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Seguridad y economía. En Ecuador hay un consenso respecto a que esos son los dos principales desafíos que el Gobierno de Daniel Noboa enfrentará durante los próximos cuatro años. Aunque con normalidad se desarrolló la jornada electoral en la que el presidente fue reelegido en segunda vuelta, el estado de excepción declarado en la víspera es uno de los síntomas del complejo y violento panorama que atraviesa el país vecino.
Con casi 12 puntos de ventaja sobre la correísta Luisa González, con la que se disputaba la segunda vuelta, el actual mandatario de Ecuador gobernará para el periodo 2025-2029, en medio de la peor crisis de seguridad que haya vivido el país andino.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), con más del 90 % de los votos contados, Noboa reunía cerca del 56 % de los votos válidos, mientras González obtenía el 44 %.
González, visiblemente molesta, se dirigió en la noche del domingo a sus seguidores para informar que no reconocería el resultado y que pedirá un reconteo.
“Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad”, dijo la correísta, que denunció “abusos de poder” por parte de Noboa, que, ejerciendo como presidente, no pidió licencia para hacer campaña. Además, cuestionó que se decretara el estado de excepción, según ella, probablemente para fraguar un “fraude electoral”.
Así, queda en evidencia que la polarización política es, sin duda, uno de los grandes retos para la estabilidad en el país.
La jornada electoral
Más de 13 millones de ecuatorianos estuvieron llamados a las urnas el Domingo de Ramos, mientras derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como la libertad de reunión, estaban suspendidos.
Asimismo, estuvo en vigor la prohibición de usar los teléfonos celulares durante el ejercicio del voto, que en Ecuador es obligatorio para las personas entre 18 y 65 años.
No votar acarrea una multa de US$47, mientras que el uso de los móviles se consideró una falta grave, sancionada con US$9.870 o hasta US$32.900.
Seguridad
El nuevo cuatrienio presidencial se iniciará en medio de un incremento en el promedio de homicidios diarios en un país que hace años solía ser reconocido por su tranquilidad y calidad de vida. Dicho paisaje ha dado un vuelco por la penetración del narcotráfico, que ha aprovechado la ubicación e infraestructura estratégicas del Ecuador para desarrollar los negocios ilícitos.
Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, destaca que mientras en 2023 —el año más violento en la historia del país andino— la media de homicidios intencionales era de 22 diarios (lo que resultó en una tasa de 44 homicidios por cada 100.000 habitantes), 2025 lleva la cuenta en 26 homicidios de este tipo al día. “La pregunta, entonces, es cómo se reducirán los homicidios intencionales”, resalta el experto.
Según él, no hay una única respuesta policial y militar, sino que esta debe ser multinivel. Por un lado, es necesario “fomentar una mayor institucionalización de las funciones de seguridad, porque el Ministerio del Interior ha pasado por un proceso de recuperación, y ese proceso ha afectado la formulación de políticas públicas, particularmente de seguridad”.
Vale la pena recordar que Guillermo Lasso, cuyo mandato presidencial iba hasta 2025 (período que completó Daniel Noboa, tras una victoria en las urnas, luego de que Lasso se vio obligado a renunciar), revivió esa cartera tras dividirla del Ministerio de Gobierno.
Asimismo, Rivera señala la necesidad de crear políticas penitenciarias que atajen el problema del hacinamiento carcelario en un contexto de conflicto armado (lo que enardece la violencia dentro de las prisiones), así como de reintegración social, entre otras.
En medio de esto, la violencia sigue siendo una preocupación de primer orden para los ciudadanos, “y la estrategia de seguridad implementada por el presidente Noboa no ha logrado revertir esta tendencia. La percepción de inseguridad continúa aumentando entre los ecuatorianos”, comenta Manuela Jiménez, analista asociada de la firma Control Risks.
Economía
“El país enfrenta un déficit fiscal alarmante y, en 2024, su economía sufrió una contracción aproximada del 2,5 %, golpeada por la escasez de energía, el incremento de la violencia y la persistente incertidumbre política”, añade Jiménez.
Ambos analistas señalan la falta de inversión como un problema por superar y que es causado en buena parte por la falta de seguridad física y jurídica. “La tasa de interés referencial activa alcanzó el 11,7 % en septiembre de 2024; 2,2 puntos porcentuales más que en septiembre 2023, y la inversión pública y la privada continúan en niveles bajos. En este punto, Ecuador ha agotado prácticamente todas sus opciones de financiamiento y no tiene más margen para seguir endeudándose”, apunta Jiménez.
Rivera, por su parte, explica que, aunque la baja inflación podría leerse como algo positivo, es en realidad una consecuencia de la dolarización del país, y, al tiempo, da cuenta “de que la economía ecuatoriana no está en capacidad de consumir nuevos productos”. En su opinión, el debate que se ha dado entre las distintas orillas políticas sobre mantener la dolarización o terminarla es algo “superficial”, pero no se abordan problemas estructurales como la informalidad laboral, los bajos niveles de consumo y, por tanto, el tímido crecimiento económico que ha puesto al Ecuador como el país con peor desempeño en América del Sur.
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