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Como candidato presidencial, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dicho que autorizaría el uso de la fuerza letal contra las personas que crucen la frontera, trataría de poner fin a la práctica de la ciudadanía por derecho de nacimiento y usaría a las fuerzas militares para atacar a los cárteles de la droga dentro de México, un aliado clave de Estados Unidos, incluso sin el permiso de su gobierno.
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Esas posturas lo sitúan en la derecha más extrema entre los republicanos que contienden por la presidencia, muchos de los cuales están aprovechando el profundo enojo que les provoca la inmigración a los electores de las primarias del Partido Republicano.
Ahora, DeSantis, que a menudo trata de avivar la indignación con sus políticas fronterizas, presentó otra postura extrema: deportar a todos los inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera durante el gobierno de Joe Biden.
“Todos los que han venido ilegalmente durante el mandato de Biden” deben ser deportados, dijo DeSantis el 29 de septiembre en respuesta a la pregunta de un periodista en un acto de campaña en Long Beach, California. “Son quizá seis o siete millones de personas. Va a requerir mucho trabajo. Tendremos que perseverar”.
Aunque DeSantis sobrestimó en gran medida el número de personas que han entrado de manera ilegal en el país desde que Joe Biden asumió el cargo, esas deportaciones masivas requerirían enormes inversiones en el sistema de aplicación de las leyes de inmigración de la nación y podrían causar graves daños económicos a industrias estadounidenses fundamentales.
Llevar a cabo tantas deportaciones requeriría que DeSantis contratara a más agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, autorizara redadas generalizadas en comunidades de inmigrantes, ampliara significativamente el espacio de detención de inmigrantes para cumplir con las normas nacionales y aumentara de manera sustancial la flota de aviones utilizados para las deportaciones. Habría que gastar miles de millones de dólares más en reforzar los tribunales migratorios para que resuelvan los casos en cuestión de meses en lugar de años. En la actualidad, algunos inmigrantes recién llegados a Estados Unidos tienen que comparecer ante el tribunal dentro de una década debido a la gran acumulación de casos pendientes en los tribunales de inmigración.
Sin embargo, DeSantis no es el único que promete cambiar drásticamente el sistema de inmigración del país.
También el 29 de septiembre, el expresidente Donald Trump, que aventaja al gobernador de Florida por casi 40 puntos en las encuestas nacionales, prometió promulgar “la mayor operación de deportación en la historia de nuestro país” si es reelegido. Trump hablaba al mismo tiempo que DeSantis, a unos 32 kilómetros de distancia, en una convención de activistas republicanos en Anaheim, California.
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El duelo de discursos puso de relieve lo crucial que se ha convertido la seguridad fronteriza en las primarias presidenciales republicanas. En su acto de campaña, DeSantis aprovechó la oportunidad para criticar a Trump, pues afirmó que su rival no había “hecho el trabajo” en la frontera durante su primer mandato. Aunque los dos hombres están alineados en gran medida en lo que respecta a la política de inmigración, DeSantis argumenta que él sería más eficaz para adoptar una postura firme.
“Me gustaría señalar que el expresidente está haciendo campaña sobre la misma promesa que hizo en 2016 y que no cumplió”, acusó DeSantis.
Con su cifra de “seis o siete” millones, DeSantis quizá se refería a los casi seis millones de personas que han sido sorprendidas cruzando la frontera desde 2021. Eso es casi el doble del número de inmigrantes que realmente entraron ilegalmente a Estados Unidos durante la presidencia de Biden y todavía se encuentran en el país.
De esos seis millones, al menos a 1,6 millones se les ha permitido permanecer en el país temporalmente y enfrentar cargos en la corte de inmigración. Las autoridades calculan que otros 1,5 millones entraron de manera ilegal al país sin ser detenidos.
El gobierno calcula que en total viven en el país cerca de once millones de personas sin estatus legal permanente.
Las deportaciones masivas no son tan sencillas como las pintan los aspirantes republicanos.
Muchas de las personas a las que llaman inmigrantes ilegales pueden optar por un estatus legal en Estados Unidos o ya están aquí con estatus legal. Un ejemplo de estatus legal es el Estatus de Protección Temporal, el beneficio humanitario que Biden acaba de extender a casi 500.000 venezolanos que llegaron al país desde la primavera de 2021. Las personas que están en el país y son elegibles para un estatus legal tienen derecho a una audiencia ante un juez de inmigración, explicó Greg Chen, director sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
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El tiempo que llevaría expulsar a millones de personas es considerable. En el pasado, el mayor número de deportaciones ha sido de cerca de 400.000 al año. El año con la cifra más alta en la historia reciente es 2013, durante el gobierno de Obama, cuando hubo más de 432.000. Durante el gobierno de Trump, el año que más deportaciones hubo fue 2019, con más de 359.000.
“La declaración de DeSantis demuestra su absoluta falta de cualquier comprensión de las operaciones de aplicación de la ley de inmigración”, señaló Chen. “A nivel práctico, deportar a tanta gente sería imposible incluso en un solo mandato”.
Chen también señaló los graves costos económicos de deportar a muchos de los trabajadores que aceptan los empleos más peligrosos y peor pagados de Estados Unidos, sobre todo en la agricultura.
Las leyes migratorias que firmó DeSantis en Florida este año ya han provocado escasez de trabajadores en el sector agrícola, así como en la construcción y la hostelería, según declararon algunos empresarios. Además, los trabajadores indocumentados desempeñan un papel clave en la limpieza de huracanes en el estado, pero muchos han dicho que ya no se arriesgarían a viajar a Florida debido a la amenaza de deportación.
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