiendo cosechas como arándanos y apio, productos que aún se cosechan mejor con manos humanas.
Son los trabajadores H-2A de Estados Unidos, llamados así por la visa que les concede el gobierno federal. El programa no tiene límite y está disponible para los empleadores agrícolas estacionales que no pueden encontrar trabajadores locales. Desde 2013, a medida que los trabajadores agrícolas han envejecido y la inmigración se ha desacelerado, los titulares de visas H-2A se han cuadruplicado hasta convertirse en una sexta parte de la fuerza laboral agrícola.
El programa está a punto de crecer aún más rápido. A medida que el gobierno de Trump persigue a los inmigrantes indocumentados, cada vez es más difícil encontrar trabajadores, tanto extranjeros como nacidos en el país. Y la Casa Blanca ha restringido muchas vías para la inmigración legal, como el estatus de refugiado, las visas H-1B para trabajadores cualificados y cualquier visa de inmigrante para personas de 75 países.
Pero los agricultores se opusieron y el Departamento de Agricultura respondió. El otoño pasado, bajó los salarios que deben percibir los trabajadores invitados, disminuyendo sustancialmente el costo del programa. En la primera mitad del año fiscal 2026, el Departamento de Trabajo aprobó un 17 por ciento más de visas que en el mismo periodo del año anterior.
En teoría, el programa es mutuamente beneficioso. Los agricultores obtienen una ayuda crucial durante la temporada de cultivo, y los trabajadores extranjeros ganan mucho más de lo que ganarían en su país sin tener que arriesgarse a cruzar la frontera a escondidas.
Los hijos de Amando Chávez habían estado trabajando para AgriLabor, un contratista agrícola en Oregón, y lo recomendaron para un puesto H-2A en 2023. Desde entonces ha venido todos los años. Él cultiva parte de su propia tierra en el estado mexicano de Michoacán, pero no siempre obtiene el precio que le gustaría por sus verduras.
“Vengo aquí, consigo más dinero”, dijo Chávez en un inglés vacilante mientras esperaba orientación antes de incorporarse a la cosecha de cerezas. Nunca se planteó venir ilegalmente. Aunque este año no ganará tanto debido a la reducción de los salarios, dijo que el viaje seguía valiendo la pena.
Sin embargo, la rápida expansión del programa conlleva importantes riesgos. Las visas H-2A han estado históricamente plagadas de fraudes, tráfico de mano de obra y abusos. Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, de las 2857 investigaciones que el Departamento de Trabajo llevó a cabo entre 2018 y 2023, el 84 por ciento encontró infracciones.
La industria agrícola intenta regularse a sí misma y recompensar el buen comportamiento, pero los esfuerzos dependen de la buena voluntad de los cultivadores y contratistas de mano de obra, que acaparan una parte cada vez mayor de las visas.
“Tener a los trabajadores atados a un empleador para su estatus legal, sus salarios, condiciones de trabajo, su posibilidad de regresar, crea tal diferencia de poder que realmente exacerba la vulnerabilidad al trabajo forzado”, dijo Rachel Micah-Jones, directora ejecutiva del Centro de los Derechos del Migrante, que aboga en nombre de los trabajadores migrantes.
Altos estándares, altos costos
El padre de Taylor Atkinson se introdujo en la contratación de mano de obra en 1990, suministrando trabajadores locales a la industria de la reforestación en el oeste de Oregón. A medida que se hacía más difícil encontrar mano de obra disponible en la década de 2010, juntos crearon una empresa llamada AgriLabor para traer trabajadores invitados para cultivar sandías y maíz. Ahora Atkinson contrata a alrededor de 2000 trabajadores con visas H-2A cada año para que atiendan cultivos que requieren mucha mano de obra a una hora en auto de Hermiston, Oregón.
Atkinson, quien aprendió español en un viaje misionero a Argentina, dijo que siempre quiso operar el negocio de forma ética. Su primera gran prueba fue el reclutamiento. En el programa H-2A, los reclutadores con frecuencia cobran ilegalmente miles de dólares a los trabajadores en concepto de honorarios por trabajos con cultivadores estadounidenses. En su primera temporada, anunció en Facebook un evento de reclutamiento en México. Un autobús lleno de trabajadores se presentó esperando trabajo, tras haber pagado unos 500 dólares cada uno a un estafador que robó y modificó el anuncio de Atkinson para atraerlos.
“Siempre hay gente intentando estafar a los trabajadores”, dijo Atkinson. Después de eso, él mismo se encargó del trabajo con colaboradores de confianza, organizando eventos más pequeños y promocionándose de boca en boca.
Pasó por una evolución similar con el alojamiento, que los empleadores deben proporcionar junto con el transporte. Primero alquiló habitaciones para la temporada de cultivo. Pero después de que un contrato de arrendamiento se viniera abajo en el último momento, empezó a comprar edificios de apartamentos y a equiparlos con literas, cocinas compartidas y aire acondicionado.
