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El gobierno de Daniel Ortega quiere pescar en mar revuelto. O eso es lo que analistas y expertos en derecho internacional deducen de la decisión del gobierno de Nicaragua de crear, por medio de un decreto el 28 de enero de 2021, la llamada “Reserva de biósfera del Caribe nicaragüense”. De acuerdo con la ley, publicada en la Gaceta Oficial la semana pasada, Nicaragua alega que su “pesca es histórica y de supervivencia para los pueblos originarios y afrodescendientes”.
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Un hecho que, para académicos y expertos en derecho del mar, solo tiene un objetivo: ir en contra de los argumentos presentados por Colombia en una de las dos nuevas demandas que Nicaragua interpuso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y sobre la cual se espera un pronunciamiento este año. Analistas coinciden en que esto está relacionado directamente con los derechos de pesca en la zona, que, en este momento, están siendo manejados en Managua y que crean muchos problemas a los pescadores colombianos, principalmente los de los enclaves de Quitasueño y Serrana.
“Nicaragua declara una reserva de biósfera para mostrarse respetuoso del derecho internacional”, señala uno de los expertos consultados por El Espectador. Otro comenta que “la jugada de Nicaragua en la práctica busca vender un discurso de protección del medioambiente, cuando llevan años pescando sin respetar las vedas o discriminando a los pescadores, violando derechos de los raizales”.
El ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, le dijo a la agencia EFE que, “si tomamos en cuenta el manejo de las reservas de biósfera que ya existían en Nicaragua, donde hay negligencia, deforestación, degradación, no hay voluntad política para interceder y que este gobierno no hace una cosa sin tener amarrada otra, existen preocupaciones”. Colombia tiene en este momento cinco reservas de biósfera: el Cinturón Andino, el parque El Tuparro, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga Grande y el Seaflower; Nicaragua, por su parte, tiene dos reconocidas por la Unesco: Bosawas y la de Río San Juan.
Fabián Cárdenas, profesor de la Universidad Javeriana y experto en derecho internacional ambiental, explica que las reservas de biósfera son creadas únicamente por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y no mediante un tratado o una ley, como hizo Nicaragua. “Son iniciativas entre los gobiernos que se proponen ante un organismo de la Unesco para promover la relación entre el ser humano y el medioambiente, para protegerlo junto con la biodiversidad, cuidando el desarrollo sostenible y la economía de la población”, agrega.
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Cárdenas explica, además, que “Nicaragua se voló la regla básica del derecho internacional, que indica que ningún Estado puede basarse en su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de una regla del derecho internacional”. La Cancillería colombiana emitió un comunicado en este sentido: “Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y los logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la Unesco”.
¿Qué busca Nicaragua con esa creación de biósfera unilateral? El embajador de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Argüello, le dijo al programa En Vivo, del Canal Cuatro de Nicaragua, que “la nueva ley se inscribe en el contexto de la defensa del territorio marítimo nicaragüense iniciada en 1979, cuando la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional declaró nulo el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 con Colombia”.
Agregó, asimismo, que Colombia hizo lo mismo tras las demandas presentadas por Nicaragua en 1999, “la respuesta del país suramericano fue declarar la Reserva Seaflower, que incluía todo el territorio marítimo en disputa. Esa zona marítima estuvo en litigio con Colombia hasta que el 19 de diciembre de 2012 la CIJ falló a favor de Nicaragua, estableció la frontera marítima común y delimitó la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas”.
Argüello explicó que la reserva “está montada totalmente en territorio nicaragüense, aquí no hay ninguna zona en disputa, la sentencia (2012) es firme e inapelable”.
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Analistas colombianos dicen que, con esto, Nicaragua está buscando demostrar ante la Corte de La Haya que Colombia no está cumpliendo con lo establecido en el fallo de 2012. Y en ese sentido, el comunicado del Ministerio del pasado 16 de febrero podría darle insumos al país centroamericano al expresar que “bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluye y califica porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio”.
“El Gobierno de Colombia ha señalado una posición desde el fallo de 2012, y es que lo que estableció la Corte no se puede implementar hasta que el gobierno de Nicaragua acepte concertar un tratado para implementar lo establecido en el fallo”, explica el excanciller, exembajador y exagente de Colombia ante La Haya Julio Londoño, quien aclara: “El fallo señaló tres cosas: primero, que el Archipiélago de San Andrés y Providencia pertenece a Colombia, que era detrás de lo que iba Nicaragua; segundo, que todos los cayos, islas (incluyendo lo siete islotes del área) son de Colombia; y tercero, le asignó a Colombia unas áreas marítimas importantes en el archipiélago. Naturalmente el fallo no fue ventajoso para Colombia, pero tampoco lo fue para Nicaragua, que rechazó eso ante la CIJ y por eso nos volvió a demandar”.
La primera demanda fue interpuesta por Nicaragua el 16 de septiembre de 2013, cuando les pidió a los jueces delimitar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. En la segunda, del 26 de noviembre de 2013, Nicaragua le solicitó a la Corte Internacional de Justicia que obligara a Colombia a acatar la sentencia de 2012.
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¿Afecta la jugada nicaragüense los dos procesos que están en la Corte actualmente? De acuerdo con Londoño, “no tiene implicaciones de carácter jurídico porque no señala la soberanía o jurisdicción de un Estado, es una estrategia infantil que no tiene efecto en la jurisdicción marítima ni frente a Colombia, porque una biósfera no puede salir de una declaración unilateral”. Otros analistas dicen que sí afectará las próximas decisiones de la Corte y, por eso, es mejor estar preparados.
Por El meridiano 82
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