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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, reiteró categóricamente este miércoles que las destituciones por el Parlamento de jueces y del fiscal general son “irreversibles”, rechazando el llamado a restituirlos en sus puestos que hizo el enviado especial de Washington, Ricardo Zúñiga, en visita a San Salvador. “Para las voces que aún piden que volvamos al pasado. Con mucho respeto y cariño: los cambios que estamos realizando son IRREVERSIBLES”, aseguró Bukele en Twitter.
Apenas se instaló el 1 de mayo, la Asamblea Legislativa, dominada por los aliados de Bukele, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, Raúl Melara, lo que provocó una condena internacional y en sectores de la oposición que denunciaron un atentado contra la separación de poderes.
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“Para nosotros tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, pensamos que lo correcto, lo mejor, sería volver a una situación apegada a la Constitución”, aseguró Zúniga, durante una entrevista a la Telecorporación Salvadoreña de Televisión (TCS) en el último día de una visita de tres días a El Salvador. “Nuestro punto de vista es que la decisión del 1º de mayo no fue apegada a la ley, ni a la Constitución, ni al procedimiento legal de la Constitución en el caso de los magistrados ni del Fiscal General”, destacó.
“A nuestro criterio lo mejor sería restaurar la situación que había al 30 de abril”, aseguró Zúniga, que habló en español. El enviado especial de Joe Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica sostuvo que Washington continuará hablando con el gobierno salvadoreño y con los “socios y aliados” en la comunidad internacional para “buscar una manera de volver al marco constitucional”.
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Pero Bukele fue claro: “No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones”.
Diferencias con Bukele
Bukele, un millennial de 39 años que asumió el poder en 2019, ha capitalizado el descontento ciudadano contra los partidos tradicionales que gobernaron el país desde el fin de la guerra civil en 1992. Sus decisiones son ampliamente celebradas en redes sociales, mientras que en las calles las manifestaciones en contra son minoritarias.
Apoyado con una mayoría en el Parlamento (su partido Nuevas Ideas y su aliado Gana abarcan ambos 61 de los 84 escaños), el mandatario también eliminó los beneficios tributarios de los que gozaban desde 1950 los diarios, en su mayoría críticos del poder.
El mandatario, que dice estar “limpiando la casa”, ha defendido las destituciones de jueces y del fiscal señalando que no son de “incumbencia” de la comunidad internacional. Los magistrados son señalados por sus aliados por adoptar decisiones “arbitrarias” que bloquearon varias medidas presidenciales para atender la pandemia, y Melara por tener vínculos con un partido opositor.
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Estados Unidos había expresado su “grave preocupación” al día siguiente de las destituciones de jueces. En El Salvador desde el lunes para una visita centrada en la gobernanza democrática e inmigración, Zuñiga se reunió con el directorio de la Asamblea Legislativa y con Bukele evocando en ambos casos “una reunión muy cordial” pero remarcando que “hay diferencias”.
“Apreciamos bastante el tono abierto, el tono cordial, fue un intercambio de opiniones importantes, pero también tenemos esta diferencia [sobre las destituciones de funcionarios], tenemos que seguir trabajando”, subrayó.
El martes, 12 organizaciones de la sociedad civil pidieron en una carta abierta a Zúniga que interceda para restaurar el orden constitucional en El Salvador impulsando “una agenda mínima de solución (a la crisis política)”.
China, la preocupación
El enviado de Estados Unidos también dejó clara la preocupación de Washington sobre el papel de China en Centroamérica, que según analistas locales busca acercarse a un gobierno salvadoreño enfrentado a una deuda externa que ronda el 90% del PIB y que cubre con préstamos buena parte del presupuesto anual.
“Nosotros sí estaríamos preocupados de que existiese en Centroamérica una presencia importante de China”, dijo Zúñiga, evocando una “competencia entre la democracia y los poderes autoritarios en el mundo”. Según el funcionario, Estados Unidos “representa un mundo en el cual los salvadoreños pueden prosperar”, mientras que China “es una opción autoritaria más cerrada y más dirigida por el Estado en vez de la población”.
“Claro que siempre estamos preocupados cuando hay posibilidad de una expansión de esa visión de China”. Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador, y en su territorio viven 2,5 de los tres millones de salvadoreños que residen en el exterior y el envío de sus remeses representa el 22% del PIB del país.
El polémico préstamo para el plan de seguridad
El Congreso de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó y ratificó este martes préstamos por 730 millones de dólares, entre estos 109 millones para financiar la tercera fase del plan de seguridad gubernamental que enfrentó a la pasada legislatura y al Ejecutivo. Los préstamos fueron votados sin mayor discusión en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y en el pleno del órgano Legislativo.
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Entre estos préstamos se encuentra uno de 109 millones de dólares por el que el presidente Nayib Bukele presionó en febrero de 2020, según reconoció él, con la entrada a la Asamblea Legislativa de militares y policías armados con fusiles de asalto.
El dinero fue otorgado en octubre del 2019 por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero debió ser avalado con los votos de al menos 56 diputados, la mayoría cualificada, lo que no sucedió. El préstamo fue aprobado a menos de un mes de que la nueva Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, tomará posesión.
Los otros préstamos aprobados corresponden a 250 millones de dólares que serán para completar el presupuesto estatal, 91 millones para el componente social de los planes de seguridad, 109 millones para la “modernización” de la Policía y Ejército, y 200 millones para desarrollo económico local. Además, 45 millones estarán destinados para la “resiliencia climática” de los productores de café, 15 millones para la respuesta a la pandemia de la covid-19 y 20 millones de dólares para micro y pequeñas empresas.
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