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Hay cargos que decidimos ignorar, pero que, sin darnos cuenta, ejercen un poder tan enorme que nos cuesta imaginar el impacto que pueden causar en la sociedad. Los puestos en las juntas escolares es el mejor ejemplo de ello. En Estados Unidos, los padres y las madres que conforman estas juntas han decidido librar una batalla abierta contra el Departamento de Educación y el sistema educativo para que retiren todos y cada uno de los textos que no consideran “adecuados” de las bibliotecas escolares y de los programas educativos.
Cabe decir que la fiebre por censurar libros en el país, e incluso quemarlos al mejor estilo de la novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, como ya lo pudimos ver en algunos distritos este año, no es algo nuevo en Estados Unidos. Los historiadores apuntan a que los volúmenes de The New English Canaan, de Thomas Morton, publicados en la era de las Trece Colonias, fueron los primeros textos censurados en suelo estadounidense, lo que hace que la prohibición sea casi inherente a la nación, incluso antes de su fundación. De ahí en adelante la historia nunca ha sido amable con los libros en el país.
Sin embargo, este brote de prohibiciones de libros que estamos observando es sin duda el más alarmante en décadas. El problema lo visibilizó una noticia de enero en el condado de McMinn, en Tennessee, donde la junta escolar votó por unanimidad para eliminar del programa escolar Maus, la novela gráfica ganadora del Pulitzer que retrata los horrores del Holocausto, porque contenía “desnudez y blasfemia”.
A partir de dicha prohibición el país ha estado más pendiente del debate sobre los libros en las escuelas a través de cada caso que sale a la luz. En Nashville, también en Tennessee, un pastor encabezó una quema de libros de Harry Potter y Crepúsculo para luchar contra las “influencias demoníacas” que estos textos supuestamente contenían. La fogata, transmitida en vivo, se hizo viral. La fiebre de censura se ha contagiado a un ritmo frenético.
Según la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, solo en octubre de 2021 se recibieron solicitudes para considerar prohibir 330 títulos de los programas escolares. Es una cifra alarmante, considerando que en 2020 se recibieron 156 solicitudes durante todo el año, y la cruzada ha dado señales de ponerse peor.
Nada más en Texas, el representante republicano a la Cámara Matt Krause envió una lista con títulos de 850 libros a los distritos escolares de ese estado para revisar cuántas copias se tienen de esos libros y cuánto se gasta en ellos, lo que se ha interpretado como el primer paso para cuestionar su pertinencia en los programas escolares. Pero, ¿a qué se debe este aumento tan pronunciado de los intereses por la prohibición de libros y qué tipo de títulos se quieren censurar?
La respuesta a esas dos preguntas nos la ofrece uno de los episodios que más ha marcado a Estados Unidos en esta última década: el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minnesota. Este caso representó un incremento en el interés de los estadounidenses por educarse sobre la desigualdad racial en el país. Las ventas de libros de autores afrodescendientes y de análisis sobre el racismo estructural aumentaron hasta en un 6.800 %, según Forbes, tras las protestas de junio de ese año y los medios se llenaron de recomendaciones de textos y documentales que podían ser un abrebocas para entender la crisis que atravesaba -y atraviesa- el país.
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Paralelo a ese interés por la literatura afro, el Partido Demócrata inició esfuerzos para que en las aulas se contara con mayor profundidad y honestidad la historia de la discriminación racial, para que los ciudadanos, desde jóvenes, hicieran un examen sobre este problema en el país. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esa postura.
El Partido Republicano comenzó su propia lucha para impedir esa revisión sobre la memoria histórica, argumentando que era una “propaganda que incitaba al odio y a la división”. Los estados conservadores se rebelaron contra la idea de la “teoría crítica de la raza”, la cual discute el papel del gobierno y la sociedad en la desigualdad racial. De esta manera, las aulas se volvieron un campo de batalla entre demócratas y republicanos sobre qué libros se deben leer sobre la historia negra en el país. A esta guerra se les sumaron otras batallas, como la de la educación sobre desigualdad de género y las conversaciones sobre discriminación por orientación sexual.
En Oklahoma, el Senado estatal presentó un proyecto para prohibir en las bibliotecas públicas los libros que se centren en la identidad sexual o de género, por ejemplo. Hasta acá todos los casos mencionados han sido del llamado “Cinturón bíblico de EE. UU.”, la región que conforman los estados donde el cristianismo tiene un mayor arraigo. No obstante, sería un error pensar que solo el sur del país enfrenta este problema.
