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Luego de su gira por Estados Unidos, el próximo gran tema en el calendario del presidente Gustavo Petro es la conferencia internacional que ha convocado para el martes entrante, 25 de abril, que contará con la presencia de 20 países en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, según lo anunciado. El mandatario indicó que el objetivo del encuentro es “promover el diálogo entre sectores de Venezuela”.
En entrevista con este diario, el canciller Álvaro Leyva, uno de los ministros que acompañaron al presidente en la reunión con Joe Biden en la Casa Blanca, reiteró que son 20 los Estados que participarán en el encuentro, que será principalmente entre cancilleres, y aclaró que ni el Gobierno venezolano ni la oposición estarán presentes en la reunión.
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El jefe diplomático explicó: “Se va a hablar sobre unas reglas del juego que llamen la atención del presidente Maduro y que sea, como lo señalaron en la conversación, ‘ponerles la cancha’ a unas elecciones que se aproximan, que deben tener lugar el año entrante”. Es decir, los 20 países asistentes plantearán soluciones.
El papel de Colombia, que bajo la nueva administración empezó rápidamente a normalizar relaciones con el país vecino, es el de “precipitador” (en palabras de Leyva) de los acercamientos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, con el fin de que la mesa de diálogo ya instalada en México se pueda reactivar.
El día que el presidente Petro emprendía viaje a Nueva York, donde inició su recorrido por Estados Unidos, el canciller Leyva hacía lo propio rumbo a Caracas, en donde habló con Maduro sobre la conferencia del 25. La reunión del sábado con la oposición se convocó, según Leyva, “porque las reglas del juego son para que las desarrollen venezolanos”.
A la salida de la reunión con Biden, Petro dijo que la conferencia había sido tema de discusión en la Casa Blanca. Horas después, Estados Unidos daba a conocer los nombres de la delegación que enviará a Colombia para el encuentro en San Carlos: Juan González, asesor principal de Joe Biden; Chris Dodd, asesor para las Américas, y Jon Finer, principal asesor adjunto de Seguridad Nacional.
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“Las declaraciones a la salida de la reunión son importantes, porque se comienzan a perfilar los verdaderos objetivos de la cumbre”, señaló Ligia Bolívar, coordinadora de la plataforma Alerta Venezuela, que monitorea los derechos humanos y la crisis institucional en ese país. Bolívar se refiere a que hasta ese momento todo lo dicho sobre la conferencia parecía difuso y hasta contradictorio.
Resaltó que Petro hablara de “elecciones con garantías, el regreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una desactivación paulatina y progresiva de las sanciones. Es decir, no es cheque en blanco ni un levantamiento inmediato ni de todas las sanciones, sino en la medida que del otro lado haya compromisos firmes con garantías para elecciones libres y justas”.
Bolívar explicó: “Hacer elecciones con garantías pasa por la necesidad de asegurar que la población venezolana en el exterior esté en capacidad de votar, para lo que tiene que permitirse que se active la actualización del registro electoral; eso es terreno de otros gobiernos de la región también con población venezolana que no está reflejada en el registro electoral, porque no se ha creado ese espacio”.
En efecto, el jueves el presidente Petro habló en términos distintos a los que usó el lunes, cuando dijo que su aspiración era una región con más democracia y cero sanciones, lo que se leyó como que el jefe de Estado le pediría a su homólogo estadounidense levantar dichas restricciones. Pero no, el mensaje final se escuchó acompasado con lo que Estados Unidos ya ha dicho en la materia.
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“La zanahoria que Estados Unidos le ha querido poner a Maduro y que se manifiesta en las declaraciones que dio Petro después de la reunión, que es la opción A, es que se hagan las elecciones y luego se levanten las sanciones, y la otra: que sea en paralelo, eso no es ninguna novedad”, dice Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, de la Universidad de Rice.
Si bien hay mucha expectativa sobre la reunión del martes, y aunque el tema fue abordado en la reunión, el asunto de Venezuela apenas ocupó un par de líneas en la declaración conjunta al final de la reunión bilateral Biden-Petro: “Expresamos nuestro compromiso compartido de apoyar y contribuir a la solución de la situación en Venezuela”.