Ahora AgriLabor es una operación compleja. Atkinson tiene 10 máquinas de hielo industriales para suministrar agua fría y un almacén lleno de tijeras para podar, cestas de fruta, botiquines de primeros auxilios y palas. Tiene un departamento de mantenimiento de viviendas, 100 baños portátiles, 100 camionetas, 20 autobuses escolares y un taller de carrocería. Como los mecánicos diésel son difíciles de encontrar, trae a uno con un visado H-2A.
Ese nivel de servicio es costoso para los cultivadores, y pueden verse tentados por competidores de menor costo. Un antiguo empleado de Atkinson que puso en marcha su propio negocio de contratación de mano de obra fue acusado este año por el Departamento de Justicia de pagar mal a los trabajadores y exponerlos a pesticidas y al calor extremo.
Oregón y Washington han promulgado normas laborales además de las federales, que protegen a los trabajadores y añaden costos. Cuando el Departamento de Trabajo federal permitió a los empresarios cobrar a los trabajadores por el alojamiento, la norma quedó sin efecto en Washington y California, donde la deducción dejaría a los trabajadores por debajo del salario mínimo estatal. También existen normas de protección contra el calor y requisitos relacionados con las horas extraordinarias, de los que carecen la mayoría de los estados.
Para Paige Hake, se ha vuelto casi demasiado.
Ella es productora de cerezas y manzanas orgánicas en una extensa llanura fluvial del este de Washington. Su padre empezó a contratar trabajadores H-2A hace 20 años, cuando empezaron a aparecer menos trabajadores locales para la cosecha. En los días previos a la llegada de sus 72 trabajadores H-2A, Hake dejó cajas de cubiertos y platos nuevos en la vivienda que alquila a la Worker and Farmer Labor Association, una cooperativa. El complejo cuenta con jardines bien cuidados, una zona de pícnic con parrillas, una amplia cocina y comedores en cada piso.
La mano de obra representa el 80 por ciento de los gastos de Hake, y los precios de la fruta no suben al mismo ritmo. “Te aguantas porque prefieres tener empleados a no tenerlos”, dijo. Soporta las inspecciones y auditorías regulares, y teme que vengan más certificaciones: “Simplemente parece que hay mucha supervisión”.
Incentivos débiles, recompensas ausentes
Las condiciones del noroeste del Pacífico, una zona profundamente demócrata, no son universales. En los estados con normativas más laxas, hay poca presión para mejorar.
Casi un tercio de todos los trabajadores H-2A en 2025 fueron a Florida, Georgia y Carolina del Norte, estados con normas laborales mínimas y una aplicación más débil. En 2021, los campos de cebolla de Georgia fueron escenario de uno de los mayores casos de tráfico de mano de obra de la historia del Departamento de Trabajo, y la industria H-2A de Carolina del Norte está dominada por una cooperativa cuyo fundador fue a prisión por fraude en 2015.
Caitlin Ryland, abogada principal de la unidad de trabajadores agrícolas de Ayuda Legal de Carolina del Norte, dijo que las condiciones no habían mejorado mucho desde entonces. Los trabajadores H-2A son reacios a quejarse si no se les paga adecuadamente o si su vivienda no cumple las normas.
“Si tienes ese suministro interminable en el que podrías tener un nuevo grupo de trabajadores cada año, no sé cuáles serían los incentivos para proporcionar sombra cuando no se requiere legalmente, o proporcionar inodoros con cisterna en las viviendas de los inmigrantes”, dijo Ryland.
Ese es un problema que la Iniciativa por una Alimentación Equitativa (IAE) lleva intentando resolver desde 2008, cuando Costco, Oxfam —una organización sin fines de lucro contra la pobreza— y la Unión de Campesinos comenzaron a desarrollar una certificación para las granjas con buenas prácticas laborales. En 2018, un grupo más amplio de minoristas, incluido Walmart, se comprometió a proteger los derechos humanos en la cadena de suministro de productos agrícolas.
Algunos de los minoristas pagan una bonificación a los trabajadores de granjas certificadas, que asciende a 35 millones de dólares desde que comenzó el programa. La IAE afirma que sus granjas certificadas son competitivas porque sus empleados reciben mejor trato y están más motivados. Pero hay pocos incentivos comerciales para participar; solo 32 granjas estadounidenses han obtenido la certificación.
Matt Rogers creó una empresa contratista de mano de obra agrícola llamada AgSocio después de trabajar durante años como comprador para Whole Foods. La empresa es la única contratista que ha conseguido la certificación de la IAE. Pero este año, replegó la empresa a su principal inversor, un gran productor. Dijo que los compradores eran reacios a pagar una prima por sus servicios más caros.
“El mercado no suele recompensar de forma significativa las prácticas laborales de alto nivel”, dijo Rogers.
Joe Martínez, exintegrante del personal del sindicato United Farm Workers, fundó CIERTO, una organización de contratación sin fines de lucro, con el apoyo de fundaciones, incluida la de Walmart. La certificación tampoco ha ayudado a sus ventas.