“Book Ban Busters”, una campaña de madres suburbanas que conforman el grupo Red, Wine and Blue, ha ido mapeando los lugares donde se presentan solicitudes de prohibición de textos en el país. No hay un estado que se salve de las denuncias. El condado de Central York en Pensilvania prohibió una larga lista de libros que fueron escritos por autores negros. Mientras que en Utah se prohibieron libros de autores LGBT. En Wyoming, por ejemplo, el fiscal del condado de Campbell intentó presentar cargos contra los empleados de una biblioteca pública por tener libros como Este libro es gay y El sexo es una palabra divertida. La sugerencia de levantar cargos fue hecha por una pareja conservadora.
“Los libros a los que apuntan son casi en su totalidad sobre personas negras y LGBT. Si el contenido sexual fuera el problema, estarían apuntando a Shakespeare o Ernest Hemingway, la Biblia y también nos opondríamos a prohibir esos libros”, expuso Katie Paris, fundadora del grupo, a una emisora local.
Los títulos que más sugerencias de prohibición reciben son Matar a un ruiseñor, de Harper Lee; De ratones y hombres, de John Steinbeck; Sexo es una palabra divertida, de Croy Silverberg; El cuento de la criada, de Margaret Artwood; la serie de Harry Potter, de JK Rowling; El ojo más azul, de Toni Morrison, y George, de Alex Gino.
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¿Cómo es el proceso para prohibir estos libros?
Un padre cuestiona un libro del programa escolar o de la biblioteca porque considera su contenido no adecuado. El distrito escolar convoca al comité conformado por la junta de padres y otros miembros de la comunidad para revisar el texto y este decide si recomienda retirar el título. Un gran problema con ello es que algunos distritos escolares, como el de Keller en Texas, los nombres de quienes conforman las juntas se mantienen en secreto, según el Dallas Morning News, y dicho secretismo en un tema tan controvertido exime a los responsables de la censura de cuestionamientos.
“Un distrito escolar tiene razón al incluir a padres y miembros de la comunidad que pueden proporcionar comentarios sobre lo que es apropiado para la edad. Pero es un error otorgar a un grupo de voluntarios el poder consecuente de decidir qué libros se retiran de las bibliotecas de las escuelas públicas mientras se protegen de la transparencia básica del gobierno”, señala una editorial del diario.
La pregunta clave en todo esto es, ¿cómo es que estas juntas de padres adquirieron tanto poder para poner en jaque a los libros? Adam Gabatt, reportero de The Guardian, encontró que hay varias organizaciones conservadoras como No Left Turn in Education (Sin Giro a la Izquierda en la Educación), Parents Defending Education (Padres Defendiendo la Educación) Moms for Liberty (Mamás por la Libertad) que están alentando y guiando a padres y madres conservadoras para postularse a las juntas y ganar influencia allí, así luego podrían presentar solicitudes para prohibir libros y aprobarlas.
Detrás de estos grupos están las donaciones de poderosos empresarios conservadores que tienen influencia sobre políticos como Donald Trump, como es el caso del abogado Leonard Leo, quien ha financiado grupos para ejercer su influencia política en debates incluso más grandes, como los nombramientos de jueces en la Corte Suprema.
Como le dijo Deborah Caldwell-Stone, directora de la Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, a The Guardian, el problema central es que “un pequeño grupo de padres tome decisiones para toda una comunidad sobre lo que es una lectura apropiada, en función de sus propios valores morales y religiosos”. Los padres y las madres estadounidenses temen, como dice la profesora Emily Knox, autora de Prohibiciones de libros en Estados Unidos en el siglo XXI, que sus hijos no tengan los mismos valores conservadores que tienen.
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Tal miedo, como señaló en The Atlantic Marilisa Jiménez García, directora fundadora del Instituto de Estudios Críticos Raciales y Étnicos de la Universidad de Lehigh, pone en riesgo la posibilidad de un futuro más justo al “negar a los jóvenes el acceso al conocimiento del pasado”.
La población estudiantil parece tener esto claro. Ante la prohibición de un centenar de libros en el distrito de Grandbury en Texas, un estudiante le dijo al distrito que “como estudiantes, tenemos derecho a un conocimiento completo” y que querían aprender “cosas que pueden no ser las más bonitas o cómodas”.
Por ahora, las aulas continuarán siendo un auténtico campo de batalla en el que padres y madres conservadoras definen con qué país se sienten más cómodos y hacen lo posible por evitar una nación más justa. Del otro lado, grupos de madres en suburbios y padres y madres afroamericanos hacen lo posible por luchar contra la purga y mantener públicos los libros.
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