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Las autoridades de Ecuador dicen que el traslado de alias Anchundia al Centro de Privación de la Libertad Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, desató una riña entre las bandas delictivas Los Lobos y un fraccionamiento de ellos, los R7, que dejó al menos 44 fallecidos el pasado lunes. Fue en cuestión de minutos que las escabrosas imágenes de la masacre empezaron a circular: una pila de cuerpos semidesnudos, algunos de ellos mutilados y sin cabeza sobre charcos de sangre en los pabellones.
Pero estas imágenes ya no sorprenden tanto a los ecuatorianos, que han visto la saña con la que pandillas y bandas criminales se enfrentan tras las rejas por el control de los centros de reclusión y el dominio del narcotráfico. Con este motín, ya son más de 400 los reclusos que han muerto en este tipo de riñas desde 2020, siendo 2021 uno de los años más sangrientos en Ecuador: las masacres en las penitenciarías de máxima seguridad cobraron la vida de 316 reos en Cuenca, Latacunga y Guayaquil, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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¿Qué está pasando en las prisiones del país? “Afirmar que el traslado de un interno originó una masacre carcelaria es una muy mala hipótesis. Una sola persona no organiza un motín penitenciario. Es preocupante que el Ministerio del Interior de Ecuador siempre encuentra culpables fuera del gobierno: bandas, carteles y ahora jueces”, escribió Jorge Núñez, visitante en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Twitter.
La lista de problemas es eterna, pero las masacres anteriores nos dan algunas pistas de lo que ocurre en las cárceles (y en el sistema penitenciario de Ecuador). En 2021, el país fue testigo de la primera gran masacre: el 23F, un polvorín que estalló simultáneamente en cuatro prisiones, dejando un saldo de 79 muertos, muchos de ellos decapitados. No había pasado un mes, y en la cárcel de Latacunga cinco guardias fueron retenidos por algunos reclusos. Y en septiembre, la Penitenciaría del Litoral, la más importante de Guayaquil, fue atacada con drones cargados con explosivos en medio de una guerra entre carteles internacionales.
“Eso nos muestra que ya hay un alarde tecnológico de altísimo costo, que dentro de las cárceles hay más recursos económicos que afuera”, sostuvo en ese momento el ecuatoriano Fernando Carrión, experto en seguridad y narcotráfico, a France24. Esos recursos a la vez son manejados por Los Choneros o Los Lagartos, las dos bandas criminales más temidas del país, que se fragmentaron en otras sangrientas pandillas: Los Tiguerones, Los Lobos, Chone Killers y Aikqa, subgrupos nacidos en las entrañas de las prisiones y que fueron protagonistas del motín en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, del 28 de septiembre del año pasado, cuando murieron 122 presos.
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Fredy Rivera, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Ecuador, comentó que este caos evidencia la completa ineficiencia del gobierno sobre la materia. “No han podido subsanar el desastre que dejó el expresidente Lenín Moreno. Al eliminar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se dejó de lado la gobernanza sobre el tema de prisiones, justicia, prevención y política pública. Fue un verdadero desastre. Y ese factor está asociado a otros más graves aun: el Estado ecuatoriano está cautivo, emboscado, por el crimen organizado internacional y sus variantes locales”, comentó el experto.
Un informe publicado por la CIDH, en marzo de este año, hace un balance similar: “Durante la visita a Ecuador, la comisión fue informada sobre actos de corrupción que impedirían el correcto funcionamiento del sistema”, se lee en el documento. Por dar algunos ejemplos nombrados por la CIDH, explican que las mismas autoridades reconocieron que la corrupción “ha facilitado el ingreso a los centros de privación de libertad de drogas, armas cortopunzantes, armas de fuego de corto y largo alcance, armas hechizas e incluso explosivos”, dice el informe.
Sobre el crimen tras las rejas, Rivera agrega que una de las ramas más importantes en la cadena delincuencial es el control de las prisiones, porque desde allí se camufla y organiza otra serie de crímenes de muy alta repercusión económica. “El narcotráfico es uno de los más importantes, pero además, en las prisiones se organizan las redes de infiltración de corrupción de la minería ilegal, que da muchísimo dinero. Y otra serie de temas como el secuestro y las redes de robos de vehículos. Es decir, las prisiones se convirtieron en un centro estratégico de conducción del delito simple y complejo”, comentó el analista.
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Datos de InSight Crime indican que más de un tercio de la cocaína colombiana pasa a través de Ecuador en su trayecto hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. “Esto ha llevado a que las pandillas del país intenten apoderarse de las rutas del narcotráfico que parten de la frontera con Colombia y se enfrenten por el control de los puntos de salida, como el puerto de Guayaquil”, se lee en un informe publicado por el centro de pensamiento en septiembre de 2021.
Sobre este tema, Fredy Rivera dice que la ubicación de las cárceles es otro factor determinante: “Lo de Guayaquil aparece como una barbaridad porque es un puerto, tres millones de habitantes, muchísima economía informal y lavado de activos; sin embargo, en Guayaquil no tienen la problemática que sí sucede en Santo Domingo de Tsáchilas o Esmeraldas, y sí, también es por las actividades de narcotráfico, pero sobre todo de minería ilegal”.
Sobre este último punto, el experto comenta que la minería ilegal puede llegar a expandirse hasta por cuatro provincias, “y eso genera un encadenamiento con las autoridades; el Ministerio de Ambiente, que se hace el ciego; el Ministerio de Energía y Minas, donde también se hacen los locos. Y cuando hablo de cadena de responsabilidad es por acción o por omisión”, agregó Rivera.
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Y la lista no se acaba. El colapso en las prisiones, la mala interpretación jurídica de la prisión preventiva y la carencia de inteligencia interna abren la puerta a que estas masacres continúen en Ecuador. ¿Qué hacer? El asunto es muy complejo, pero Núñez da un primer acercamiento en un artículo publicado en marzo de este año. “El gobierno necesita reconocer el papel del Estado en la producción de violencia extrema, para reorientar tanto su política penitenciaria como su estrategia de drogas. En este momento, una de las principales preocupaciones debería ser cómo detener el intercambio de información sobre delitos y privilegios penitenciarios entre la Policía y los reclusos”, sostuvo el experto.
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