La oposición representada en la Plataforma Unitaria, pese a que según fuentes cercanas se aproximaron con recelo a la propuesta de Colombia, dijo en un comunicado esta semana que espera que la cumbre “sirva para la inmediata reactivación del proceso de negociación en la Ciudad de México”, y agradecieron al presidente Petro por la invitación.
El gobierno de Maduro fue acaso más escueto: reconoció los “esfuerzos” de Gustavo Petro, pero de inmediato fue enfático en que “solo se podrá avanzar en el diálogo político entre venezolanos una vez que se hayan anulado todas las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a nuestro país”, violatorias, según el comunicado, de las normas y los principios internacionales.
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Vale la pena recordar que, desde noviembre pasado, cuando se relanzó la mesa en México, en el marco del acuerdo alcanzado, se anunció la liberación de casi US$3.000 millones de fondos del Gobierno congelados en el exterior a causa de las sanciones, con el fin de que sean invertidos en proyectos humanitarios en Venezuela.
Nicolás Maduro ha reclamado, sin embargo, que dicho acuerdo no se ha cumplido y que los dineros no han sido desbloqueados. Además de los posibles problemas prácticos que implicaría el manejo de esa plata, advertidos por fuentes cercanas al asunto, también es claro que Estados Unidos espera más en cuanto a señales de libertad para los presos políticos y, en general, de democracia.
Pero ¿tiene Maduro incentivos para hacer eso? Según Monaldi, no son demasiados “porque lo que le piden son temas que incrementan los riesgos de que pueda mantener su control sobre el poder, que es el único objetivo que tiene Maduro: la permanencia en el poder por encima de todas las cosas, como ya lo ha demostrado”.
El experto, considerado una de las voces más influyentes a escala global en el sector de los hidrocarburos, considera que “Maduro calculó mal pensando que Estados Unidos iba a flexibilizar más las sanciones a cambio de nada a causa de la guerra en Ucrania y la presión para lograr que Venezuela incrementara su producción”.
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Agrega que, aunque es posible que dicha presión regrese si los precios del crudo suben, “Estados Unidos se ha mantenido firme en que no va a dar concesiones adicionales en materia de sanciones sin que Maduro cumpla con su parte”. La más reciente flexibilización ocurrió justo en noviembre, cuando Chevron pudo volver a operar en Venezuela después de la reactivación de la mesa en México.
Entre los incentivos para Maduro que señala Monaldi está, por supuesto, la necesidad de ingresos para poder invertir en el incremento de la producción de petróleo en el país, estancada en los 800.000 barriles diarios. “Para Maduro sí sería atractivo que se flexibilice, para recuperar la industria, pero si para eso requiere poner en riesgo el poder, ha demostrado que no le interesa”.
Señala, además, que ante el riesgo de que los republicanos ganen las elecciones de Estados Unidos en 2024, para las que Donald Trump ya anunció su aspiración a la reelección y Biden se prepara a anunciar lo mismo, Nicolás Maduro podría considerar que la flexibilización no sería realmente duradera.
Por cierto, se dice que en la reunión Biden-Petro, el colombiano le dijo a su homólogo que tenía la misión de ganarle a Donald Trump, ante lo cual el mandatario demócrata (católico y de origen irlandés) se echó la bendición.
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Consultado por este diario sobre los incentivos que podría tener el Gobierno venezolano en que, después de varios intentos de negociación fallidos, este sí llegue a buen puerto, el presidente Petro dijo: “Hay una madurez, como sucedió también en Colombia en términos de la guerra: muchos sectores de la sociedad maduraron de manera que vieron la importancia de la paz; igual allá hay una maduración que hace ver que es mejor un camino democrático, donde, aún si se pierde una elección, no haya temor”.
Sobre lo mismo, el canciller Leyva aseveró que “las reglas de juego” serán el incentivo para que esta vez el intento sea exitoso: que haya “claridad y garantías para todas las partes por igual. Hay que conversar y que donde se encuentre una dificultad se vea cómo se resuelve”.
Y agregó: “No entro a calificar nada. Unos hablan de sanciones, de que debe haber más, otros que debe haber menos. Buscamos un juego democrático que requiere que las garantías sean iguales para las partes que competirán en un certamen electoral”. Resaltó que son condiciones, por lo demás, ya consagradas en la Constitución venezolana.
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