“Si los minoristas no dan un paso adelante y lo reconocen y empiezan a ofrecer un mejor incentivo de precio, entonces no veo cómo esto escala y se convierte en una práctica comercial estándar”, dijo Martínez.
Atkinson ha abandonado la estrategia del sello de aprobación. AgriLabor fue uno de los primeros contratistas estadounidenses de mano de obra agrícola en conseguir una certificación internacional llamada Clearview, y dijo que le ayudó a mejorar algunos procesos, pero que no valía la pena pagar para mantenerla actualizada. Decidió no seguir el programa completo de la IAE, que le habría costado unos 50.000 dólares.
“Requiere mucho tiempo de trabajo extra que hay que compensar”, dijo Atkinson. “Se puede tomar el pulso a los problemas, pero ni los clientes, ni los distribuidores, ni las tiendas lo exigen”.
Un grupo de cultivadores y contratistas de mano de obra de la costa oeste de Estados Unidos ahora va en una dirección diferente, planeando proponer un sistema de auditoría que esperan les libere de algunas normas e inspecciones del Departamento de Trabajo.
Poder más blando
Reyna López, directora ejecutiva de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, una organización de defensa de los trabajadores agrícolas en Oregón, se ha opuesto durante mucho tiempo al programa H-2A por creer que empeora las condiciones de los trabajadores que ya están en Estados Unidos. Pero ha reconocido que su crecimiento escapa a su control. Ahora es presidenta del consejo de la IAE, con la esperanza de mejorar las condiciones de todos los trabajadores.
“Estamos intentando establecer un estándar”, dijo López.
Para atraer a más empresas productoras, la IAE les está permitiendo demostrar cierto grado de responsabilidad asistiendo a cursos de formación y realizando autoevaluaciones. Con el tiempo, la IAE planea endurecer los criterios para mantener el compromiso y añadir un canal para que los trabajadores den su opinión. Walmart afirma que el 98 por ciento de sus productos procede de cultivadores participantes.
Es un enfoque más flexible de lo que López está acostumbrada, pero a falta de una acción federal más contundente, ella piensa que vale la pena intentarlo, especialmente más allá de Oregón, un estado donde las protecciones para los trabajadores agrícolas son fuertes.
“En un lugar como Carolina del Norte, la realidad de aprobar algo así es escasa o nula”, dijo. “Se necesitan soluciones de mercado, cosas que construyan relaciones, que creen distintos tipos de incentivos”.
En Gran Bretaña, los empresarios se organizaron para depurar el sector de la contratación laboral después de que 23 trabajadores inmigrantes se ahogaran mientras recogían berberechos en 2004. Una organización sin fines de lucro paralela, Stronger Together, comenzó a organizar esfuerzos similares a escala internacional.
El año pasado, Stronger Together puso en marcha en Estados Unidos un grupo enfocado en los contratistas de mano de obra agrícola. Nikki Enersen, su directora, vio cómo el programa H-2A podía mejorar la vida de los trabajadores agrícolas mientras trabajaba para la Agencia para el Desarrollo Internacional en Estados Unidos.
“Ahora mismo no tenemos en Estados Unidos la presión de decir que el gobierno va a ir por ustedes”, dijo Enersen. “Así que la idea es que nuestros miembros fundadores ya lo están haciendo bien. Quieren ser capaces de levantar al sector en su conjunto”.
Ese proyecto, al igual que el trabajo de la IAE, está financiado por la Fundación Walmart. Quienes han pasado por estos esfuerzos en el pasado dicen que el apoyo filantrópico no es suficiente.
Hannah Freeman construyó el mercado de productos agrícolas y florales de Fair Trade USA, la organización de certificación de normas internacionales de trabajo y sostenibilidad. Dijo que las condiciones de los trabajadores agrícolas de otros países mejoraron cuando los compradores estadounidenses se dieron cuenta de que la etiqueta de Comercio Justo les importaba a los consumidores.
Ahora dirige Ganaz, una empresa que proporciona software para reclutadores H-2A.
Freeman dijo que no había visto que los esfuerzos voluntarios se tradujeran en mejores condiciones para los trabajadores del programa H-2A. “La Fundación Walmart financia estas iniciativas que son estupendas, pero sus compradores no están haciendo que sus proveedores adopten estas cosas”.
El problema está también en la estructura del estatuto H-2A, que vincula a los trabajadores a un solo empleador. Michael Clemens, un economista que estudia la inmigración, cree que permitir que los titulares de visas cambien de trabajo es la mejor forma de evitar abusos. Corea del Sur, por ejemplo, permite a los trabajadores renunciar y volver a ser contratados.
“Dar a los trabajadores la oportunidad de buscar mejores empleadores es mucho más eficaz que cualquier aparato regulador”, dijo Clemens. “Los trabajadores tienen el mayor incentivo para asegurarse de que se respetan sus derechos”.
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