Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Con tan solo seis meses de gobierno, Javier Mieli logró que el Senado argentino aprobara la ley Bases, un paquete de reformas con las que el mandatario libertario pretende realizar una transformación profunda del modelo económico y social de Argentina, como prometió en campaña.
Tras once horas de debate ininterrumpido y mientras en la calle miles de manifestantes se pronunciaban en contra, ley Bases, recibió 36 sufragios en contra y 37 a favor, incluido el “voto de calidad” de la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel, quien deshizo el empate en una segunda votación.
Durante la jornada, organizaciones sociales, partidos de izquierda, jubilados, docentes y sindicatos, algunos de los cuales lanzaron una huelga contra el proyecto, se reunieron para mostrar su inconformidad con la ley. La concentración se presentó de forma pacífica desde las diez de la mañana (hora local), pero se tornó violenta con el pasar de las horas.
Al menos cinco diputados argentinos que participaron fueron hospitalizados y cerca de 40 personas recibieron atención médica en el lugar tras ser reprimidos con gases por la policía. Según detalló el diario El País, un grupo de manifestantes arrojó piedras y cocteles molotov. Los enfrentamientos acabaron con al menos 30 detenidos y dos autos incendiados por parte de los activistas.
La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (su nombre completo) es una versión reducida de la llamada “Ley ómnibus” que el gobierno de Milei presentó al Congreso a comienzos de año, tras pocos días de su investidura.
Según el documento compartido para prensa por el Senado de Argentina, hay nueve puntos destacados que resumen los 238 artículos de la ley Bases.
En primer lugar, una de claves más importantes y polémicas es que le otorga al presidente competencias extraordinarias por un año al declarar emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. Aunque Milei podrá decidir sobre estos temas sin pasar por el Congreso, el poder no será absoluto. Para lograr la aprobación de la ley, el Ejecutivo aceptó algunas limitaciones, como comprometerse a no intervenir ni disolver unos 15 organismos públicos.
Por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG); el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF); el Centro de Investigación Tecnológica de las Fuerzas Armadas (CITEFA); y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
En segundo lugar, la Ley declara como sujetas a privatización a las empresas Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE e Intercargo SAU. Y a privatización o concesión a Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOSFE) y Corredores Viales SA.
El documento enuncia que “el proceso de privatización deberá regirse por los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, publicidad y difusión”.
Será la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones la encargada de vigilar estos procedimientos.
La Ley Bases también prevé beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años, además de estabilidad normativa y protección contra los abusos del Estado, para proyectos que superen los US$200 millones de inversión, conforme al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una de las propuestas más polémicas del proyecto.
Esta estrategia busca fomentar grandes inversiones en sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país, como el de la energía, el agro, la minería (incluyendo la extracción de litio) y la infraestructura, tanto nacionales como extranjeras, a largo plazo. El gobierno de Milei dice que las constantes crisis económicas y “defaults”, o cesación de pago de deuda, han hecho que los inversores desconfíen de Argentina, por lo que, para atraerlos, se requieren incentivos especiales.
Pero los críticos afirman que les dará una ventaja importante a las grandes empresas, en particular a las multinacionales, y que perjudicará a las pequeñas y medianas empresas argentinas (pymes), que hoy generan el 70 % del empleo, según recoge la BBC.
Por otro lado, la ley quiere modernizar el régimen laboral e incentivar el crecimiento del empleo formal privado. Así, ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores. Pero, al mismo tiempo, elimina sanciones contra el trabajo “informal”, quitando las indemnizaciones especiales que hoy reciben los empleados que no están correctamente registrados.
Según el gobierno, esta flexibilización llevará a más empresas a contratar personal, ya que, en la actualidad, muchos empresarios temen tomar empleados nuevos ante la posibilidad de enfrentar un juicio laboral que puede llevar a una pyme a la quiebra.
En esta sección de reformas, también se crea una nueva figura laboral: el trabajador independiente con colaboradores, que permite a un empleador contratar hasta cinco personas bajo la categoría de “monotributistas”, que no tienen relación de dependencia, lo que, según los críticos, hará que aumente la precarización laboral.
En cuanto al sector minero, se busca modificar el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3 % al 5 % el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor del mineral extraído.
También, se añade “la exportación de hidrocarburos para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de generaciones futuras”, informó el Senado.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo como una pieza fundamental para “modernizar y dinamizar” el país sobre la base del liberalismo económico y reducir del rol del Estado en la economía, ya pasó el trámite de la Cámara de Diputados y el Senado. Dado que la iniciativa fue modificada en la Cámara Alta, volverá a la Cámara Baja, para su discusión y posterior sanción definitiva.
Opositores como el senador Mariano Recalde dicen, por ejemplo, que la reforma laboral, en particular, “vuelve al siglo pasado cuando el empleado no tenía ningún derecho laboral; no resiste el análisis constitucional y va a generar conflicto y litigiosidad”.
📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com
Conoce más