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Las interpretaciones dispares que ha suscitado el reciente fallo de La Haya en el caso de Nicaragua contra Colombia son muestra de lo complejo del caso, su desenlace y sus implicaciones. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) estudió el incumplimiento por parte de Colombia, alegado por Nicaragua, en relación con el fallo de 2012 que declaró 75.000 kilómetros cuadrados como Zona Económica Especial (ZEE) nicaragüense; básicamente, si Colombia actuó de forma indebida en lugares en donde el país centroamericano ejerce soberanía. Al respecto, el tribunal determinó que Colombia violó derechos soberanos de Nicaragua a la luz de la decisión de hace 10 años, por ejemplo, al interferir con las actividades pesqueras nicaragüenses en su propia ZEE.
Para Rodolfo Cano, profesor de la Universidad Externado, el fallo fue más favorable para Nicaragua que para Colombia, y aunque este no gana, “Nicaragua tampoco, pues la CIJ desestima argumentos de ambos países, de ahí el sabor agridulce del fallo”. En efecto, por ejemplo, por la falta de pruebas por parte de Nicaragua, la Corte desestimó las acusaciones de violación del derecho internacional por parte de Colombia a través del supuesto otorgamiento de licencias de exploración de hidrocarburos en la ZEE en cuestión. Fabián Cárdenas, profesor de la Universidad Javeriana, lo ilustra señalando que Colombia ganó solo una de seis demandas que estudiaba la CIJ; se refiere al reclamo contra Nicaragua sobre las llamadas líneas de base recta que pretendía este país.
El experto señala que esto se trata de trazar límites rectos en lugar de líneas conformes a las irregularidades naturales de las costas, algo que aplica solo en casos especiales; en pocas palabras, la Corte determinó que Nicaragua no clasifica para esto. “De haber prosperado, hubiera significado un aumento de la campaña expansionista nicaragüense. De modo que la prevalencia de los argumentos de la defensa colombiana en el asunto fue determinante para la defensa de la soberanía colombiana”, escribió Cárdenas para este diario. Sin embargo, el resto de las demandas no fueron favorables para Colombia o, como en el caso de los hidrocarburos, no prosperaron por falta de pruebas.
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Además de las violaciones a los derechos soberanos de Nicaragua, la Corte señaló que Colombia se extralimitó en la llamada “zona contigua integral”, pues sobrepasó las 12 millas náuticas que componen una zona contigua (que sucede a las 12 millas de mar territorial) y allí ejerció funciones de control que no le correspondían. Sin embargo, lo más sensible para Colombia, en opinión de los expertos, es que no se hayan dictado medidas para proteger los derechos de pesca de los raizales del archipiélago de San Andrés. De acuerdo con la Corte, no hubo suficientes evidencias para probar la presencia histórica y las prácticas tradicionales de los raizales en la zona en cuestión. Eso sí, invitó a las partes a llegar a un acuerdo bilateral al respecto.
Pese a que, según la Corte, Daniel Ortega, cuyo gobierno es calificado por Colombia como una dictadura, ha dicho que hay que defender los derechos de los raizales, el discurso del presidente de Nicaragua (quien, por cierto, celebró el fallo este jueves) “no es suficiente para decir que pueden entrar sin permiso”, explica el profesor de la Javeriana. Aunque llegar a un acuerdo bilateral en la materia parece improbable en medio de las deterioradas relaciones diplomáticas entre ambos países, para Cárdenas, Colombia debe seguir insistiendo en una salida dialogada.
Pese a las derrotas, el agente de Colombia ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, dijo al término de la lectura del fallo que Colombia está “muy satisfecha” con el resultado, no solo por la victoria en el tema de líneas base, sino porque el tribunal no dijo que Colombia haya incumplido el fallo de 2012, aunque para los expertos indirectamente se entiende que lo hizo, pues hubo violación de derechos soberanos de Nicaragua. Asimismo, Arrieta destacó que Colombia no fue sancionada por las violaciones reconocidas por La Haya, aunque sí fue advertida para cesar cualquier actividad violatoria y adecuar su zona contigua al derecho internacional.
“El Gobierno celebra también el haber “logrado” derechos de navegación, sin embargo, esto no constituye un resultado como tal, ya que el tránsito y sobrevuelo son facultades que tiene Colombia, así como cualquier otro Estado con o sin litoral sobre la ZEE de Nicaragua, según lo regula el derecho del mar”, escribió Cárdenas. “Aunque el Gobierno ha dicho que hay una política de Estado relativa a la defensa del caso, esto no es realmente cierto. Colombia no cuenta con una política jurídica exterior en estricto sentido”, agregó, en referencia a la declaración que dio Iván Duque en la madrugada del jueves desde San Andrés.
En esto coincide Cano: “Hay que tener voluntad para negociar nuevos tratados limítrofes en el Caribe con Nicaragua, Venezuela (que además es una frontera sin delimitar) y los demás países si los afecta”. Agregó que “Colombia no suscribió Convemar y está vigente la siguiente demanda de Nicaragua de las 200 millas. El estudio de dicha demanda puede demorar michos años, incluso lustros, que podrán modificar el territorio marítimo del país. Es urgente por parte del Gobierno colombiano, en cabeza de Cancillería, tener una nueva visión sobre las fronteras terrestres y marítimas del país, en donde la diplomacia cumple un papel fundamental en el tema, pero esta en Colombia, como en muchos países, no es ejercida técnica sino burocráticamente, lo que puede afectar los intereses del país”.
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